Manuel Aragón: “No se debe descargar exclusivamente en las espaldas de los jueces la defensa del Estado de Derecho”

El magistrado emérito del TC advierte que la justicia está para velar por el cumplimiento de la Constitución, pero no para solucionar las disfunciones del sistema político

Sede de la Audiencia Nacional.

Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, asegura que la judicialización de la vida pública en España constituye un “uso desviado de la Justicia” y “está causando problemas muy preocupantes para nuestro Estado constitucional democrático de Derecho”. A su juicio, el poder público siempre está obligado a acudir a los tribunales ante la conducta ilícita de otro poder público, pero “lo que no debe hacer es descargar exclusivamente en las espaldas de los jueces la defensa del Estado constitucional democrático sin adoptar al mismo tiempo, e incluso antes, las medidas políticas que también tiene a su alcance para conjurar, e incluso remediar, ese peligro”.

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional ha hecho estas afirmaciones en el inicio del ciclo de conferencias titulado “La judicialización de la vida pública en España”, que organiza la Fundación Ankaria y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Está previsto que el ciclo se prolongue hasta la primera decena de noviembre con la participación de eminentes juristas.

Para Manuel Aragón, “la justicia está para velar por el sistema legal, lo que implica hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, pero no para solucionar las disfunciones que pudieran existir en el sistema político. Esta tarea corresponde a los políticos a través de la modificación de prácticas inadecuadas o incluso a través de propuestas de reformas normativas”.

Como ejemplo también de judicialización de la vida pública citó situaciones tan en boga como que los particulares, y también los partidos políticos, acudan a los tribunales para que ellos solventen asuntos políticos sin conexión inmediata con sus propios derechos o intereses legítimos. “Un caso de este tipo de comportamientos lo vemos con el uso desviado de la acción popular en materia penal, e incluso cuando los partidos intentan solicitar por vía jurisdiccional el cumplimiento de los compromisos electorales”. O los casos de activismo judicial, mediante los cuales los jueces sustituyen al legislador e incluso al ejecutivo. “Afortunadamente, esta corriente jurisprudencial no ha prosperado entre nosotros, a diferencia de lo que ocurre en algunos países iberoamericanos, pero podría suceder si los jueces ceden a la tentación de hacer justicia material sin límite formal alguno”, advierte.

Hay que evitar la apariencia de politización

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional remarcó la necesidad de evitar en España la “apariencia” de politización de la Justicia por el grave perjuicio que crea a la institución. Se refirió en concreto al modo de composición y designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y defendió la reforma de esos sistemas de designación, “porque los ciudadanos necesitan tener confianza en la justicia, sentirse seguros de que los jueces resolverán conforme a Derecho y sin ninguna apariencia de parcialidad”. Y continuó: “No basta con designar como jueces a juristas auténticamente solventes; es preciso, además, que su designación no esté mediada, directa o indirectamente, por motivos ideológicos o partidistas”. El actual sistema no tiene por qué producir una auténtica politización, pues los designados no pierden en absoluto su independencia, como lo muestra la realidad, pero sí que se puede transmitir socialmente una perniciosa “apariencia” politización.

Manuel Aragón también se mostró muy crítico con la actuación de los jueces fuera de la judicatura, cuando deciden pasar del ejercicio del poder judicial a la ocupación de cargos públicos y después retornan a la Justicia. En estos casos “para evitar que se produzca esa apariencia de imparcialidad, no es suficiente establecer períodos de “descomprensión” antes de la reincorporación a la vida judicial. “Mi propuesta es más radical: el juez que se dedique a la política debe abandonar para siempre la carrera judicial”, dijo.

También se mostró partidario de que los jueces sólo hablen mediante providencias, autos y sentencias, y no expresen públicamente sus opiniones políticas o inclinaciones partidistas. “Un juez tiene, en mi opinión, limitada su libertad de expresión por exigencias de la función que desempeña, y ese límite no me parece de ningún modo inconstitucional”.

El fenómeno de la corrupción política y económica

El ex magistrado del Alto Tribunal considera que “no es respetable ni normal que la información y la opinión que transmiten los medios de comunicación sobre procesos penales relacionados con la corrupción convierta a esos procesos en un verdadero espectáculo público, donde el honor de los encausados, que además pueden resultar al final inocentes, y su presunción de inocencia quedan destruidos”.

Por esta razón urgió la necesidad de acometer reformas legales que garanticen mejor que ahora la preservación de la presunción de inocencia y del secreto sumarial, lo que, a su juicio, nunca podría considerarse como un límite inconstitucional al derecho de libre información.

Exceso de incriminación

Otro de los males que aquejan a nuestro sistema político y judicial es, a su juicio, la recurrente práctica de los legisladores a acudir al Código Penal como única vía para sancionar de manera eficaz las infracciones del Derecho. “De esta manera, se han llevado al Código hechos que debieran de haber quedado en el campo de las infracciones administrativas o civiles, dado que no suponen un auténtico peligro para la sociedad y que tienen otras vías distintas de la penal para ser sancionados”. En relación con este aspecto, recomendó una reforma del Código Penal para que retroceda en este camino, “pues las incriminaciones que contiene pecan tanto por defecto, en algunos casos, como por exceso, en otros”.