Las gestoras piden reactivar las aportaciones a planes de pensiones de funcionarios
El fondo de promoción pública siguen en dique seco, mientras los planes de los funcionarios llevan congelados desde 2011
El actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, creó cuando era ministro de Seguridad Social y Función Pública dos importantes figuras para reactivar el ahorro a través de planes de pensiones con aportaciones de las empresas. En concreto, se definieron los nuevos planes de pensiones simplificados para autónomos, que ya acumulan casi 250 millones de euros, y los fondos de promoción pública. Aunque esta última estructura se denominara en ocasiones “el macro fondo de pensiones”, en realidad ha quedado en el dique seco. Para que empiece a funcionar, desde las gestoras de fondos se ha pedido al Gobierno que estos vehículos pasen a gestionarse con la nueva figura de los fondos de promoción pública y que el Ejecutivo reactive las aportaciones.
Fue a finales de 2011, en plena crisis de deuda de la zona euro, cuando el Ejecutivo (entonces presidido por Mariano Rajoy) optó por dejar de aportar dinero a las pensiones privadas de los funcionarios, una partida que se había salvado del recorte salarial de 2010 (éste, de José Luis Rodríguez Zapatero). De hecho, el decreto de prórroga presupuestaria prohibía a las administraciones realizar este tipo de aportaciones, que en todo caso eran limitadas, de apenas el 0,3% de la masa salarial. Actualmente en el plan de la Administración General del Estado hay medio millón de partícipes y 580 millones de euros acumulados. La Generalitat de Cataluña promovió un plan en su día que aún tiene 360.000 partícipes.
José González, que preside la comisión de planes de pensiones de Inverco —la patronal sectorial— y es director de previsión colectiva de Santander Asset Management, cree que el primer paso para que pudieran empezar a funcionar los fondos de promoción pública “es que se sumen los planes promovidos ya por Administraciones Públicas y, en concreto, por entidades locales, pero nos dicen que no hay Presupuestos y que no pueden hacerlo”, explica durante un evento de Inverco.
La gran diferencia entre los planes de pensiones de promoción pública y de promoción privada es que en los primeros hay una serie de funciones de la comisión de control que asumen funcionarios del Ministerio de Seguridad Social. González recuerda que en esta figura “aunque la promoción es pública, la gestión es puramente privada”. Para ponerlos en marcha, el Gobierno lanzó hace dos años un concurso público para ver qué entidades querrían administrar estos fondos. CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja y Caser fueron quienes se llevaron esta licitación, con el compromiso de llegar cada una de ellas a los 500 millones de euros bajo gestión al cabo de tres años.
Desde Inverco se recuerda que las gestoras han cumplido con todos los trámites para crear los 15 fondos (cinco por cada una de las firmas), en los que podrían invertir los colectivos interesados. El problema es la figura, por el momento, que no interesa nadie. González asegura que “si un sector o un colectivo quisiera meter dinero en uno de los fondos de promoción pública, lo podría hacer en 48 horas, pero es que por ahora no se detecta interés”.
El Ejecutivo ha querido fomentar el ahorro complementario para la jubilación, en el marco de la negociación colectiva. Y también, restringir los planes de pensiones puramente individuales, a los que se les puso un límite de aportación a anual de 1.500 euros, frente a los 8.500 euros en los planes de empleo. Esta medida ha hecho que se reduzca drásticamente la entrada de dinero a estos últimos, que no ha sido compensado con un aumento de entradas en planes colectivos.
La directora general de Inverco, Elisa Ricón, recuerda que los planes del Gobierno contemplaban que el número de partícipes en planes de pensiones pasara de 2 millones a 13 millones en cinco años “pero, de momento, solo se ha cumplido menos del 6% del objetivo”. El único aspecto en el que ha habido un importante avance es en los planes de pensiones sectoriales. Así, el sector de la construcción firmó un acuerdo para hacer aportaciones a todos los empleados, que ha llevado a que crezcan en 622.000 los partícipes y ya cuenta con 142 millones de euros.
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