El ‘macrofondo’ de las pensiones de Escrivá sigue en el dique seco seis meses después
CaixaBank, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser tienen el compromiso de llegar a 2.500 millones en tres años
Una de las medidas estrella de la reforma de las pensiones privadas que promovió el ministro José Luis Escrivá aún está en el dique seco. El Gobierno quería fomentar el ahorro para la jubilación por medio de los planes de empleo, en los que es la empresa quien hace aportaciones a un fondo en beneficio de sus trabajadores. Para ello, se redujo el límite de aportaciones en los planes individuales, y se crearon dos nuevas figuras: los planes pensiones de empleo simplificados (pensados para autónomos) y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
Estos últimos captaron la atención de muchos titulares de prensa. Se los englobó bajo el paraguas del macrofondo de Escrivá, aunque realmente se trata de 15 fondos de pensiones distintos, tres por cada una de las cinco gestoras que pasaron el concurso (VidaCaixa -filial de seguros y pensiones de CaixaBank-; Santander, BBVA, Ibercaja y Caser). Su principal característica es que no tienen una comisión de control convencional -integrada por representantes de los trabajadores y de la empresa- sino que tienen una comisión de control común, de 13 miembros, de los que cinco son elegidos por el Ministerio de Seguridad Social, cuatro por organizaciones sindicales y cuatro por la patronal.
Durante el segundo semestre de 2023 se fueron cumpliendo todos los trámites. La aprobación de la reforma del reglamento correspondiente, el concurso para la elección de las gestoras, la designación de los 13 miembros de la comisión de control especial, el registro de los 15 fondos... Para finales de año, todo estaba listo. Los bancos y aseguradoras tenían que empezar a captar clientes y dinero. Su compromiso es levantar, cada uno, 500 millones de euros en tres años. Desde el 1 de enero, en teoría, podían empezar a captar aportaciones, pero lo cierto es que aún no ha entrado ni un euro.
Preguntadas las diferentes gestoras encargadas de promover estos planes de promoción pública, todas reconocen que no detectan ningún interés entre el público. Una de las supuestas ventajas de este formato es el de las comisiones, que no supera el 0,4% anual, frente al 1% en los planes individuales. Pero comparadas con las comisiones de los planes de empleo tradicionales (el de Endesa, la Generalitat de Cataluña o el de Nestlé) no hay diferencias reseñables.
El declive del ahorro para la jubilación
Los planes de pensiones llevan varios años de capa caída. El que tendría que ser el segudno y el tercer pilar del ahorro para la jubilación, para completar el primer pilar (las pensiones públicas), cada vez tiene menos tirón. La principal causa es la decisión del Gobierno de topar en 1.500 euros las aportaciones anuales en los planes individuales. El formato individual era el más utilizado y sigue siendo el que acumula un mayor volumen de patrimonio, con 88.000 millones de euros. Pero desde que se redujo el importe, cada año hay más retiradas de dinero -de la gente que se jubila- que nuevas aportaciones.
Si el patrimonio total no ha caído en los planes individuales ha sido porque lo que ya hay acumulado se revaloriza con los mercados financieros. El año pasado, por ejemplo, la diferencia entre el dinero que sale y el que entra fue de más de casi 1.000 millones de euros.
En el caso de los planes de pensiones de empleo, el tope de aportación anual es de 8.500 euros. El problema es que en todos los planes vinculados a las Administraciones Públicas se cortaron las aportaciones en la última crisis económica, y nunca se ha vuelto a abrir. Además, tampoco se crean muchos planes de empleo empresariales. Y en los más antiguos, empieza a haber más jubilados que nuevos aportantes. ¿Conclusión? Que también sale más dinero del que entra. En 2023, hubo retiradas netas por cerca de 300 millones de euros. En este tipo de planes hay acumulados 38.000 millones de euros.
El Gobierno quiere revertir esta situación con la expansión del ahorro colectivo en las negociaciones de convenios sectoriales, y con la generalización de los planes entre autónomos, pero ninguna de las fórmulas termina de arrancar. Ni mucho menos de compensar el declive de las fórmulas tradicionales de ahorro para la jubilación.
“Al final, la empresa que se está planteando crear un plan de pensiones para su plantilla no tiene muchos incentivos para hacerlo con este formato del plan de promoción pública”, explica el director general de una de las cinco gestoras que participan. Los sindicatos y la dirección de una compañía prefieren estar en la comisión de control de su propio plan, para tener capacidad de decisión sobre la política de inversión, la orientación en cuanto a sostenibilidad o la elección de la gestora.
Los grandes bancos participantes sí que han creado ya grupos de trabajo, para que las redes comerciales tengan conocimiento de la nueva figura legal y se la vendan a las empresas con las que trabajen. Pero el interés es mínimo. Máxime cuando hay un contexto de inflación que hace que en las mesas de negociación colectiva primen las subidas de sueldos, y no tanto el ahorro para la jubilación.
Otra de las posibilidades es que la figura se encajase dentro de los grandes convenios colectivos. Pero tampoco parece que vaya a ser el caso. UGT y Comisiones Obreras cerraron un acuerdo con la patronal de las empresas constructoras para ir haciendo aportaciones de un 1% de salario a un nuevo plan de pensiones. La mesa sectorial escogió a VidaCaixa para que administrara el fondo, y se optó por la figura de los planes de pensiones simplificados, con la Confederación Nacional de la Construcción como entidad promotora.
En la industria del metal, el sector de los grandes almacenes o el de las agencias de viajes, también se quieren promover estos planes de pensiones sectoriales, que alcanzarían a más de dos millones de trabajadores, pero parece que se va optar por planes simplificados en lugar de los nuevos planes colectivos.
Estos planes de empleo simplificados también se están utilizando para dar acceso a la previsión social complementaria a los autónomos. Con la nueva regulación, en los planes individuales solo se pueden meter 1.500 euros al año, y deducirlos de la base imponible del IRPF, mientras que en los colectivos se puede llegar a 5.750 euros. Ya hay una veintena de planes pensados para autónomos (de Mapfre, Santander, BBVA, Indexa Capital, Cobas...) que han levantado en unos meses 100 millones de euros. Mientras tanto, los planes de promoción pública, el megafondo de Escrivá aún siguen esperando las primeras aportaciones, y cada vez se ve más inalcanzable que llegue a captar los 2.500 millones de euros.
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