La Ley de Redes Digitales, ¿una revolución a medias para las telecomunicaciones europeas?
Bruselas propone crear un mercado único de telecomunicaciones con una armonización de las reglas y sistemas de autorización comunitarios para la conectividad y el espectro satelital. Algunas patronales, sin embargo, argumentan que se está creando más burocracia con trámites e instituciones innecesarios
En la carrera por la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, la competitividad de las compañías europeas no solo está limitada por la fuga de talento y la dependencia de las importaciones, sino también por la falta de inversión en infraestructura avanzada y las barreras nacionales. En este contexto, la Comisión Europea ha propuesto la Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act o DNA, por sus siglas en inglés), un proyecto que apunta a modernizar, simplificar y armonizar la normativa de la UE sobre redes de conectividad. Sin embargo, si bien su objetivo es fomentar la renovación de las redes móviles 5G y de fibra óptica, algunas patronales argumentan que podría incrementar la complejidad y aumentar la burocracia.
“Hoy la UE cuenta con líderes en despliegue de fibra óptica y cobertura 5G, y con operadores y fabricantes muy avanzados. Sin embargo, esa fortaleza no se traduce en un mercado europeo realmente integrado, ni en un ritmo de inversión y adopción comparable al de otras grandes regiones del mundo. La conectividad existe, pero no es homogénea, ni suficientemente eficiente o rentable para sostener el siguiente salto tecnológico. Opera como 27 mercados distintos, con regulaciones, licencias y exigencias administrativas diferentes. Esto penaliza la inversión, ralentiza el despliegue de redes avanzadas y dificulta que empresas europeas puedan escalar soluciones de forma natural”, explica Antonio García Romero, CEO de Teldat, a CincoDías.
El experto resalta que la Ley de Redes Digitales también introduce un cambio de enfoque importante, y es que deja de tratar la conectividad como un servicio básico regulado casi exclusivamente desde la óptica del precio, y empieza a tratarla como lo que ya es: una infraestructura estratégica, comparable a la energía o el transporte. “Hay que adaptar las reglas y actualizarlas al actual contexto tecnológico, que ha sufrido un cambio evidente”, apuntala García Romero.
Reducir la brecha
La normativa, que próximamente se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación, pretende crear un verdadero mercado único europeo de las telecomunicaciones mediante la armonización de las normas y la facilitación de las actividades transfronterizas con la creación de un “sistema de autorización de pasaporte único” y una autorización de espectro satelital a nivel de la UE. El objetivo es maximizar la eficacia para “incentivar a los operadores a expandirse, crecer e innovar”, según señala la Comisión Europea.
Específicamente, la Digital Networks Act plantea facilitar que las empresas presten servicios en toda la Unión sin tener que registrarse en cada país e incentiva la creación de servicios paneuropeos estableciendo un marco de autorización comunitario.
“Un marco regulatorio más armonizado a nivel europeo podría, en principio, facilitar la inversión del sector privado al reducir la incertidumbre y disminuir la complejidad de operar en múltiples jurisdicciones. La armonización podría aportar reglas más claras sobre el acceso, los modelos de coinversión y el uso compartido de infraestructuras, elementos esenciales para asegurar compromisos de capital a largo plazo”, afirman los analistas de Infranity, una gestora que forma parte de Generali Investments y que ha invertido más de 5.200 millones de euros en infraestructura digital.
Con todo, la DNA pretende subsanar el desequilibrio que se ha generado entre la UE y sus rivales en materia de conectividad. “Se ha avanzado mucho en fibra y 5G, pero Europa llega a 2026 por detrás de sus propios objetivos y de regiones como EE UU o Asia”, indica Antonio Castelo, analista de iBroker. Dicho esto, el experto resalta que la situación es muy desigual entre los Estados miembros. Países como España o los nórdicos van bastante adelantados, mientras otros arrastran brechas importantes fuera de los centros urbanos.
Como dato, la última cifra disponible de Eurostat revela que en 2024 el 94% de los hogares de la UE tenía acceso a internet en casa, aunque la media caía al 92% en los espacios rurales. Los porcentajes más altos de hogares con internet se registraron en Países Bajos y Luxemburgo (ambos con un 99%), seguidos de Finlandia, Dinamarca y España (todos con un 97%). En contraste, los porcentajes más bajos de hogares con acceso a internet se registraron en Grecia (87%), Croacia (88%) y Lituania (90%), según Eurostat.
“La UE trabaja para alcanzar los objetivos de la Década Digital para 2030, incluyendo la conectividad: para 2030, todos los hogares y empresas de la UE deberían disponer de redes avanzadas, como fibra óptica o 6G. Los análisis de la Comisión y los informes Draghi y Letta señalan la necesidad de invertir 200.000 millones de euros para garantizar una cobertura completa de gigabits en toda la UE y una cobertura 5G autónoma en todas las zonas pobladas. El informe de la Década Digital 2025 señala la necesidad de acelerar las acciones, incluyendo el aumento de las inversiones, para alcanzar los objetivos”, responde una portavoz de la Comisión Europea a CincoDías.
En esta coyuntura, los expertos concuerdan en que en Europa no falta tecnología, sino movilizar la inversión para desbloquear la infraestructura necesaria para alcanzar las metas comunitarias. “El problema no es tanto definir nuevos objetivos como cerrar la brecha de inversión para cumplir los que ya existen. Se estima que faltan del orden de 150.000 a 180.000 millones de euros hasta 2030, en un sector con márgenes ajustados, mucha competencia y mercados muy fragmentados”, comenta Castelo.
“Frente a Estados Unidos, Corea del Sur o China, Europa invierte menos por habitante y, sobre todo, obtiene menos retorno estratégico de esa inversión. No porque falte tecnología, sino porque el mercado europeo no permite escalar ni rentabilizar las redes con la misma eficiencia. Esto limita la capacidad de reinversión continua que exige una infraestructura crítica”, dice García Romero.
Críticas
A pesar de esto, las patronales del sector están divididas ante la propuesta. Un informe reciente de JP Morgan resalta que organizaciones como GSMA y Connect Europe sostienen que la propuesta carece de ambición y hace poco más que acoger con satisfacción la liberalización del espectro, sin lograr reducir de forma significativa la carga regulatoria ni impulsar la competitividad.
“Una prioridad clave para la Comisión durante los últimos 12 meses ha sido la simplificación, pero ahora nos enfrentamos a la perspectiva de normas aún más específicas para cada sector, organismos administrativos y obligaciones de información adicionales, y al mantenimiento de elementos innecesarios, redundantes o duplicados, como la protección del consumidor y normas derivadas de una directiva de privacidad electrónica en gran medida obsoleta”, acusan desde GSMA.
Por su parte, Connect Europe califica el borrador como una continuación del statu quo y asevera que añade regulación y genera incertidumbre para los inversores en materia de normas de acceso abierto eficaces. “En general, nuestro análisis inicial muestra que los más de 200 artículos del borrador de la propuesta de transición aumentan la burocracia y generan duplicaciones en áreas como la privacidad y la protección del usuario, lo que perjudica la competitividad del sector sin ningún beneficio significativo para el consumidor”, denuncian desde Connect Europe.
Desde JP Morgan, también recuerdan que las operadoras habían reclamado pagos de una “contribución” justa por parte de las grandes plataformas digitales. Sin embargo, GSMA afirma que el proceso de conciliación liderado por el regulador sobre las tarifas de red se queda corto y deja a los operadores en desventaja frente a los gigantes globales de internet. En respuesta, la patronal de proveedores de internet CCIA defiende que esta conciliación supone regulación innecesaria que podría generar nuevas fricciones.
Sin embargo, otros analistas defienden que la armonización suele tener consecuencias positivas. “No cabe duda de que el marco regulatorio desempeña un papel decisivo a la hora de definir la dinámica de inversión y las estrategias de despliegue en infraestructuras digitales. El mejor ejemplo probablemente sea Francia, donde invertimos desde una fase temprana para apoyar el despliegue de FTTH [fibra de uso doméstico] en zonas menos densas. Este modelo, que estableció reglas claras para evitar duplicaciones innecesarias, permitió a los operadores desplegar fibra de forma eficiente y garantizar una amplia cobertura nacional”, indican los especialistas de Infranity.
Desde la gestora vinculada a Generali, enfatizan que este modelo contrasta con países como Alemania o Italia, donde marcos más fragmentados o menos prescriptivos han derivado en un despliegue más lento o en una sobreconstrucción significativa en áreas urbanas y rurales, generando ineficiencias para los operadores privados.
“Garantizar una infraestructura digital resiliente respaldará la autonomía estratégica de la UE. La Ley de Redes Digitales mejora la seguridad y la resiliencia de la red al limitar las dependencias en el ecosistema de conectividad y promover la cooperación a nivel de la UE. La propuesta introduce un plan de preparación a nivel de la UE para abordar los crecientes riesgos de crisis, incluidos los desastres naturales y las interferencias extranjeras en las redes”, señala una portavoz de la Unión Europea.
Oportunidades
A pesar de las críticas, los expertos consultados concuerdan en que la Digital Networks Act abre un mar de oportunidades para el sector privado, sobre todo en materia de inversión en las compañías ya existentes dentro de la UE pero también por la posible expansión de estas mismas dentro del espacio comunitario. Si bien existe mucho potencial en países como Croacia o Grecia, donde todavía hace falta mejorar la cobertura, también hay oportunidades en la actualización de la vieja infraestructura en países como Alemania.
Para García Romero, uno de los segmentos más relevantes es la infraestructura asociada a 5G avanzado y redes privadas, que va más allá de la cobertura general para centrarse en redes diseñadas para industria, logística, energía, transporte, defensa o servicios públicos. “Estos proyectos son especialmente atractivos porque están ligados a clientes empresariales o institucionales con necesidades críticas de disponibilidad, seguridad y control, lo que se traduce en contratos estables y menor volatilidad. Además, tecnologías como el network slicing, que permite crear segmentos virtuales de red adaptados a diferentes aplicaciones 5G, están habilitando modelos de negocio avanzados para servicios diferenciados y personalizados en sectores como manufactura o medios profesionales”, pondera García Romero.
Los analistas de Infranity también ven oportunidades de mercado, pero en el ámbito de las torres de telecomunicaciones, que densificarán su red en la perspectiva del 6G; y también para centros de datos, especialmente instalaciones edge, que muy probablemente desempeñarán un papel fundamental para apoyar el despliegue de aplicaciones de baja latencia y contenido de IA y satisfacer las aspiraciones de soberanía. “Esta es, entre otras cosas, la razón por la que invertimos en Etix, una de las principales plataformas edge en Francia, con más de 15 sitios”, apuntan desde la gestora.
¿Qué ámbitos concretos aborda la nueva normativa?
Cobre. La Ley de Redes Digitales introduce planes nacionales de transición obligatorios para garantizar la eliminación gradual de las redes de cobre y la transición a redes avanzadas entre 2030 y 2035. Los Estados miembros deben presentar sus planes nacionales en 2029.
Inversión. Asimismo, se pretende simplificar procesos y buscar activamente la inversión. La DNA modernizará el marco regulatorio, reduciendo la carga administrativa y las obligaciones de información, para que las empresas centren recursos en la inversión y la innovación. También permite una mayor flexibilidad en las relaciones entre compañías.
Conectividad. En cuanto a la conectividad, se quiere aumentar la seguridad y la resiliencia de la red al limitar las dependencias en el ecosistema (por ejemplo, en cuanto a importaciones) y promover la cooperación a nivel comunitario. La propuesta introduce un plan de preparación a nivel de la UE para “abordar los crecientes riesgos de crisis, incluidos los desastres naturales y las interferencias externas en las redes”.
Autonomía. La conectividad digital es ya infraestructura crítica, y por eso también se busca blindar a la UE frente a la dependencia externa. “No puede depender de soluciones opacas, de cadenas de suministro no controladas o de decisiones puramente cortoplacistas. Europa necesita redes seguras, auditables y cercanas, y proveedores tecnológicos europeos que entiendan los requisitos regulatorios, operativos y de soberanía digital del continente”, explica el CEO de Teldat.
Coherencia. La norma también busca “aumentar la coherencia regulatoria” en la autorización de espectro, otorgando a los operadores licencias más extensas y permitiendo que sean renovables por defecto. Por otro lado, apunta a garantizar el uso de todo el espectro disponible, haciendo más común el uso compartido entre operadores, e introduciendo un “mecanismo de cooperación voluntaria” entre los proveedores de conectividad, los proveedores de aplicaciones de contenido y de la nube.
Gobernanza. La DNA transformará el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) en un organismo de la UE, el Organismo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPB). El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (Orece) asumirá nuevas funciones, como la elaboración de directrices sobre las condiciones generales de autorización en el marco del procedimiento de pasaporte único, directrices sobre medidas técnicas y jurídicas que puedan proteger eficazmente a los usuarios finales contra actividades fraudulentas.