Bazuca comercial: el arma secreta de la UE contra la coerción económica
El Instrumento Anticoerción de la Unión Europea permite al bloque aplicar medidas en materia de importación y exportación de bienes y servicios, inversión extranjera directa, derechos de propiedad intelectual y acceso al mercado. Su implementación, sin embargo, puede causar daño colateral y supone un proceso que tardaría meses
A grandes males, grandes remedios. Este parece ser el espíritu del Instrumento Anticoerción (ACI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, un arma secreta cuya mención ha hecho temblar al Gobierno estadounidense después de que Donald Trump reafirmara sus intenciones de anexar Groenlandia. El mecanismo, defendido recientemente por líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, es una bazuca diseñada para aniquilar al rival en el ámbito comercial. De hecho, el instrumento incluso habilita la aplicación de medidas que puedan suponer el “incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables”. Sin embargo, su alcance real y su efectividad siguen siendo una incógnita, y algunos expertos incluso creen que podría ser un arma de doble filo.
“El ACI es una herramienta jurídica diseñada para disuadir y contrarrestar la coacción económica, por ejemplo, en situaciones en las que un país no miembro ejerce presión sobre la toma de decisiones de la UE aplicando medidas que afectan al comercio o a la inversión. Ofrece una amplia gama de medidas posibles, entre las que se incluyen restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios, la inversión extranjera directa, los derechos de propiedad intelectual y el acceso al mercado de la UE”, explica a CincoDías Eiko Sievert, director de calificaciones del sector público y soberano de Scope Ratings
Arma defensiva
La Comisión Europea presentó el ACI en 2021, tras una serie de incidentes comerciales con Pekín y Washington. En concreto, fue una respuesta a los gravámenes de Trump durante su primer mandato y al bloqueo comercial chino contra Lituania, miembro de la UE, por sus vínculos con Taiwán; pero también obedecía a las preocupaciones por la dependencia energética del gas ruso en ese momento. Dicho esto, Sievert recuerda que, hasta la fecha, nunca se ha utilizado y que su activación sigue siendo incierta, debido al temor a restricciones comerciales recíprocas por parte de Estados Unidos.
Según los expertos y la misma CE, existen varios factores desencadenantes potenciales para activar el ACI, entre ellos, la introducción de restricciones a la importación o la imposición de controles fronterizos o de seguridad selectivos y discriminatorios a las mercancías exportadas desde los Estados miembros de la UE.
Posteriormente, la activación del ACI llevaría tiempo, ya que requiere una evaluación inicial por parte de la Comisión Europea, seguida de la aprobación del Consejo Europeo por mayoría cualificada, según dice el experto de Scope. “Su aplicación podría ser gradual, puesto que su objetivo principal es detener las acciones coercitivas en lugar de agravar las tensiones. Para reducir el posible efecto contraproducente, el ACI puede activarse en primer lugar para centrarse únicamente en las mercancías en lugar de en los servicios. El instrumento permite cierto margen para modular la respuesta y puede ampliarse en cuanto a su alcance y severidad si es necesario”, sostiene Sievert.
Coyuntura turbulenta
El contexto geopolítico actual ha hecho que la Unión Europea tenga el ACI más presente que nunca. Si bien esta herramienta fue pensada inicialmente para la defensa comercial, las intenciones del Gobierno estadounidense de anexar Groenlandia han ampliado su campo de acción al ámbito de la defensa territorial. En tanto el presidente estadounidense ha intentado forzar una “venta” de la isla chantajeando a los Veintisiete con posibles aranceles adicionales; el mecanismo surge como un vehículo para plantear una respuesta enfocada en sectores estratégicos.
A este respecto, algunos expertos consideran que el instrumento abre nuevas posibilidades para los socios comunitarios. “La activación del ACI otorgaría a la Comisión Europea mayor poder para responder a las amenazas estadounidenses. Incluso la simple activación del instrumento indicaría que la UE está unida para responder a una amenaza a la integridad territorial de uno de sus miembros y a los valores fundamentales en los que se basa el orden internacional. Por el contrario, no invocar el ACI mostraría que la UE nunca podrá dar una respuesta unida a la coerción o que aplicará un doble rasero en función de la identidad del coaccionador”, pondera en un análisis reciente Ignacio García Bercero, investigador de Bruegel.
Sobre el posible alcance económico de la bazuca comercial, no existe una cifra definida todavía, sobre todo teniendo en cuenta que está contemplado que las represalias incluso puedan superar los estándares mínimos de la OMC en la categoría de “nación más favorecida”. Actualmente, la Unión solo aplica este régimen a Rusia y a otros territorios con débiles controles de blanqueo de capitales, como Samoa, Fiyi o Trinidad y Tobago.
La Comisión Europea rechaza “especular” sobre esta materia. No obstante, cuando Trump aplicó la primera ronda de aranceles en 2025, Bruselas propuso gravámenes en respuesta por un monto de 93.000 millones. Con esta cifra en mente, se puede anticipar que las represalias del instrumento serían superiores. Cabe recordar que los mencionados aranceles a EE UU entrarán en vigencia el 7 de febrero si no se ratifica el acuerdo comercial firmado con la Administración Trump, un procedimiento que está en entredicho debido a la actual coyuntura.
Más allá de esto, el impacto que esta arma comercial podría tener si se elige sancionar a la banca, los seguros y los fondos de inversión es incalculable. En particular, el daño podría amplificarse si se asocia con tendencias recientes como sell America (vender América), una iniciativa propuesta por los fondos daneses y suecos que pide vender activos estadounidenses como represalia.
¿Limitaciones?
Desde la Comisión Europea resaltan que el “abanico de posibles medidas” se ha diseñado para ser amplio, con el fin de permitir la selección y el diseño de una respuesta eficaz y eficiente a cada caso individual de coerción económica con un impacto mínimo o nulo en la economía de la UE. “Es fundamental que las medidas de respuesta de la UE solo estén disponibles como último recurso y sujetas a una serie de condiciones, pero pueden implementarse con rapidez si surge la necesidad. Deben ser proporcionales al daño que combaten y deben ser específicas y temporales. Es decir, aplicarse solo mientras persista la infracción”, subraya una publicación oficial de la Comisión Europea.
En esta línea, el rango de acción de esta herramienta sigue siendo complejo de predecir. A pesar de que, en teoría, las medidas podrían llegar a ser drásticas, tanto los expertos como la misma Comisión reconocen que una respuesta desproporcionada contra un aliado clave podría ser perjudicial. “En general, es probable que unas sanciones más severas provoquen una presión al alza sobre la inflación. El impacto depende en gran medida de los productos y servicios a los que se apliquen, y del grado en que los importadores estadounidenses repercutan estos costes a sus clientes. Estudios recientes indican que la gran mayoría de los costes asociados al aumento de los aranceles del año pasado están siendo asumidos por los importadores estadounidenses”, evalúa el experto de Scope.
Así, estas ataduras pueden implicar que el catálogo de posibilidades se vea reducido a medidas menos contundentes y, por tanto, menos disuasivas. En el caso de EE UU, por ejemplo, la histórica y profunda relación política y comercial puede suponer un problema. “La UE dispone de herramientas poderosas limitadas, ya que sigue dependiendo de Estados Unidos en materia de energía, defensa, mercados de capitales y tecnología. Si las tensiones se intensificaran y afectaran de manera significativa a las economías de la UE, la Comisión Europea podría proponer medidas para reducir las dependencias actuales [energía, defensa], aliviar las restricciones fiscales [para aquellos Estados miembros con margen fiscal], apoyar las inversiones a nivel de la UE, incluso mediante la emisión de deuda de la Unión, flexibilizar las normas sobre ayudas estatales y reforzar las alianzas y los mercados alternativos”, comenta Sievert a este diario.
De forma similar, André Wolf, economista del Centro de Política Europea, argumenta en una publicación reciente que centrarse únicamente en el reglamento anticoerción no es suficiente. “El reglamento establece requisitos restrictivos para el uso de medidas de respuesta. Estas deben ser proporcionales al nivel de daño económico causado por la coerción a los Estados miembros afectados. Asimismo, deben procurar minimizar cualquier daño colateral a la economía de la UE y sus objetivos políticos. Dados los fuertes vínculos económicos transatlánticos, ambos criterios podrían impedir el uso del instrumento más allá de la imposición de contraaranceles”, indica Wolf.
El experto también menciona el proceso burocrático que la aplicación del instrumento puede suponer, que puede tardar hasta cuatro meses. “La activación del instrumento requiere un proceso de varias etapas de recopilación de información y consulta con el tercer país sancionado antes de aplicar las medidas de respuesta. Esto coloca a la UE en clara desventaja frente a la Administración Trump en cuanto a la rapidez de acción”, dice.
Voluntad política
A pesar de las limitaciones mencionadas, algunos líderes europeos parecen listos para quitarse los guantes contra Trump. Además de las palabras en Davos del presidente francés, Emmanuel Macron, otros políticos han pedido que se comience a redactar una propuesta de aplicación del instrumento para ser utilizada si las amenazas de Washington persisten. No obstante, mandatarios como la italiana Georgia Meloni consideran que la mejora reciente de la situación está relacionada con la pasividad europea y su apertura a negociar, por lo que elevar la tensión sería contraproducente.
“La guerra de agresión de Rusia, el debilitamiento del orden internacional basado en normas, el cuestionamiento de alianzas fundamentales: los desafíos geopolíticos que enfrenta Europa a veces parecen abrumadores. Pero la UE saldrá de esto más fuerte, más resiliente y más soberana. Nuestra respuesta debe tener tres componentes: una Europa de principios, una Europa de protección y una Europa de prosperidad”, señaló Antonio Costa, actual presidente del Consejo de Europa, durante la reciente cumbre extraordinaria para evaluar la respuesta europea a las amenazas de Trump. A pesar de que decidieron no iniciar el proceso de activación del instrumento en esa ocasión, tanto Costa como la presidenta de la Comisión Europea recalcaron que el bloque cuenta con las herramientas para defenderse de la coerción. “Estábamos bien preparados con contramedidas comerciales e instrumentos no arancelarios si se hubieran aplicado aranceles”, expresó Von der Leyen.
La presunta negociación de un acuerdo sobre Groenlandia (aparentemente impulsado por el jefe de la OTAN, Mark Rutte) y la negativa de Trump a insistir en una invasión estadounidense han calmado las aguas diplomáticas, pero muchos analistas y políticos consideran que ya no hay vuelta atrás. “El hecho de que las opciones militares estén descartadas no debería tranquilizar a las capitales europeas; es simplemente una salida estrecha y temporal que solo agudiza la lección. El poder se ejerce mediante la influencia económica, no con tanques, y en ese ámbito la asimetría sigue favoreciendo a Washington. Groenlandia demostró que la coerción estadounidense puede aplicarse, modularse y retirarse a voluntad, dejando a la UE reaccionando al ritmo de Trump en lugar de marcar el ritmo”, alerta Grégoire Roos director de los programas de Europa, Rusia y Eurasia de Chatham House.
Incluso en este escenario, Von der Leyen y Costa han corroborado que, por el momento, la postura de la UE seguirá siendo desescalar los conflictos con Washington e intentar lograr la autonomía europea preservando la relación intercontinental. “La Unión Europea y Estados Unidos son socios y aliados desde hace mucho tiempo. Hemos construido una comunidad transatlántica forjada por la historia, cimentada en valores comunes y dedicada a la prosperidad y la seguridad de nuestros pueblos. Creemos que las relaciones entre socios y aliados deben gestionarse de forma cordial y respetuosa”, declaró Costa.
¿Qué sectores podrían ser el objetivo del ACI?
Aranceles. El instrumento contempla la aplicación de nuevos gravámenes en aduana. Esto incluye la reintroducción de derechos de aduana al nivel de la “nación más favorecida” o incluso la aplicación de derechos de aduana por encima del nivel de este estándar. Asimismo, se abre la posibilidad a cualquier “carga adicional” sobre la importación o exportación de mercancías.
Restricciones. También se pueden aplicar restricciones al comercio, importación o exportación de mercancías. Esto incluye el control de exportaciones mediante contingentes, licencias de importación o exportación u otras medidas. Igualmente, se prevé la introducción o el aumento de restricciones al pago de mercancías.
Licitaciones. Se contempla además la exclusión de bienes, servicios o proveedores de bienes o servicios del tercer país de que se trate de la contratación pública. También la exclusión de la contratación pública de ofertas cuyo valor total esté compuesto en más de un 50% por bienes o servicios originarios del tercer país. Además, se podría imponer un ajuste de puntuación a las ofertas de bienes o servicios o a las ofertas de proveedores de bienes o servicios del tercer país.
Servicios e IED. Otro ámbito afectado puede ser el de los servicios y la inversión extranjera directa. Ambos campos pueden ser afectado” por medidas sin importar si esto supone, cuando proceda, el incumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables en relación con el comercio de servicios u otras obligaciones internacionales aplicables.
Autoría. Las sanciones también pueden estar enfocadas en la propiedad intelectual o en su explotación comercial, así como en los titulares de derechos que sean nacionales del tercer país en cuestión.
Sector financiero. Las entidades financieras también pueden recibir restricciones a las actividades bancarias, de seguros, de acceso a los mercados de capitales de la Unión y a otros servicios financieros.
Permisos. Se puede retirar a las empresas la posibilidad de comercializar en el mercado de la Unión mercancías como sustancias químicas, productos sanitarios o fitosanitarios del país sancionado.