Declarar sí, pero no a tipos marginales ridículamente altos
Hacienda hace bien en estudiar si los perceptores del SMI deben tributar, aunque sea un mínimo; pero debe corregir el IRPF para que no sufran un castigo fiscal injusto
El Gobierno de coalición ultima la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. Desde 2018, ha subido un 54%. Durante ese mismo periodo, el coste de la vida se ha encarecido un 19%. Precisamente, la Organización Internacional del Trabajo ha asegurado que España es uno de los países ricos con menos desigualdad salarial por esas subidas del SMI.
El Ejecutivo ya ha puesto en marcha la liturgia para definir la subida de este año. El Ministerio de Trabajo ha encargado a un grupo de expertos que calculen el incremento para equipararlo con el 60% del salario medio, como aconseja el Comité Europeo de Derechos Sociales, con el objetivo de “de lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas”. Los académicos han concluido que para cumplir con ese requisito el SMI debe subir o 39 euros (hasta 1.173 euros al mes en 14 pagas) o 50 euros (1.184 euros). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado favorable a la segunda opción para situar el SMI en 16.576 euros al año.
La aprobación de esta mejora en los últimos años ha estado precedida por un tira y afloja entre los ministerios de Economía y Trabajo. En esta ocasión, además, Hacienda ha añadido tensión a la negociación al defender que los perceptores del SMI empiecen a tributar. La cuestión aún no está resuelta, pero la mayoría de los expertos defienden que todos los ocupados deben tributar, aunque sea un mínimo. Consideran que es positivo para reforzar la conciencia fiscal de la sociedad, por justicia tributaria y para hacer más eficiente el sistema. El grupo de expertos de Trabajo también sugiere en su informe presentado esta semana que se deben empezar a aplicar retenciones en el IRPF para determinar el salario mínimo neto de impuestos y cotizaciones.
Trabajo y los sindicatos recuerdan que en los últimos siete años se ha retocado el IRPF para evitar que la subida del SMI obligue a los perceptores a tributar. Y defienden que, si se cambia el criterio, el alza salarial debería ser mayor. Hay más: el IRPF tiene una anomalía en su diseño por la que el tipo marginal se eleva hasta el 43% en los tramos más bajos en determinadas circunstancias. Esto obligaría a que los ciudadanos afectados tengan que pagar al fisco el 43% de la subida de este año. Hacienda tiene razón en su argumento de que los perceptores deben empezar a tributar, pero debe corregir la distorsión técnica del impuesto para evitar que el tipo marginal del IRPF grave ridículamente las mejoras retributivas para los más precarios.
