El decano del ICAM envía una propuesta al Congreso para que se regule el tránsito de mutualistas al RETA
El colegio insta a que se garantice el derecho a la pensión mínima de los abogados afectados
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado esta mañana ante el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid sendos escritos dirigidos a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en los que les ha solicitado su apoyo para aprobar una proposición no de ley para la mejora de las condiciones de jubilación de los profesionales de la abogacía.
La iniciativa surge en el contexto de las reivindicaciones que iniciaron este año unos cinco mil abogados organizados en la plataforma del Movimiento J2. Los letrados piden una compleja reforma legal para no tener que cobrar pensiones de 300 euros tras una vida entera cotizando en el sistema de la Mutualidad. La solución, señalan, pasa por crear una pasarela y permitir que aquellos profesionales que lo deseen puedan pasar sus ahorros al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Desde el año 2005 (en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, del 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados) la Mutualidad de la Abogacía es un sistema de cuenta individualizada, no de caja común, por lo que las pensiones dependen de las aportaciones de cada mutualista.
En este sentido, la carta enviada destaca la "notoria inquietud de una parte significativa de profesionales de la abogacía hondamente preocupados por las percepciones de jubilación que recibirán tras años dedicados al ejercicio de la profesión y entregados a garantizar derechos constitucionales como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva".
El ICAM insta al Gobierno a regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía que lo soliciten, con atención específica a casos determinados, para que se reconozca la antigüedad de estos años a efectos de la Seguridad Social. Además pide garantizar el derecho a la pensión mínima de los mutualistas pasivos.
En segundo lugar, la propuesta pide a los parlamentarios fijar un tratamiento fiscal adecuado a la hora recuperar el ahorro aportado durante sus años de actividad profesional. Por último, también se pide una regulación que mejore las prestaciones de los profesionales jubilados parcialmente.
“El compromiso de esta Junta de Gobierno es claro: defender los derechos y los intereses de todos sus colegiados. Existe una notoria inquietud de una parte significativa de profesionales de la abogacía hondamente preocupados por las percepciones de jubilación que recibirán tras años dedicados al ejercicio de la profesión y entregados a garantizar derechos constitucionales como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Por ello, hoy hemos solicitado el apoyo de todos los grupos parlamentarios tanto del Congreso como de la Asamblea de Madrid para aprobar esta proposición no de ley instando a poner en marcha las reformas necesarias”, ha explicado el decano Ribón.
La proposición no de ley planteada por el ICAM recoge las peticiones que el decano ya trasladó el pasado 12 junio a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y a los responsables de Hacienda de todos los partidos políticos (dada la disolución de las Cortes en aquel momento) ante el riesgo de precarización de la abogacía jubilada. El decano ha trasladado a los grupos su disponibilidad para comparecer en sede parlamentaria o “celebrar los encuentros que sean necesarios para exponer la necesidad y urgencia de estas medidas en defensa de la protección social de los profesionales de la abogacía”.
