Subidas de impuestos, control de precios y ayudas a las familias: el plan económico de Kamala Harris
La candidata demócrata plantea aumentar el impuesto corporativo del 21% al 28% y prohibir la especulación con el precio de los alimentos
En el actual escenario político de Estados Unidos, la contienda por la Casa Blanca se está configurando como una confrontación no solo entre dos candidatos, sino entre dos visiones opuestas sobre el futuro económico del país. La candidata demócrata Kamala Harris busca diferenciarse de su rival republicano, Donald Trump, con propuestas que abordan cuestiones fundamentales sobre quién debería cargar con el peso de financiar el país y cómo atajar el desenfrenado encarecimiento del coste de la vida. Su programa, según ha reconocido la propia vicepresidenta, se centra “en crear oportunidades para la clase media”.
La medida más audaz contempla aumentar la tasa de impuestos corporativos del 21% al 28%, en un intento por corregir algo que la candidata considera un desequilibrio injusto para los bolsillos de los trabajadores. No se trata de un plan nuevo, sino una continuación de la iniciativa presentada por el presidente Joe Biden, quien ya había intentado revertir parte de la reforma fiscal desplegada por la presidencia de Trump en 2017. Entonces, el republicano redujo drásticamente la tasa de impuestos corporativos del 35% al 21%, beneficiando principalmente a las grandes corporaciones y las rentas más altas.
Con el proyecto económico de Harris, mientras las empresas y familias más adineradas harían un mayor esfuerzo fiscal, la clase media se beneficiaría de bajadas impositivas e incentivos para la adquisición de la primera vivienda, que estaría acompañada de la construcción de tres millones de casas en los próximos cuatro años. En concreto, prevé dotar de 25.000 dólares (unos 24.000 euros) a las familias que adquieran un piso y la subvención de 6.000 dólares (5.400 euros) por hijo recién nacido para los hogares de bajos ingresos, así como restablecer el crédito de 3.600 dólares (unos 3.240 euros) para los niños que se introdujo durante la pandemia.
El plan de Harris incluye la prohibición federal a la especulación en los precios de los alimentos, pues según ha reconocido, el comportamiento de algunas empresas —en concreto la industria cárnica— ha contribuido a elevar el coste de la cesta de la compra en los últimos años. Asimismo, ha prometido extender a nivel nacional el límite de 35 dólares (unos 31 euros) mensuales en copagos para la insulina, una medida que ha sido bien recibida en un país donde la falta de un sistema de salud universal obliga a los ciudadanos a pagar por los medicamentos que necesitan para sobrevivir.
Las propuestas, aunque ambiciosas, han sido criticadas por la falta de detalles específicos sobre cómo se implementarían y financiarían. En particular, sus detractores señalan que la candidata sigue sin explicar cómo lograría prohibir la especulación con los precios de los alimentos, cómo determinaría los niveles de ingresos que calificarían a una familia para recibir la subvención fiscal por hijo recién nacido y de dónde obtendría el dinero para estos programas. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un organismo de control fiscal independiente, ha calculado que las medidas presentadas por Harris la semana pasada aumentarían el déficit del país en 1,7 billones de dólares en cuestión de 10 años. Incluso si se aumentara el impuesto a las corporaciones al 28%, solo se cubriría un billón de toda la deuda.
A la falta de detalles se suma el enfado de las corporaciones, que alegan que un aumento de los impuestos frenaría la inversión privada y perjudicaría la competitividad de Estados Unidos. En este punto, sus intereses parecen estar más respaldados por el candidato republicano, que ha prometido reducir el impuesto a las empresas al 15%. La medida, ya planteada en 2017, también generaría un agujero en las arcas del Estado que aún está por determinarse. No obstante, en un primer momento la Tax Foundation estimó que el país dejaría de recaudar dos billones de dólares en 10 años, lo que subiría el déficit que ya va al alza —el FMI prevé un déficit público del 6,5% del PIB para este año y del 7,1% para el próximo—. Trump también ha ofrecido eliminar los impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social “para ayudar a las personas mayores con ingresos fijos que sufren los estragos de la inflación”, y aumentar los aranceles a las importaciones de todos los países.
El debate va más allá de los números y se adentra en el terreno de las prioridades políticas y morales. Las propuestas de Trump “devastarían a la clase media, castigarían a los trabajadores y harían subir el coste de vida para millones de estadounidenses”, dijo la vicepresidenta la semana pasada, cuando presentó su plan económico en un acto en Raleigh, en Carolina del Norte. “Quiere imponer lo que en la práctica es un impuesto nacional a las ventas de productos cotidianos y de primera necesidad que importamos de otros países. Eso devastará a los estadounidenses. Significará precios más altos en casi todos los productos de uso diario [...] en este momento, cuando los precios son demasiado altos, los haría aún más altos”.
La candidata demócrata se enfrenta al desafío de convencer a los votantes de que su plan económico es no solo viable, sino esencial para el futuro del país. La inflación, aunque ha disminuido en los últimos meses, sigue siendo un tema candente, con los precios de los alimentos un 21% más altos que hace tres años. Se trata de un tema escabroso que los republicanos intentan explotar, vinculando a la vicepresidenta con las políticas económicas de la administración Biden que, según ellos, han contribuido a la crisis inflacionaria.
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