El Tribunal Constitucional cierra el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas
La mayoría de los magistrados han aplicado la doctrina sobre el asunto y desestiman también los recursos de Murcia y la Asamblea de Madrid
El Tribunal Constitucional ha cerrado definitivamente el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. El Pleno del tribunal de garantías ha resuelto este martes los recursos de la Asamblea de Madrid y la Región de Murcia –los dos últimos que faltaban por analizar– contra el tributo extraordinario que aprobó el Gobierno hace un año y ha reafirmado su aval a la tasa que se aplica a las fortunas superiores a tres millones de euros. La mayoría de los magistrados han votado en contra de las impugnaciones planteadas, al igual que hicieron en los casos de la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia.
En la reunión de este martes, el Constitucional ha aprobado las dos últimas ponencias, redactadas por la magistrada María Luisa Balaguer y la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, que han aplicado la doctrina sobre este asunto. Así, siguiendo la misma trayectoria que en los anteriores recursos, los magistrados enmarcados en el bloque conservador (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa) han formulado un voto particular.
La primera sentencia que avaló el impuesto de solidaridad de las grandes fortuna se dictó el pasado 7 de noviembre (cuya ponente fue la magistrada Balaguer) y rechazó el recurso presentado por ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso. En dicha resolución –que ha servido de base para resolver el resto de impugnaciones–, se estableció que el tributo extraordinario no invade competencias autonómicas, ya que no choca con el impuesto al patrimonio, cuya recaudación depende de las administraciones regionales.
En esta línea, el órgano de garantías recordó que el impuesto de patrimonio es de titularidad estatal y que el Estado lo cede a las comunidades autónomas. Por tanto, de acuerdo a la doctrina constitucional, este tributo es complementario al que se creó en diciembre de 2022. Es decir, el conocido también como impuesto a los ricos ni afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas, pues según destacó el tribunal el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones aplicables en el impuesto al patrimonio sigue siendo “única y exclusivamente” decisión de los ejecutivos regionales.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsó este impuesto para combatir los efectos de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. Con este mismo fin, se puso en marcha también una tasa extraordinaria a la banca y grandes energéticas, cuyo pago está recurrido ante la Audiencia Nacional. En un principio, su vigencia es temporal, si bien el Gobierno no ha cerrado la puerta a una posible prórroga. De acuerdo a los datos que facilitó el Ministerio de Hacienda, el pasado mes de septiembre, la recaudación total derivado del primer abono de los altos contribuyentes (entre los pasados 1 y 31 de julio), fue de 623,6 millones de euros.
La aprobación del impuesto en cuestión no fue bien recibido por algunas comunidades autónomas lideradas por el PP, que ahora intentan dar la vuelta a lo dictaminado. En Madrid, los contribuyentes llevan años beneficiándose de la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio y en Andalucía se comenzó a aplicar este descuento en 2022. Tras el golpe del Constitucional, el PP de Madrid presentó en la asamblea regional una proposición de ley para modificar esta rebaja, recuperar este gravamen en su totalidad y evitar que el Estado sea quien lo recaude. La Cámara madrileña dio luz verde a dicha iniciativa el pasado 7 de diciembre, por el procedimiento de lectura única (una modalidad de tramitación más sencilla y rápida). Por su parte, la comunidad que preside el popular Juanma Moreno adoptará una medida similar al gobierno madrileño, al introducir una enmienda en los presupuestos regionales para 2024.
Lo mismo se hará en Galicia, donde el PP ha presentado otra enmienda para eliminar el descuento del 50% que se aplicaba al impuesto sobre patrimonio. Por último, en el caso de Murcia, dicho impuesto ha estado exento a partir de este año, por lo que aún no ha tenido efectos prácticos, si bien confirmó la supresión del mismo, al considerarlo “anacrónico”.
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