El Gobierno financiará con fondos europeos 43.000 nuevas viviendas para el alquiler asequible
Se alcanzarán un total de 93.000 viviendas tras los 50.000 inmuebles adicionales procedentes de la Sareb
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler social. “Quiero anunciarles que, además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler a precios asequibles”, explicó Sánchez durante su comparecencia en el Parlamento para explicar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la Reunión de Alto Nivel con Marruecos y el último Consejo Europeo. En total, resaltó, serán 93.000 viviendas sociales.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo señaló que estas viviendas serán tanto de nueva construcción como mejoradas a través de actuaciones de rehabilitación. Todas serán financiadas a través de una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros provenientes de la adenda de los fondos europeos. Podrán acceder a los créditos “promotores públicos y privados y las viviendas deberán destinarse al alquiler social o asequible durante, al menos, 50 años”, afirman fuentes gubernamentales. También, dijo Sánchez, tendrán que cumplir con los principios de eficiencia energética. Más allá de las líneas generales, añaden estas fuentes, falta por detallarse la parte financiera de la línea de avales y cuáles serán los cauces de colaboración entre el ICO y las comunidades autónomas y entidades locales.
El Gobierno lleva años anunciando distintas medidas en materia de vivienda. En lo relativo a la ampliación del parque destinado al alquiler asequible, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana empezó a hablar ya en 2021 de un plan para aumentar en 100.000 casas el mercado del arrendamiento a precios rebajados. En ese caso, el Ejecutivo contaba con movilizar viviendas de grandes propietarios, construir nuevos inmuebles en colaboración con Sepes y recurrir a parte de los pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo. Tras muchos meses, el plan avanza lentamente y sigue sin mostrar grandes resultados.
El nuevo anuncio, al menos por el momento, no concreta ni dónde ni cuándo se construirán estas nuevas 43.000 viviendas. Tampoco deja claro quiénes podrán acceder a los avales del ICO ni cuáles serán las condiciones para ello.
La Sareb
El plan para movilizar los 50.000 inmuebles de la Sareb prevé ofrecer la venta de 21.000 viviendas ya identificadas a las Administraciones interesadas (ayuntamientos y comunidades autónomas. De esa cifra, 9.000 son casas que están actualmente en comercialización a través de las inmobiliarias proveedoras de esta sociedad pública (Aliseda, Anticipa e Hipogés).
La segunda pata consiste en movilizar 14.000 viviendas ya habitadas, pero de las que gran parte tienen arrendamientos irregulares (algunas por okupación) para familias vulnerables. De ese número, con 2.000 ya se ha avanzado en regularizar los contratos de alquiler y otros 7.000 están en estudio. En este caso, estos inquilinos solo pueden destinar como máximo un 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
Por último, otras 15.000 casas provendrán en los próximos años de la construcción de la vivienda nueva en colaboración público-privada. Para ello, la consultora PwC actualmente está identificando para Sareb los suelos disponibles. En este caso, los inversores o promotoras interesados, construirán edificios en estos solares cedidos por el banco malo y los destinarán a alquileres asequibles o por debajo de precio de mercado.
Sin embargo, varias voces del sector inmobiliario dudan de la eficacia de este plan. Según datos publicados este miércoles por Idealista, dos tercios de las viviendas propiedad de Sareb se encuentran en municipios de baja o muy baja demanda de alquiler. En concreto, según el portal, el 3% de las viviendas de la web del banco malo están en municipios de demanda muy baja, mientras que el 60% se encuentran en zonas de baja demanda. El 27% de la oferta de este organismo se sitúa en zonas relativamente codiciadas y solo el 10% están en áreas que podrían considerarse como tensionadas.
Quinto pilar
Sánchez argumentó en el Congreso que en España un millón de hogares destina el 50% de sus salarios a pagar la renta, que dos millones de personas querrían comprar una casa pero que no pueden y que el encarecimiento de los precios del alquiler en los últimos años ha provocado que la vivienda sea inaccesible para muchos jóvenes. También recodó el poco peso que tiene en el país el parque público de inmuebles (unas 300.000 casas que suponen el 3% del total) en comparación con la media comunitaria (9%). Ante esta situación, “vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema, porque no hay nada más constitucional que la nueva ley de vivienda y convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar”, resumió.
Sánchez también advirtió a las comunidades autónomas del PP que, como Madrid, amenazan con no aplicar la legislación que está impulsando el Ejecutivo en materia de vivienda. “Las leyes que aprueba este Parlamento democrático, se cumplen. La ley de vivienda se cumplirá en todos y cada y uno de los territorios”, dijo en referencia a los gobiernos regionales y locales que han asegurado que no aplicarán la normativa una vez que el texto pactado entre el Gobierno, ERC y Bildu se apruebe en el Congreso.
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