La reforma de pensiones prevé alzas automáticas de las cotizaciones sociales
Las subidas se producirán si las medidas de ingresos son insuficientes, el gasto supera el 15% del PIB en el promedio 2022-2050 y el Gobierno del momento no lo remedia
La reforma de pensiones que ha diseñado el Gobierno y cuyos detalles seguían negociando ayer a última hora los responsables de la Seguridad Social con los interlocutores sociales –fundamentalmente con los sindicatos–, enmienda completamente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el propio Ejecutivo aprobó en la primera fase de la reforma de pensiones. El motivo de enmendar este mecanismo de ajuste ha sido garantizar, entre otras cosas, un aumento automático de los ingresos en el caso de que el resto de medidas que se incluyen en la segunda fase de esta reforma a punto de aprobarse sean insuficientes para cubrir el incremento del gasto.
Así, en los borradores que se están manejando, además de aumentar la sobrecotización que supone el MEI, del 0,6% aprobado inicialmente al 1,2% de manera progresiva (una décima anual hasta 2029), la norma prevé que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) evalúe trianualmente, a partir de marzo de 2025, el aumento de los ingresos que generen las medidas que serán aprobadas próximamente.
Así, este organismo deberá determinar, según indica la disposición adicional segunda del borrador que recoge la reforma, si se producen uno de estos tres casos: Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, “la Airef comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último informe de Envejecimiento de la Comisión Europea no supere el 15% del PIB”; o bien si dicho impacto de las medidas es superior al 1,7% del PIB, el gasto no debería superar “el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%”; y finalmente, si el impacto de la reforma es inferior al 1,7%, el gasto en pensiones no deberá superar “el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto anual estimado de las medidas y 1,7%”.
En el caso de producirse algún exceso en alguna de estas tres situaciones, transcurrido un mes desde el informe de la Airef que determine dicho exceso, el Gobierno deberá solicitar a este organismo un informe sobre el impacto de las medidas de la reforma de pensiones e incluir en dicha solicitud “un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto estimado”. A partir del informe que emita la Airef, el Ejecutivo deberá negociar con los interlocutores sociales el envío de una propuesta de medidas a la Comisión del Pacto de Toledo “para corregir de forma equilibrada el exceso de gasto”. Y, acto seguido, el Gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley al Parlamento con dichas medidas antes del 30 de septiembre para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Pero –y aquí llega el automatismo que ha previsto el Gobierno en la reforma–, si esta ley no entrara en vigor el 1 de enero, “la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la Airef a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe de la Airef, y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas por valor del mismo impacto o se corrija el exceso de gasto neto”. De esta forma, el automatismo de este incremento de cotizaciones podría producirse ya desde el 2026.
Por tanto, el aumento de cotizaciones que ha llevado a la patronal a rechazar frontalmente esta propuesta podría no ser el último en el corto plazo. De hecho, si se tienen en cuenta los cálculos hechos por los economistas expertos en pensiones de Fedea, la insuficiencia de las medidas es clara, ya que calculan que las medidas que prevé aprobar el Gobierno con el respaldo sindical lograrán incrementar los ingresos un 0,68% o un 1% como mucho con la primera parte de la reforma, para costear un incremento del gasto previsto de entre 3,5 y 4% del PIB en torno a 2050. En concreto, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, Miguel Ángel García, ha calculado que el incremento de cotizaciones que sería necesario para costear esta brecha sería de casi diez puntos (1,2 del MEI y otros 8 adicionales). Con ello, el total de cotizaciones que pagan los empresarios pasaría del actual 36% (incluyendo todos los conceptos) al 46%. García recuerda, además, que el gasto en pensiones ya es del 13,6% incluyendo las clases pasivas.
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