El caso Vitaldent concluye con una condena mínima para el fundador de las clínicas 10 años después del escándalo
Ernesto Colman y otros dos acusados alcanzaron en un acuerdo de conformidad con Anticorrupción y evitan entrar en prisión tras reconocer los delitos
El 16 de febrero de 2016, la Policía Nacional puso en marcha la Operación Topolino y detuvo a la antigua cúpula de Vitaldent, la red de clínicas dentales construida por el empresario uruguayo Ernesto Colman. La investigación judicial apuntaba a la existencia de una estructura organizada de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El 8 de octubre de 2026, más de 10 años después, la Audiencia Nacional puso fin a esta causa con una sentencia que condenó al fundador de la compañía y a otros dos acusados a penas mínimas, sin entrada en prisión, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción e indemnizar a los perjudicados con un total de 6,7 millones de euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se dictó el pasado 8 de octubre, el mismo día de la celebración de la vista oral, que se limitó a ser el trámite para ratificar el acuerdo de conformidad. Ernesto Colman, quien fuera su mano derecha Bartolo Conte, y el multifranquiciado Javier Arteaga Gálvez reconocieron las conductas penales atribuidas y se comprometieron a consignar judicialmente la cantidad para compensar los daños a los perjudicados. A cambio, el ministerio público solicitó la condena a tres años y dos meses de prisión impuesta a Colman por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos continuados contra la Hacienda Pública, así como una multa de 184.800 euros; y a dos años de prisión a los otros dos acusados por falsedad en documento mercantil.
Las penas finalmente impuestas ―a las que se han aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que ha tardado en tramitarse todo el procedimiento judicial― fueron muy inferiores a los hasta 43 años de cárcel que solicitó la acusación particular que representó a los profesionales y empresarios que pagaron cantidades de dinero en negro a la antigua cúpula de Vitaldent bajo un esquema de presión, si bien durante el juicio no se mostró contrario al acuerdo de conformidad ni a las penas finalmente impuestas.
Los tres acusados evitan entrar en la cárcel, ya que la ejecución de la condena ha quedado en suspenso durante dos años, tal y como solicitaron sus defensas. Colman y Conte estuvieron en prisión preventiva 15 meses, mientras que Arteaga Gálvez estuvo tres meses privado de libertad.
La sentencia, que es firme, relata que Colman y su mano derecha, Bartolo Conte crearon y controlaron una estructura organizada para eludir impuestos y blanquear los beneficios que no se declararon al fisco. En esta operativa no participaron solo las clínicas de la marca, sino también sociedades franquiciadoras y franquiciadas, y otras dedicadas a la asesoría contable, fiscal, laboral y gestión con presencia en España, pero también en Italia, Holanda, Suiza y Luxemburgo.
Manipulación de la contabilidad
Colman, como fundador de Vitaldent, era quien daba las órdenes a diferentes subordinados para que manipularan los programas internos de contabilidad para “distraer determinadas cantidades”. Asimismo, establecía el modo y manera de los pagos en B por parte de los franquiciados”, dice la sentencia. Para ello, se ayudó de Bartolo Conte, propietario de clínicas de la red en su país natal, Italia. Era la “persona de confianza” de Colman dentro del grupo. Una de sus sociedades canalizó la recaudación de cantidades en B, mediante el canon de publicidad que los franquiciados estaban obligados a pagar. Además, dice el fallo, era quien daba las instrucciones en el departamento financiero para que “cuadren las cuentas a costa de la modificación de la contabilidad”.
A esta estructura se suma Javier Arteaga Gálvez, quien “tiene un peso específico dentro de la organización, con un nivel de confianza y directo con la cúpula de la organización muy relevante”, resalta la sentencia. Debido al número de clínicas dentales que controlaba, es “notorio” la cantidad de pagos de dinero ennegrecido que hizo a la trama, señala el tribunal, al tiempo que enfatiza que el acusado ajustaba los pagos a la contabilidad, conforme a las instrucciones de Colman.
Durante la instrucción de la causa, los peritos que actuaron como auxilio judicial no pudieron determinar las cuotas tributarias eludidas entre 2011 y 2015, pero sí concluyeron que el grupo Vitaldent ocultó a Hacienda 31,88 millones de euros de los ingresos obtenidos en ventas o servicios prestados por clínicas propias, que debieron incluirse en el impuesto de sociedades de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2015. Asimismo, advirtieron que tampoco se declararon otros 5,31 millones de euros obtenidos de los cánones pagados por las clínicas franquiciadas, que se debían tributar en el impuesto sobre valor añadido (IVA). La Fiscalía Anticorrupción y el tribunal de la Audiencia Nacional han tenido en cuenta estas conclusiones para condenar por los dos delitos continuados de fraude fiscal a Colman.
Parte del dinero obtenido con la actividad de Vitaldent fue enviado a otras jurisdicciones de baja tributación, como Suiza, que luego fue traspasado a cuentas personales, mediante “operaciones ficticias” y a través de sociedades instrumentales radicadas en España, Suiza, Holanda y Luxemburgo. Entre 2005 y 2013, la investigación halló flujos dinerarios al exterior por 132,19 millones de euros, unos datos que también consta en la sentencia como hecho probado del delito de falsedad en documento mercantil.
Una década de investigación
El caso Vitaldent estalló en febrero de 2016, pero las primeras investigaciones comenzaron en 2013 a raíz de una denuncia conjunta de varios franquiciados que alertaron de que la antigua cúpula directiva les obligaba a cobrar en metálico a los clientes y a pagar en negro a la compañía un 10% de su facturación. El Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda fue el primero en abrir diligencias y, tras recopilar indicios relevantes, dirigió el operativo policial de registros y detención, que incluyó la incautación de un avión y 36 coches de lujo.
Ante la complejidad del caso, el juzgado madrileño se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Aunque en un primer momento rechazó la competencia la causa, el entonces juez instructor del órgano central Eloy Velasco asumió las pesquisas y en plena investigación autorizó la venta del grupo en España e Italia a JB Capital Markets SAU por 18,5 millones de euros. En la actualidad, la cadena de clínicas de servicios odontológicos está bajo la propiedad de Donte Group.
La investigación fue concluida por el magistrado Manuel García Castellón, que sustituyó a Velasco en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En octubre de 2021, decidió acordar el archivo de la causa, pero esta decisión fue revocada por la Sala de lo Penal, que entendió que había un cúmulo de indicios sobre la supuesta perpetración de una actuación delictiva, por lo que ordenó que la causa fuera enviada a juicio.
El juez instructor asumió el mandato, reabrió la causa y, en abril de 2023, procesó a Ernesto Colman y a medio centenar de personas, entre ellos Bartolo Conte, los responsables de los departamentos financiero, expansión, ventas, jurídico, así como multifranquiciados como Javier Arteaga Gálvez. Muchos de los encausados quedaron fuera del proceso tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con los perjudicados, según han informado fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento. Por tanto, las acusaciones solo se dirigieron contra los dos antiguos altos cargos de Vitaldent y contra uno de los principales franquiciados de la red.