El Gobierno afronta un atasco legislativo en media docena de leyes para reformar el sector financiero
El Ejecutivo busca cerrar la puesta en marcha de la Autoridad del Cliente Financiero antes de fin de año
El Gobierno afronta un verdadero atasco en la normativa financiera en esta recta final de la legislatura. En los diez meses que le restan si se llevan al límite los plazos, el Ejecutivo tiene pendiente sacar adelante media docena de leyes que modificarían diversos aspectos de la normativa del sector, muchas de ellas trasposiciones de directivas europeas que, de no adaptarse a la legislación nacional en tiempo y forma, podrían suponer una multa de la Comisión Europea a España. Están pendientes la creación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la de Crédito al Consumo, la de Entidades de Banca Ética, la de Antiblanqueo y poner en marcha la última directiva de capital.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha querido dar un impulso a esta agenda legislativa. Antes del verano anunció que relanzaría la tramitación del más avanzado de estos proyectos, la creación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Tiene previsto llevar a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados esta ley durante el mes de septiembre, tras acumular cerca de tres años encallada en el trámite de enmiendas en el Parlamento.
La creación de este organismo —que dirimirá las reclamaciones de los clientes a los bancos y asumirá funciones que hoy están en manos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)— ejemplifica el bloqueo al que se enfrentan muchas leyes. El Gobierno propuso la creación de este nuevo organismo en abril de 2022, aún con Nadia Calviño como responsable de la cartera de Economía, y tras completar prácticamente todo el proceso legislativo decayó al disolver el presidente del Gobierno las Cortes para convocar elecciones anticipadas en julio de 2023. El Ejecutivo relanzó el proyecto en 2023 y preveía aprobarlo en 2024, algo que dos años después aún no ha ocurrido.
El Gobierno espera culminar su tramitación en los próximos meses y que este organismo eche a andar a finales de año. Pese a los complicados apoyos parlamentarios del Ejecutivo, y a que los bancos se han afanado en los últimos años en intentar que el proyecto descarrile, se espera poder concitar el apoyo de una amplia mayoría de los grupos políticos, desde Podemos hasta, incluso, el PP, que se abstuvo en la votación de la pasada legislatura.
“La Autoridad en Defensa del Cliente Financiero es lo único que puede salir”, asegura a este periódico una fuente parlamentaria. Será potestad del futuro Gobierno relanzar esas leyes, eventualmente con una nueva redacción, o dejarlas en el olvido. La iniciativa más avanzada de todas es la creación de este nuevo organismo supervisor. La ley de Digitalización del sector financiero —que toca varios temas, como la adaptación en España de la normativa europea sobre criptoactivos, MICA— fue enviada por el Consejo de Ministros al Parlamento el pasado 14 de julio y se encuentra desde entonces en su periodo de enmiendas.
“La agenda financiera de este otoño reúne tres grandes objetivos: reforzar la protección del cliente, adaptar las reglas a la digitalización y mejorar la prevención y el control de las operaciones financieras. Pero el principal condicionante será la capacidad de construir acuerdos parlamentarios para poder sacar adelante cada iniciativa. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será una de las pruebas más visibles de esa capacidad de acuerdo. Nuestra previsión es que las obligaciones europeas mantengan la presión para avanzar, aunque el ritmo será desigual entre expedientes. Para el sector, el riesgo de los retrasos es que terminen comprimiendo los plazos de adaptación. Por eso, el diálogo entre administración, grupos parlamentarios, supervisores, entidades y usuarios resulta especialmente útil durante la elaboración de estas normas, pues permite identificar problemas prácticos cuando todavía hay margen para corregirlos”, apunta Diego Bayón, socio de incidencia pública en Harmon.
Más verde está la Ley sobre el Crédito al Consumo, una controvertida norma que prevé limitar los tipos de interés que se aplican a este tipo de préstamos. Esta normativa también ha levantado en armas al sector, que busca intentar limar los aspectos que ve más lesivos de esta regulación. Bankinter, de hecho, ha proclamado su decisión de abandonar este negocio para los nuevos clientes. Aún así, a la ley aún le queda un largo periodo de tramitación. Fue propuesta en primera vuelta por el Consejo de Ministros como anteproyecto de Ley y, tras pasar por un periodo de consulta pública, aguarda a obtener informes del resto de Ministerios y del Consejo de Estado para volver a la mesa del Consejo de Ministros y que esta la envíe al Parlamento. La cuestión aquí está en que se trata de una trasposición de una directiva europea, cuyo plazo para adaptarla a la legislación española vence en noviembre.
En el mismo punto de tramitación se encuentra la ley de Entidades de Economía Social y Finanzas Éticas, a la espera del dictamen del Consejo de Estado. Esta es más controvertida, dado que ha provocado tensiones entre el Ministerio de Trabajo, el ponente en este caso, y el de Economía.
Tiene por delante todo el periodo de tramitación la nueva normativa antiblanqueo, que entre otras cuestiones crea un nuevo organismo contra el blanqueo de capitales sobre el actual Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras traspasar sus funciones al Banco de España y sus participaciones en CaixaBank al Ministerio de Economía. El anteproyecto de ley fue planteado por el Consejo de Ministros en julio y está en fase de consulta pública, que culmina el 30 de enero de 2027.
Queda la incógnita de la aplicación en España de la nueva directiva de capital, que debía estar plenamente traspuesta en enero de este año. Así, la Comisión Europea ha abierto expediente a España por esta cuestión, que puede derivar en una sanción. La parte polémica de esta normativa es que incorpora medidas para retirar la potestad a los gobiernos de vetar fusiones bancarias, después de que el Ejecutivo español decidiera el año pasado usar la ley (en este caso la de Defensa de la Competencia) para condicionar la opa del BBVA al Sabadell.