El Santander incrementa las provisiones por el conflicto legal con la financiación de vehículos en el Reino Unido
El banco contempla una dotación de 722 millones por esta contingencia legal, a la espera de más pronunciamientos de los tribunales británicos
El conflicto legal por la financiación de automóviles en Reino Unido amenaza con impactar en las cuentas del Santander. El banco ha incrementado las dotaciones para hacer frente a las decisiones de los tribunales británicos, contrarios a la operativa que han seguidos los bancos en este asunto. Lo ha hecho en 39 millones, hasta alcanzar los 722 millones de euros, de acuerdo al informe financiero del primer semestre del año.
Las pesquisas se centran en presuntos acuerdos entre los concesionarios y los bancos para impulsar al alza el tipo de interés de los préstamos de compra de automóviles, con la fijación de un precio diferente para cada crédito, lo que añadía incentivos a los vendedores de coches a poner un tipo alto y cobrar más comisiones. La FCA (el regulador británico de los servicios financieros) prohibió esta práctica en 2021 y, en medio de un proceso ante la justicia británica sobre el asunto, ha abierto la puerta a reclamaciones millonarias contra las entidades financieras.
La primera provisión que hizo el Santander sobre este asunto fue de apenas 353 millones, en septiembre de 2024, tras una decisión contraria a sus intereses de los tribunales británicos. El caso llegó después al Supremo, que también falló en contra de la banca. La FCA publicó ya a principios de 2026 un plan para que el sector compensase a los clientes afectados. Consignó que los bancos, entre los que se encuentra el Santander, debían indemnizar a los consumidores con unos 8.200 millones de libras (9.400 millones de euros).
Así, el Santander fue incrementando el importe de esas provisiones al ritmo que se fueron produciendo estas decisiones contrarias. Primero, en las cuentas de 2025, lo elevó hasta los 528 millones de euros. En el primer trimestre de 2026 lo hizo en 207 millones más y en el segundo trimestre del año lo incrementó en 39 millones adicionales, hasta los 722 millones.
Todo está pendiente, sin embargo, de una última decisión de la justicia británica. Tal y como informa el banco en las cuentas semestrales, el pasado 1 de julio un tribunal ha acordado suspender ciertos efectos el plan, como la obligación de contactar a los consumidores afectados y de realizar pagos conforme al plan hasta la resolución de los recursos, después de una reclamación de algunas de las entidades afectadas y de asociaciones de consumidores. La vista está programada para el primer trimestre de 2027.
El Santander, en cambio, ha decidido no recurrir el plan de compensación consignado por la FCA y, según explica en las cuentas, “centrarse en su implementación con el objeto de aportar mayor certidumbre a sus clientes”. Fuentes financieras indican que el banco está trabajando en la aplicación del esquema dictado por el regulador, así como en planes de contingencia en caso de que no llegue a aplicarse.
En caso de que la decisión de la justicia suspenda definitivamente todo o en parte la aplicación de este plan, el banco podría aminorar estas provisiones. Así lo refleja también en las cuentas, donde matiza claramente que la cifra consignada no es definitiva y puede incrementarse o reducirse.
En cualquier caso, el negocio del Reino Unido ha ocupado un papel central para el Santander en los últimos meses. Tras el estallido del caso a finales del año pasado, el mercado incluso llegó a especular con la venta de todo el negocio en ese país, algo que fue negado una y otra vez por la presidenta, Ana Botín. En su lugar, optó por dividir el negocio de financiación de coches del resto de su filial británica. Y el verano pasado dio un gran golpe encima de la mesa al adquirir el negocio del Sabadell en ese país, TSB, por más de 3.000 millones. La operación se consumó en mayo y las cuentas del primer semestre de este año son las primeras que ya recogieron el negocio de TSB.
La entidad desgrana en sus cuentas los otros conflictos legales que arrastra. Entre otros, se refiere al pleito que mantiene con los accionistas del Popular por la última ampliación de capital de esta entidad, un año antes de la resolución del banco y su venta al Santander por un euro. Las cuentas informan de que el juez ya ha dado traslado de apertura de juicio oral, que se ha fijado para entre el 19 de enero y el 30 de junio de 2027.