Renault paga 300 millones tras una larga batalla con la Hacienda española
Regulariza 255 millones de euros y otros 42 millones por intereses de demora. Sin embargo, mantiene la reclamación para su devolución. En todo caso, la matriz francesa cubrirá el agujero patrimonial causado

Renault ha pagado 297 millones de euros a Hacienda por un litigio fiscal que mantiene con Hacienda desde hace más de seis años, cuando la Agencia Tributaria desplegó varias actuaciones de comprobación e inspección sobre los impuestos pagados por la filial española del grupo francés. El montante total se divide en 255 millones de euros por el importe total que se ha visto obligado a regularizar, a lo que se han sumado otros 42 millones de euros por los intereses de demora generados en la disputa, según confirman fuentes de la compañía.
Sin embargo, el gigante automovilístico, que cuenta con una destacada presencia comercial en España y fábricas en Valladolid, Palencia y Sevilla, no ha dicho su última palabra y mantiene el pulso con el objetivo de que le sea devuelta la suma pagada al fisco. Concretamente, la multinacional gala ha solicitado la apertura de dos procedimientos amistosos entre las Administraciones Tributarias de España y Francia con el fin de llegar a un acuerdo que le permita recuperar -al menos en parte- la suma millonaria desembolsada a las arcas públicas españolas.
Es más, aunque finalmente la filial española no recuperara nada, su matriz gala controlada por la República de Francia (el Gobierno de Emmanuel Macron es el primer accionistas de Renault con el 16% del capital social), se ha comprometido a cubrir el agujero patrimonial generado sobre la división al sur de los Pirineos. “La parte que Hacienda no devuelva a Renault España deberá ser repercutida a Renault SAS”, corroboran fuentes de la multinacional.
De este modo, Renault Francia sale en defensa de su filial española y sus disputas con Hacienda, un asunto que previamente no había provisionado contablemente en sus estados financieros. La cuestión es sensible para la división ibérica del gigante galo del automóvil. KPMG, supervisor de sus cifras, consideraba el asunto “cuestión clave de auditoría”. El decir, los auditores lo califican de la mayor significatividad dentro de sus cuentas anuales de 2024.
La disputa viene de más atrás. La Agencia Tributaria abrió diversas inspecciones sobre las cuentas de la empresa de 2013 a 2020, periodo en que la firma estaba dirigida por José Vicente de los Mozos, quien salió de Indra el pasado mes de junio. Los inspectores de la Dependencia de Control Tributario y Aduanera de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes llevan desde hace seis años investigando las operaciones intragrupo. El origen de la problemática está en los precios de transferencia a los que Renault España vendía sus productos a su matriz con sede en París.
Hacienda, en base a las recomendaciones de la OCDE, está poniendo el foco desde hace años en que estos precios de transferencia sean acordes a mercado, para evitar el desvío de beneficios fuera de España, ya sea para abaratar el pago de impuestos o desviarlo a otros países.
En este tipo de casos, las pesquisas de Hacienda buscan averiguar si las filiales de empresas en España venden sus servicios o productos a sus divisiones en otros territorios a unos precios inferiores a los que se supone son acordes a mercado, con el fin de reducir la base fiscal en España y ensancharla en distintas geografías.
Este tipo de maniobras suelen tener por fin reducir la carga fiscal con mayores bases imponibles en lugares de tributación más laxa. Sin embargo, también podría deberse a razones de corte político donde una empresa prefiera pagar más impuestos en un determinado país que en otro.
Renault España detalla las distintas inspecciones relativas a este asunto. La primera del periodo 2013 a 2015 por 135,13 millones de euros, por la que firmó actas en disconformidad. La segunda correspondiente a 2016, que suma 77,95 millones de euros. En este caso ya presentó recurso al considerar que la resolución final del proceso sería favorable a la sociedad. Y la última va de 2017 a 2020, aunque para esta se firmó un acta en acuerdo para llevar a cabo una regularización de más de 84 millones de euros.
Para solventar este conflicto, el grupo Renault inició ante las autoridades fiscales francesas y españolas procedimientos amistosos de arbitraje para lo que entiende es la supresión de la doble imposición internacional que cuestionan las autoridades fiscales españolas. Pero la propia Renault España no descartaba en sus cuentas que pudieran derivarse nuevas liquidaciones rectificativas.
Francia resarcirá a su filial
El litigio no ha pasado desapercibido para la matriz gala, que advierte a sus inversores en documentación oficial remitida a la bolsa de París que “existen importantes controversias con las autoridades fiscales de Francia y España, principalmente en materia de precios de transferencia”.
Para abordar el asunto, la automovilística se puso en manos de asesores fiscales externos que pudieran determinar los impactos patrimoniales de los mencionados procesos fiscales, donde también están involucrados sus especialistas en temas impositivos. Con todo ello, la matriz de Renault ya señalaba en su memoria anual de 2025 que “el grupo impugna los argumentos presentados por las autoridades fiscales y ha iniciado acciones legales para defender su posición” y considera que tiene “argumentos sólidos para hacer valer sus derechos”.
Pero pese a todo, los responsables de Renault en España quisieron cubrirse. Según detalla en sus cuentas, se “solicitó y obtuvo copia de la confirmación formal del accionista mayoritario de la sociedad remitida al consejo de administración de Renault España manifestando su compromiso a resarcir a la filial de cualquier perjuicio patrimonial que pudiera derivarse como consecuencia de las mencionadas cuestiones de precios de transferencia sujetas a los procesos amistosos de arbitraje para evitar la doble tributación entre autoridades fiscales españolas y francesas”.
El respaldo financiero de Francia con Renault España se dio bajo la anterior dirección de Josep María Recasens. El directivo, sin embargo, abandonó sus responsabilidades en el grupo automovilístico para convertirse en consejero delegado de Indra, donde a su vez sustituyó a José Vicente de los Mozos, también exalto cargo de Renault previamente. Actualmente, De los Mozos es presidente de Ifema. Por su parte, Renault ha puesto al frente de su división española a Christian Stein, hasta hace pocas semanas responsable de comunicación del Grupo Renault y exdirectivo de Seat y Peugeot.