El concurso de Tubos Reunidos habilita la venta del grupo por lotes
El juez exige al comprador el mantenimiento de la actividad durante un mínimo de dos años
El Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la batería de reglas que deben cumplir los inversores interesados en adquirir el grupo Tubos Reunidos (TR) en su totalidad o por bloques.
El productor de tubos de acero sin soldadura, en concurso voluntario de acreedores bajo la administración de PKF Attest, tiene 1.300 trabajadores repartidos por sus centros de Amurrio y Subillabide, ambos en Álava, y Trápaga (Bizkaia). Además, cuenta con una instalaciones en Estados Unidos, en concreto en Houston (Texas), sin actividad porque no son rentables con los aranceles del 50% que el presidente del país, Donald Trump, ha impuesto a las importaciones de productos de acero. En Houston se realizan procesos de acabado de los tubos elaborados en Amurrio y Trápaga.
El juzgado y el administrador valorarán las ofertas por los activos de TR por una serie de condiciones generales. Entre ellas, que se garantice la continuidad de la actividad durante un mínimo de dos años y que haya “una maximización del retorno para el conjunto de los interesados”, en referencia a los 1.300 trabajadores de la siderúrgica y sus acreedores.
Una de las prioridades será el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. Otra condición será la asunción de deuda, tanto de aquella que carga con una obligada subrogación como la que que puede ser objeto de quitas.
Según la hoja de ruta transmitida por el Tribunal de Instancia número 7 de Vitoria y por PKF Attest a la CNMV, el proceso se inicia con una primera fase por la que los inversores demuestran su interés a través del envío de un correo electrónico. Esto genera una carta de confidencialidad (NDA) y el derecho a una primera visita a las instalaciones de TR.
En una segunda fase, los potenciales compradores de TR, en su totalidad o por bloques, pueden acceder a un Data Room que contiene información relevante del grupo. Este acceso estará habilitado hasta la medianoche del próximo 7 de septiembre.
La primera visita oficial a las fábricas y los contactos con los sindicatos se abren en una tercera fase. Incluye encuentros con el equipo directivo de cada planta.
Tras estas conversaciones y el estudio de los datos del Data Room, los potenciales compradores deberán enviar en el plazo de cinco días hábiles una primera oferta, “vinculante en cuanto a precio”.
PKF seleccionará un máximo de cinco propuestas. Los inversores que participen en estas ofertas volverán a reunirse con el administrador del concurso y con los sindicatos para perfilar un plan de negocio en el que estén todas las partes de acuerdo. El tema más sensible será el del mantenimiento del mayor número posible de empleos.
Si no hay acuerdo, el potencial comprador puede retirarse y el administrador dará opción al siguiente, de acuerdo a un orden jerárquico previamente establecido. Con un pacto final, el juzgado lo habilitaría en las 72 horas siguientes y el traspaso de TR, en su totalidad o por bloques, se realizaría en un plazo de 15 días hábiles.
Sin salir de los juzgados, precisamente este lunes se ha conocido también que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga la conocida como trama Leire Díez, que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno, a 25 personas, entre las que figuran la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta y el actual director general y máximo ejecutivo de esta firma, Carlos López de las Heras.