La huelga de Tubos Reunidos bloquea la expedición de pedidos ya completados por 13 millones
El concurso voluntario, ya autorizado por la justicia, es la última posibilidad para la entrada de nuevos inversores en una empresa a la que hundió del todo la guerra arancelaria de Trump
Tubos Reunidos (TR) se acerca al abismo después de 130 años de trayectoria industrial. El concurso voluntario de acreedores, recién autorizado por la justicia y que fue presentado el pasado 4 de mayo y conllevó la suspensión de su cotización en Bolsa durante esa jornada, se presenta como la última oportunidad para la entrada de inversores.
La coyuntura de la siderúrgica no es la mejor para atraer a nuevos accionistas. La huelga indefinida de la planta de Amurrio (Álava), contra un ERE con 301 despidos sobre una plantilla de 1.300 trabajadores, está a punto de cumplir dos meses y bloquea la logística del grupo y por tanto la generación de caja. De hecho, el fabricante de tubos de acero sin soldadura al carbono tiene pedidos por importe de 13 millones que no pueden salir de sus instalaciones por el conflicto laboral.
Sin ingresos, los pagos, incluidas las nóminas de este mes de mayo, están en peligro. La de Amurrio es la principal planta del grupo, que allí tiene su acería. Su red fabril se completa con los centros de laminación y roscado en Trapagaran (Bizkaia), cuyos empleados votaron en contra de la huelga, y Subillabide (Álava).
Para complicar su crisis, Tubos Reunidos tiene que hacer frente a una deuda de 263 millones. El principal acreedor es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que en 2021 aportó una financiación de 112,8 millones en condiciones especiales, dentro de su programa de apoyo a empresas en dificultades por la pandemia. Con los intereses, ese pasivo ha aumentado hasta 150 millones. Con estos recursos adicionales, TR cerró la acería de Trapagaran y modernizó la de Amurrio, que ahora concentra toda su producción de acero.
El administrador del concurso será PKF Attest, nombrado esta semana por la juez María Teresa Trinidad, al frente del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria que gestiona el proceso. Como primera tarea, tendrá que conocer en profundidad las cuentas de la empresa, que en 2025 perdió 118,1 millones. Y luego negociar una quita con los acreedores. Si no la aceptan y no aparece un inversor, la liquidación y cierre de TR es inevitable. En el desarrollo del concurso, el administrador, con la aquiescencia de la jueza, puede optar por la venta del grupo en bloque o por la de las plantas por separado.
El concurso voluntario permite un plazo de unos tres meses para desbloquear esta situación, que pasa por la sustitución de los actuales accionistas. La regulación en este ámbito interpreta que la gestión de los propietarios es la causa de la suspensión de pagos e impide su continuidad en el capital de la compañía.
El accionariado de TR está participado desde hace décadas por las familias Zorrilla Lequerica (10,26%) y Barandiarán (6,08%). BBVA tiene un 5,21%, su única participación industrial, y Emilio Ibarra Aznar, hijo del que fue presidente del banco vasco, cuenta con un 1,53%.
El lastre de EE UU
La principal causa de la crisis de TR es que ha mantenido una exposición máxima al mercado de Estados Unidos, que concentra más de la mitad de sus ventas. En su primer mandato como presidente del país norteamericano, Donald Trump ya aplicó una subida de los aranceles a las importaciones a los productos relacionados con el acero. Y durante su segunda legislatura este blindaje comercial ha escalado hasta el 50%. Entre medias, el anterior inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, impulsó una política de reindustrialización que grupos europeos de diversos sectores aprovecharon para implantarse en el país.
Con ese muro en frontera, las exportaciones a EE UU no son rentables y TR ha tenido que cerrar su planta de Houston (Texas), donde realizaba el roscado de los tubos enviados desde Amurrio y Trapagaran.
La dependencia de este mercado era cómoda, porque EE UU solo produce el 60% de los tubos sin soldadura que demanda su industria de extracción de gas y petróleo, y tenía que recurrir a los equipos del exterior para cubrir el 40% del consumo restante. Hasta que volvió Trump a la Casa Blanca, en medio de un escenario de sobrecapacidad industrial en este sector a nivel mundial.
Tubacex
Tubacex, el otro fabricante nacional de tubos sin soldadura, en este caso en acero inoxidable, convive desde hace 63 años con Tubos Reunidos en el Valle de Ayala en Álava. Nunca han intentado su fusión. Su historia reciente es completamente distinta. Desde su sede en Laudio/Llodio (Álava), Tubacex, que ya superó una suspensión de pagos en la crisis económica de principios de la pasada década de los noventa, ha construido una red con 25 fábricas y 17 centros de servicio en 30 países, a diferencia de TR. En EE UU tiene siete plantas, con una producción local que esquiva los aranceles de Trump.
Este mes, Tubacex anunció la nueva etapa de su planta en Abu Dabi, en la que participa Mubadala, el fondo soberano de este país. Las instalaciones, que operarán con la marca TBX Nexxia, tienen una capacidad anual de producción de 20.000 toneladas (un dato guardado bajo llave por Tubacex hasta ahora) tras una inversión de unos 170 millones de euros.
TR es una siderúrgica con la acería parada, con lo que no puede elaborar lingotes para su laminación y elaboración de tubos y su posterior roscado. Un proceso industrial bloqueado por la citada huelga. Y el plan a futuro incluye interrumpir la actividad de la instalación de cabecera de Amurrio y recurrir a la compra de palanquilla y lingotes a terceros. No a Tubacex, que tiene su propia acería, asimismo en Amurrio, pero centrada en exclusiva en los tubos en acero inoxidable.
Tensión entre trabajadores
La huelga indefinida ha subido la tensión en el Valle de Ayala, entre los partidarios de continuar la huelga indefinida en la planta de Amurrio y los que quieren volver a trabajar. El grupo ha puesto en servicio desde este 12 de mayo un autobús para los empleados que quieren acceder a las instalaciones. La entrada pasa por un puente en el que se colocan los piquetes de los huelguistas. Hay denuncias de acoso en la comarca de Airaldea a los familiares de los empleados que quieren el fin de la huelga porque opinan que puede empeorar la crisis de la compañía.
De hecho, la semana pasada se celebró una asamblea en la planta de Amurrio a la que acudieron, custodiados por la Ertzaintza, 234 de sus 889 empleados. Hubo momentos de tensión con los piquetes del puente. La reunión registró un voto mayoritario contra el paro.
De los trece representantes sindicales que forman la comisión negociadora (ocho de Amurrio y cinco de Trapagaran), cinco son de ELA, firme partidaria de la huelga. Como sus dos delegados en Trapagaran no secundaron el paro, en línea con el 85% de la plantilla de este centro, ELA los expulsó. Han pasado a la central LSB-USO, criticando la falta de democracia en ELA, que paga a sus afiliados una “caja de resistencia” para hacer frente a parte del coste de la huelga.
La protesta contra el plan que incluye los citados 301 despidos está asumida por ELA, LAB, ESK y los delegados de UGT en Amurrio.
El ERE está suspendido, que no retirado, por el concurso voluntario. Un colectivo de 250 trabajadores acepta las condiciones de salida para evitar los despidos no deseados. TR, antes de la suspensión de pagos, ofreció prejubilaciones y bajas incentivadas, además de la no renovación de los contratos temporales.
Tubos Reunidos ha sido una de las joyas de la industria vasca y uno de los principales exportadores de Álava. La mayoría de sus 1.300 trabajadores tienen contrato indefinido y su plantilla se ha reforzado durante décadas con familiares de empleados. De hecho, en los formularios de acceso para una posible contratación, se incluía la pregunta si el aspirante tenía algún familiar trabajando en el grupo.
Los salarios de TR están por encima de la retribución profesional media del Valle de Ayala. Una circunstancia que ha encarecido el precio de las viviendas de la zona. Su cierre supondría otro castigo para la economía de la comarca, que ya ha sufrido el cierre de Guardian (400 despidos) y un ERE en Maderas de Llodio.