El sector gasista reclama una retribución razonable que garantice inversiones hasta 2032

Las compañías defienden que las redes gasistas han demostrado su valor estratégico durante las últimas crisis energéticas y reclaman que la futura regulación reconozca su aportación a la seguridad de suministro, la competitividad industrial y la resiliencia del sistema energético

La resolución que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé aprobar en breve marcará el futuro de las infraestructuras gasistas españolas hasta 2032. El sector considera que el nuevo marco retributivo será determinante para garantizar las inversiones necesarias en operación, mantenimiento y adaptación de unas redes estratégicas para la seguridad de suministro, la competitividad industrial y la transición energética.

Ese debate centró un desayuno organizado por CincoDías y patrocinado por Sedigas, en el que participaron Joan Batalla, presidente de Sedigas; Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás; Raúl Suárez, consejero delegado de Nedgia, del grupo Naturgy; Óscar Barrero, socio de Energía de PwC; e Iñigo del Guayo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y counsel de White & Case.

El mensaje lanzado por todos los participantes fue coincidente: la futura regulación debe garantizar una rentabilidad razonable que permita conservar y modernizar unas infraestructuras esenciales para el sistema energético español. Y es que la decisión de la CNMC llega en un momento sumamente sensible por la situación geopolítica internacional, la preocupación por la seguridad energética y el desarrollo imparable de los gases renovables.

La principal preocupación del sector es el impacto acumulado durante el actual periodo regulatorio. Según recordó Joan Batalla, “las actividades reguladas han sufrido una reducción cercana a los 2.500 millones de euros en sus ingresos desde 2021”. A lo que se han sumado una inflación muy superior a la prevista, el aumento de los costes financieros y nuevas exigencias operativas relacionadas con digitalización, ciberseguridad y adaptación al cambio climático.

Rentabilidad

“Necesitamos una rentabilidad razonable que permita seguir invirtiendo en una infraestructura crítica para el país”, defendió el presidente de Sedigas. Joan Batalla sostuvo que las redes gasistas han demostrado su valor durante las distintas crisis energéticas de los últimos años, y recordó que seguirán siendo necesarias, “tanto para garantizar el suministro como para facilitar la integración futura de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno”.

La importancia de estas infraestructuras fue recurrente a lo largo del encuentro. Natalia Latorre recordó que España dispone de siete plantas de regasificación, almacenamientos subterráneos, interconexiones internacionales y una extensa red de transporte y distribución, “que ha permitido responder con flexibilidad a las distintas crisis energéticas de los últimos años”. Para la directiva de Enagás, estas instalaciones “no son fruto de decisiones coyunturales, sino de una planificación que ha convertido al sistema gasista en una pieza estructural del modelo energético español”.

Latorre destacó además que las infraestructuras han contribuido a mejorar la competitividad de la economía española: “Durante los últimos años, consumidores e industrias han disfrutado de precios inferiores a los de otros mercados europeos”. Una ventaja que atribuyó a la fortaleza y capacidad del sistema gasista nacional.

Infraestructuras

Raúl Suárez destacó la dimensión social y económica de estas redes. Recordó que cerca de 20 millones de personas utilizan el gas en España y defendió que las infraestructuras gasistas siguen siendo fundamentales para numerosas actividades industriales. “Ahorrar algo hoy en mantenimiento es probablemente pagarlo tres o cuatro veces más caro dentro de un tiempo”, advirtió.

El consejero delegado de Nedgia insistió además en que el mantenimiento y la modernización de las redes son tan importantes como las nuevas inversiones. “El futuro marco regulatorio debe reconocer que las infraestructuras afrontan nuevas necesidades, asociadas a la digitalización, la protección frente a ciberataques y la complejidad operativa de un sistema que debe responder a picos de demanda cada vez más exigentes”.

La necesidad de adaptar la regulación al nuevo contexto económico fue una de las reivindicaciones de los participantes. Óscar Barrero defendió que la regulación debe mantener el equilibrio entre consumidores y empresas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. A su juicio, el actual periodo regulatorio “ha coincidido con circunstancias extraordinarias que no pudieron preverse cuando fue diseñado, como la elevada inflación, el encarecimiento de la financiación o las consecuencias energéticas derivadas de la invasión de Ucrania”.

Desequilibrio

“El sistema ha estado claramente desequilibrado”, afirmó Barrero. El socio de PwC recordó que España mantiene algunos de los peajes gasistas más bajos de Europa, sobre todo para la industria, pero advirtió de que esa situación “no puede sostenerse indefinidamente si no se garantiza una rentabilidad suficiente para los operadores de las infraestructuras”.

Desde una perspectiva jurídica, Íñigo del Guayo recordó que la legislación española establece la obligación de reconocer una rentabilidad razonable a las actividades reguladas. Y subrayó además que la propia política energética estatal “ha insistido en principios como la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la previsibilidad como elementos esenciales para favorecer la inversión y el desarrollo del sistema energético”.

Los participantes valoraron positivamente algunos aspectos de los borradores publicados por la CNMC; sobe todo, la continuidad metodológica respecto al actual marco regulatorio. Sin embargo, coincidieron en reclamar ajustes que permitan reconocer adecuadamente la evolución de los costes y reducir determinados factores de incertidumbre que podrían afectar a la sostenibilidad económica de las actividades reguladas.

Para Batalla, el objetivo final debe ser encontrar un equilibrio que permita seguir ofreciendo a consumidores e industria un sistema competitivo sin poner en riesgo unas infraestructuras estratégicas. “Tenemos capacidad para buscar esa cuadratura del círculo”, afirmó, al defender que la futura regulación debe preservar la competitividad alcanzada por España sin comprometer la seguridad de suministro ni la capacidad de adaptación de las redes durante los próximos años.

Valor futuro de la infraestructuras

Más allá del debate sobre la futura retribución de las actividades reguladas, buena parte de la conversación giró en torno al papel que las infraestructuras gasistas están llamadas a desempeñar en la transición energética. Los participantes coincidieron en que las redes existentes serán una pieza clave para integrar nuevos gases renovables y facilitar una descarbonización compatible con la seguridad de suministro y la competitividad económica.

Uno de los argumentos más repetidos fue que España parte de una posición privilegiada gracias a las inversiones realizadas durante las últimas décadas. De hecho, nuestro país cuenta con siete plantas de regasificación, una amplia red de transporte y distribución y una importante capacidad de almacenamiento, unas infraestructuras que han permitido responder a situaciones de crisis y que ahora pueden convertirse en una ventaja para el desarrollo de nuevas soluciones energéticas.

En este sentido, Joan Batalla defendió la oportunidad de convertirnos en un referente europeo en el despliegue de gases renovables. “El potencial de producción de biometano y el desarrollo futuro del hidrógeno renovable permiten afrontar la descarbonización de sectores para los que la electrificación resulta más compleja o costosa”.

Y Raúl Suárez destacó el potencial del biometano, al recordar que España dispone de recursos suficientes para desarrollar una producción significativa. Defendió que las redes actuales “constituyen la herramienta necesaria para trasladar esa energía hasta hogares e industrias”. En su opinión, el valor futuro de las infraestructuras “será incluso mayor que el actual, porque permitirá aprovechar recursos energéticos propios y reducir la dependencia exterior”.

No obstante, la adaptación de las redes a esta nueva realidad exigirá inversiones en digitalización, monitorización y ciberseguridad. Los participantes coincidieron en que las infraestructuras energéticas se han convertido también en activos estratégicos desde el punto de vista de la seguridad nacional y que las exigencias tecnológicas son cada vez mayores.

Otro de los asuntos abordados fue la posición de España dentro del sistema energético europeo. Natalia Latorre destacó la capacidad del sistema “para diversificar orígenes y garantizar la llegada de gas a distintos mercados europeos”.

Por su parte, Iñigo del Guayo advirtió de que el despliegue de los gases renovables no depende únicamente de los operadores. “Muchos proyectos de biometano e hidrógeno están condicionados por autorizaciones y procedimientos administrativos ajenos al sector gasista”. Por lo que defendió que la regulación “tenga en cuenta esos factores a la hora de diseñar incentivos y objetivos”.

Y Óscar Barrero indicó que Europa empieza a contemplar las infraestructuras energéticas desde una perspectiva más integrada. A su juicio, el desarrollo del hidrógeno renovable ofrece “la oportunidad de diseñar desde el principio una red europea concebida como un auténtico mercado común energético”.