Los acreedores de las renovables acuden a los tribunales de 10 estados de EE UU para presionar a España durante el Mundial
Los fondos que adquirieron los derechos de cobro en estos pleitos registran un caso de 77 millones en aquellas jurisdicciones que serán sede durante el campeonato
Los fondos acreedores que presionan a España para cobrar indemnizaciones millonarias por el recorte de las primas de las renovables contemplada en la reforma eléctrica de 2013 han ampliado su ofensiva hasta 10 estados de Estados Unidos. La estrategia ha consistido en registrar una de las siete sentencias que reconoce el derecho de varios inversores a ser indemnizados por este asunto en aquellos tribunales federales en cuyos territorios podría disputar la Selección Española sus partidos en caso de superar la fase de grupos del Mundial de Fútbol, que comienza este jueves y se alargará hasta el próximo 19 de julio.
En concreto, los acreedores que están dando la batalla judicial a España al otro lado del Atlántico (y en varios países de Europa) registraron, entre finales de mayo y principios de junio, la resolución relativa a la demanda planteada por Watkins Holdings y otros inversores, cuya indemnización se estimó en 77 millones de euros, ante los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, según han informado fuentes cercanas al fondo Blasket Renewable Investments, que adquirió los derechos de representación y de cobro de estos laudos.
Durante el segundo semestre de 2025, un tribunal federal de Columbia dio luz verde a reconocer y ejecutar siete laudos dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ―la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial― , por importe total de 358 millones de euros. Siguió el criterio de la Corte de Apelación del mismo distrito, que en agosto de 2024 afirmó que los fallos arbitrales deben ser considerados sentencias firme. En base a ello, se autorizó que los acreedores solicitaran el embargo de activos comerciales y bienes españoles en EE UU como forma de garantizar las indemnizaciones.
Los fondos oportunistas, aprovechando la celebración del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, pusieron en el foco las relaciones comerciales y de financiación de la Selección Española, como pueden ser subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión. Así, solicitó al tribunal de Columbia que requiera toda la información bancaria y comercial a los proveedores del conjunto nacional, entre ellos Adidas, Hilton o Vision Hospitality, con el objetivo de encontrar cualquier fuente de financiación que pueda ser susceptible de embargo.
Por el momento, no se ha acordado ningún embargo en Estados Unidos, pero los acreedores han extendido el perímetro de localización de activos (que en el argot judicial estadounidense se denomina fase de discovery) a aquellos territorios cuyos estadios se encuentran en las ciudades sedes del Mundial. El despliegue se está llevando a cabo al amparo de una orden que el tribunal de Columbia dictó el pasado abril, por la que permitió a los fondos inscribir la sentencia en cualquier distrito federal de Estados Unidos.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica advirtieron entonces que esta actuación “no afecta a la operativa de España y menos aún de la Federación española de Fútbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado”. Ahora, añaden que el registro del laudo del caso Watkins en 10 estados solo pretende “generar ruido mediático”, ya que es “únicamente formal”. Esto significa, aclaran, que cualquier intento de embargo requerirá el inicio de un procedimiento “en el que España podrá defender sus intereses”.
Recurso ante el Supremo
En paralelo, con el objetivo de frenar los eventuales embargos de bienes y ejecución de los laudos, España recurrió ante el Tribunal Supremo. Elevó el asunto en relación a otras de las sentencias registradas, la correspondiente al gigante energético NextEra Energy, a quien el Ciadi reconoció el derecho a cobrar 291 millones de euros, más intereses, la mayor indemnización concedida por el recorte de las primas de las renovables.
A finales de mayo se conoció la opinión del procurador general, John Sauer ―representa al Gobierno federal ante el alto tribunal―, que se opuso a la principal alegación de España: inmunidad soberana para no afrontar los pagos. Aún se está pendiente de conocer la sentencia, pero en la mayoría de los casos los magistrados siguen el criterio de los altos funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense.
Las fuentes gubernamentales apuntan que, en el marco de este proceso en el Supremo, la defensa de España presentó ayer mismo un escrito solicitando que declare que los tribunales del país no tienen jurisdicción y, por tanto, los laudos no pueden ser ejecutados.
Las demandas por el recorte de las primas de las renovables persigue al Reino de España desde hace más de 15 años. La crisis económica y el aumento del déficit tarifario con las eléctricas llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tomar una primera medida e introducir en 2010 un primer recorte a estos incentivos, especialmente en el ámbito de la fotovoltaicas. Sobre esa base se presentó en 2011 la primera demanda contra España ante la cámara de arbitraje de la ONU. Pero el rediseño del sistema retributivo, bajo la reforma eléctrica acometida en 2013 durante el mandato de Mariano Rajoy, afectó de lleno a proyectos renovables ya construidos y financiados con el esquema anterior.
Muchos de los inversores consideraron que las reglas de juego fueron alteradas por completo y reclamaron en avalancha en distintos foros internacionales, siendo el principal el Ciadi. En total se presentaron 51 demandas, de las cuales 27 se han resuelto a favor de los inversores y 18 han sido favorables a España. De los más de 10.000 millones de euros que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por el valor total de 1.800 millones, que ascienden a 2.300 millones si suman intereses legales y de demora.