Nueva batalla judicial en la familia Reyzábal, antiguos propietarios de la Torre Windsor, por una herencia millonaria
Los nietos del empresario Florentino Reyzábal se querellan contra sus tías por los presuntos delitos de apropiación indebida y estafa, entre otros, por el reparto del patrimonio familiar
La fortuna levantada por la familia Reyzábal, una de las sagas empresariales españolas y vinculada a algunos de los activos más emblemáticos de Madrid, siendo su buque insignia la antigua Torre Windsor, ha desembocado en una nueva batalla judicial por la herencia familiar. Olivia y Javier Reyzábal Roig, nietos del empresario Florentino Reyzábal Larrouy y descendientes del fallecido Javier Reyzábal, han presentado una querella contra sus tías Blanca y Mónica Reyzábal Gómez, así como contra Andrés Sastre Muñoz, esposo de la primera, por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa agravada, insolvencia punible y falsedad documental.
La querella, presentada el pasado 25 de mayo ante los juzgados de Madrid, y a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que los descendientes de Javier Reyzábal fueron privados de una parte sustancial de la herencia familiar mediante la ocultación de activos y la infravaloración de bienes del patrimonio familiar. Los querellantes cifran el perjuicio económico sufrido en más de 20 millones de euros.
Javier Reyzábal, hijo del expresidente de la inmobiliaria Asón, falleció en mayo de 2012. Estaba casado con Ángela Roig, hija del empresario valenciano y expresidente del Valencia CF Francisco Roig y sobrina de Juan Roig, dueño de la cadena de supermercados Mercadona. Sus hijos eran menores de edad cuando murió, por lo que la gestión de la herencia quedó en manos del cabeza de familia, Florentino Reyzábal, que fue designado albacea y contador-partidor.
La querella, que aún no ha sido admitida a trámite, relata que fue entonces cuando Florentino Reyzábal comenzó una estrategia para “ocultar bienes y derechos” que pertenecían a su hijo Javier, especialmente activos situados en el extranjero, con el fin de beneficiar a sus hijas, Blanca y Mónica. La viuda de Javier, Ángela Roig, ya planteó un procedimiento judicial contra su suegro por un asunto similar, en relación a determinados activos familiares en México, conflicto que terminó mediante un acuerdo para aparcar las controversias.
Sin embargo, el escrito señala que en vez de “normalizarse la situación familiar”, el empresario, junto a sus hijas, “inició una operatoria para ocultar gran parte de sus bienes, con el fin de que engrosaran el patrimonio de las mismas, lesionando los derechos legitimarios de sus nietos”. Como prueba de ello, indica que los nietos de Florentino Reyzábal están en disposición de una agenda manuscrita de Blanca Reyzábal que contiene expresiones que acreditarían la estrategia para la apropiación de bienes.
En este sentido, la defensa de Olivia y Javier Reyzábal Roig apunta que su abuelo llegó a acumular un patrimonio de gran magnitud, de unos 200 millones de euros, reforzado por las herencias recibidas tras el fallecimiento de familiares directos, como otro de sus hijos, Íñigo, o su hermano Julián, ambos sin descendencia.
Valoración “a la baja” de la empresa familiar
Florentino Reyzábal, administrador también de las salas de cine propiedad de la familia, falleció en diciembre de 2022 y su legado es el núcleo de la disputa. El empresa dejó como responsables de la ejecución de su testamento a dos personas: Carlos Paunero, colaborador histórico y persona de su máxima confianza, que finalmente renunció a llevar a cabo esta gestión; y su yerno Andrés Sastre Muñoz, marido de Blanca Reyzábal, cuya designación se cuestiona en la querella por “conflicto de interés”.
Uno de los principales focos del conflicto es la valoración “a la baja” del principal activo de la familia, la sociedad Reyza 2006 Inversiones, que posee diversos activos inmobiliarios, como el edificio situado en el Paseo de la Castellana, número 15 de Madrid (que en 2009 compró a Mutua Madrileña), donde se encuentra la embajada de Qatar o el Centro Cultural Coreano en España.
Pero la joya de la corona fue la desaparecida Torre Windsor. Tras el incendio que sufrió el edificio en febrero de 2005, esta sociedad familiar vendió el solar, situado en el centro financiero Azca de la capital, a El Corte Inglés por alrededor de 500 millones de euros. A día de hoy, el rascacielos, rebautizado como Torre Titania, es arrendado a la consultora EY, donde tiene su sede. De hecho, las ganancias por esta operación ya fue parte de rencillas familiares, cuando uno de los Reyzábal, Julián (hermano de Florentino), dejó reflejado en su testamento que su parte (unos 70 millones de euros) debía a ir a su compañero sentimental, lo que fue denunciado por sus hermanos en los tribunales, que trataron de invalidarlo, según informó El Confidencial.
La querella ahora planteada por Olivia y Javier Reyzábal afirma que las participaciones de esta sociedad patrimonial fueron valoradas de forma “consciente y deliberadamente” por debajo de su valor real, lo que les perjudica a efectos hereditarios. El escrito destaca que la mercantil fue valorada en 2016 por 142 millones de euros y estiman que en la actualidad su precio se haya triplicado. Asimismo, reclaman la revisión de activos relacionados con un fideicomiso en México, la supuesta desaparición de participaciones empresariales, y cuestionan el tratamiento dado a distintas donaciones realizadas en vida por Florentino Reyzábal a favor de sus hijas.