Un exabogado del Estado jefe de arbitrajes internacionales reclama a España 1.000 millones para una minera australiana
Berkeley contrata también para su litigio contra el Gobierno al primer bufete que defendió a España de las reclamaciones de renovables
España se juega unos 1.000 millones de euros en el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial frente a la empresa minera australiana Berkeley Exploration Limited. La compañía, que denuncia que el Gobierno frustró una mina de Uranio en Salamanca, ha formado un equipo de defensa que conoce bien el sistema español. Sus abogados, según se desprende del procedimiento, son los bufetes Riaño abogados y Herbert Smith Freehills. En el primero ejerce como socio director José Manuel Gutiérrez Delgado, que fue jefe del departamento de Arbitrajes Internacionales en la abogacía general del Estado, el grupo creado en Justicia para defenderse de estos arbitrajes. Además, Herbert Smith fue el primer bufete internacional fichado por España para defenderse de estos litigios, antes de crear el departamento que dirigió Gutiérrez. Hasta ahora, los fondos que van contra España habían fichado abogados del Estado en excedencia, pero ahora ya logran que se pasen los que han defendido a España en este tipo de procedimientos.
Durante la gran crisis, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recortaron las primas a las renovables. Entonces los fondos internacionales denunciaron a España en arbitrajes internacionales al amparo de un tratado internacional, la Carta de la Energía, que garantizaba a los inversores internacionales un trato “justo y equitativo”.
Las reclamaciones iban a sumar miles de millones y necesitaban los mejores abogados. José María Segovia, que dirigió Uría Menéndez entre 2005 y 2019, recuerda cuando al bufete le llegó una petición de honorarios para llevar uno de estos arbitrajes. “Luis de Carlos [codirector] y yo decidimos que Uría no podía llevar un arbitraje internacional contra España en Nueva York. Una cosa es recurrir una decisión de un ministerio, que es algo que hacemos a diario, y otra ir contra el Reino de España en un foro internacional, con el daño reputacional que conlleva. Pensamos que sería, no sé, como pleitear para sacar de España el cuadro de Goya sobre los Fusilamientos del 2 de mayo o el Gernika. Creo que hay que tener algo de patriotismo ilustrado”, explica Segovia.
La decisión del bufete Uría, con más de 600 abogados y uno de los mayores despachos de España por facturación, no fue bien entendida entre algunos socios. El negocio se fue para otros despachos, principalmente a bufetes con abogados del Estado en excedencia en sus filas, que fueron los que asumieron estos casos.
En un primer momento, el Gobierno de Zapatero fichó a un despacho internacional, Herbert Smith. En Herbert está el ex abogado de Estado de la secretaría de Estado de Energía Eduardo-Soler Tappa, y en 2018 se unió José Ramón Mourenza, que fue abogado del Estado jefe en la misma secretaría. Herbert defendió con éxito a España en el arbitraje de PV investors, el mayor de la época, en el que un grupo de inversores fotovoltaicos reclamaban unos 2.000 millones de euros.
Pero después de esas primeras reclamaciones, y al descubrir que lo que iba a recibir el Estado era una avalancha, la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, ordenó crear en la Abogacía un departamento de arbitrajes internacionales, algo que en ese momento solo tenía Canadá.
En mayo de 2024, Berkeley anunció que iniciaba un arbitraje contra España y señaló que iría de la mano de Herbert Smith y Riaño abogados. La empresa denunciaba que el Ministerio de Transición Ecológica le había vetado una mina de uranio en Salamanca. La explotación contaba con el informe contrario del Consejo de Seguridad Nuclear, que llegó a denunciar presiones de la empresa.
Según fuentes conocedoras del procedimiento, Herbert Smith tenía como cliente a Berkeley desde hace 30 años y asumió la defensa porque no tenía nada que ver con renovables, en lo que se habían centrado los arbitrajes anteriores. Según estas fuentes, ni Soler-Tappa ni Mourenza participan directamente, sino que el caso lo lleva el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Pastor Palomar.
Junto a ellos en la defensa de Berkeley Riaño abogados, el bufete que fundó en 2024 Miguel Riaño Pombo tras dejar la presidencia de Herbert. Riaño es uno de los más conocidos abogados y en 1996 estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente como asesor de Isabel Tocino. Al poco de fundar el despacho, Riaño Pombo fichó a José Manuel Gutiérrez como socio director.
En la Abogacía del Estado, José Manuel Gutiérrez fue director del departamento de Arbitrajes Internacionales que había ordenado crear Sáenz de Santamaría. Lideró ese departamento entre 2018 y 2021. Gutiérrez, compañero de promoción de Pablo Isla y del exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela. “Fui Abogado del Estado-Jefe del Departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía General del Estado, habiendo liderado como Counsel más de 55 arbitrajes internacionales de inversión”, cuenta en la web de la Corte Civil y Mercantil de arbitraje.
Fuentes próximas a Gutiérrez señalaron que dejó el departamento de Arbitrajes Internacionales en 2021 y que antes de pasar a la privada estuvo destinado en el departamento ante la UE. También que el arbitraje que ha planteado Berkeley no tiene que ver con los de los fondos de renovables.
Como él, un 40% de los abogados del Estado está en excedencia y muchos pleiteando contra la Administración. Los altos funcionarios en excedencia no tienen ninguna limitación legal para ir contra España y pedir el reingreso a una plaza pública cuando lo deseen.
El resultado es que Herbert, el primer bufete que defendió a España, y un exjefe de arbitrajes de la abogacía lideran un arbitraje contra España por 1.200 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros). Y lo hacen contra una decisión del Ministerio de Transición Ecológica, donde hoy está la secretaría de Estado de Energía en la que trabajaron dos de esos abogados del Estado.
No son los únicos altos funcionarios fichados por Berkeley en su pulso contra el Reino de España. Jaime García-Legaz, secretario de Estado con el Gobierno de Rajoy y técnico comercial del Estado en excedencia, asesora a Berkeley desde 2022.
Hasta ahora, los fondos que pleitean contra España habían fichado a abogados del Estado en excedencia. En ocasiones son fondos soberanos del Golfo o empresas públicas como SWM, la eléctrica pública de Múnich. Estos altos funcionarios han logrado embargar bienes de España en el extranjero, mientras que Madrid se ha aliado con la UE y han abandonado la Carta de la Energía.
Ningún gobierno agradeció el gesto de Uría de no querer llevar estos arbitrajes contra España.