El Gobierno liberará tres millones de números de telefonía móvil hasta 2031
La nueva normativa impone el uso del prefijo 59 para servicios de comunicación entre máquinas con el fin de evitar el agotamiento de la numeración
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha oficializado este jueves una reestructuración profunda del Plan Nacional de Numeración Telefónica mediante la publicación de dos resoluciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La normativa impone cambios estrictos en la asignación de recursos para servicios de comunicación entre máquinas (M2M) y servicios vocales nómadas, con el objetivo de evitar el agotamiento de la numeración móvil convencional ante la expansión del ecosistema del Internet de las Cosas (IoT).
A partir del 1 de julio de 2026, todos los nuevos servicios M2M —aquellos que implican transmisiones de datos automáticas para telemando, alarmas o sensores— deberán emplear exclusivamente una numeración de 13 dígitos que comience con el código 59. Esta medida prohíbe el uso de numeración móvil estándar para estas funciones, reservando los rangos tradicionales para la comunicación humana.
La resolución establece un calendario de transición para los servicios que ya operan bajo numeración móvil. El Gobierno ha fijado el 1 de enero de 2031 como la fecha límite definitiva para que todos los dispositivos M2M migren al prefijo 59. Esta transición permitirá la liberación de aproximadamente tres millones de números móviles que actualmente están vinculados a dispositivos automáticos.
Esta reforma legislativa consolida las recomendaciones técnicas emitidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a mediados de abril que adelantó este diario. El regulador ya había advertido sobre la baja eficiencia del sistema anterior y el riesgo de saturación ante la proliferación de soluciones tecnológicas en sectores como la automoción, la gestión agrícola y el control de infraestructuras urbanas, como los ascensores.
Hasta ahora, conviven dos sistemas de numeración para estos servicios: el móvil tradicional y el rango de 13 dígitos con el código 59, este último creado en 2010 pero de uso limitado hasta la fecha. La nueva directriz elimina esta dualidad para centralizar el tráfico de datos automatizado en un espectro numérico más amplio y eficiente.
Servicios nómadas
En paralelo, el Ministerio ha modificado la gestión de los servicios vocales nómadas (telefonía sobre IP). Según la resolución publicada, estos servicios solo podrán utilizar números que comiencen por el código 51. Se elimina de forma definitiva la opción de emplear numeración de ámbito provincial, identificada con el código 8XY, para este tipo de conectividad.
Los datos técnicos que sustentan esta decisión indican que la eficiencia en el uso de la numeración nómada geográfica era inferior al 5%, lo que la convertía en una herramienta desactualizada y poco productiva para el sistema nacional. La recuperación de estos códigos 8XY permitirá reforzar la disponibilidad de líneas para el servicio telefónico fijo convencional en provincias donde el riesgo de agotamiento era inminente.
Para las operadoras que actualmente gestionan servicios nómadas bajo el antiguo sistema, se ha dispuesto un periodo de gracia de seis meses para mantener dicha numeración, sujeto siempre a la aprobación previa de la CNMC.
La intervención gubernamental responde a un escenario de crecimiento exponencial de dispositivos conectados que no requieren intervención humana directa. Los sensores de automoción, los sistemas de telemedida y el telecontrol industrial han generado una demanda de numeración que el plan diseñado para la telefonía móvil de voz no puede absorber sin comprometer la disponibilidad de líneas para los usuarios finales.
El paso dado por el Ministerio transforma en ley las directrices adelantadas por la CNMC el pasado 16 de abril. Aquel informe ya señalaba que la transparencia y la simplicidad en el uso de los recursos públicos de numeración eran fundamentales para garantizar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y la seguridad jurídica de las empresas de IoT.
Con este nuevo marco, España busca alinearse con las mejores prácticas europeas de gestión de recursos escasos, asegurando que la infraestructura de numeración sea capaz de soportar la siguiente década de innovación tecnológica sin recurrir a ampliaciones de emergencia que fragmenten el mercado.