La justicia neerlandesa embarga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht por los laudos de las renovables
Un tribunal de La Haya ha adoptado la medida como forma de garantizar una indemnización de 106 millones reconocida a Eurus Energy, filial de Toyota
El edificio del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) se suma a la lista de embargos preventivos por el impago de los laudos por el recorte de las renovables. La justicia neerlandesa ha autorizado el embargo de este inmueble ante la negativa de España de abonar el laudo arbitral que reconoció el derecho compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, de ser indemnizado con 106 millones de euros por el recorte a las primas de las renovables que tuvo lugar en 2013 con motivo de la reforma eléctrica, según han informado fuentes cercanas a los fondos de inversión que representa a la compañía acreedora.
El inmueble se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad holandesa y se encuentra en ubicado en Domplein, una de las áreas más emblemática de la localidad de Utrecht. Los acreedores estiman que el valor de dicho edificio histórico es de alrededor de 10 millones de euros. Las fuentes consultadas apuntan que los acreedores estudian que, en caso de que el embargo se haga efectivo por orden judicial, el activo de titularidad española sea subastado.
El embargo de activos y bienes es una de las estrategias defensivas que inversores y fondos oportunistas (que adquirieron los derechos de cobro de estos pleitos) que han ganado la batalla a España por el recorte de las primas de las renovables están llevando a cabo en varias jurisdicciones extranjeras, como Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos, para intentar cobrar las indemnizaciones de un total de 1.700 millones de euros más intereses otorgadas en casi una treintena de laudos arbitrales. Entre los activos ya embargados de forma preventiva, para afianzar dicha cantidad en caso de que los impagos se mantengan una vez que los procedimientos judiciales finalicen, se encuentra el Instituto Vicente Cañada Blanch, las sedes del Instituto Cervantes en Londres y de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció).
En este contexto, los fondos de inversión también han puesto en marcha esta táctica de presión al Estado español en Estados Unidos, aprovechando la celebración del Mundial de fútbol. Así, han solicitado al Tribunal de Distrito de Columbia que requiera información bancaria y comercial a los proveedores de la Selección Española, entre ellos Adidas, Hilton o Vision Hospitality.
La filial de Toyota ya solicitó a la justicia belga la intervención de 482,4 millones de euros relativos a los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea con sede en Bruselas, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire. Ahora la mirada se ha puesto en Países Bajos con la sede de la institución pública para la promoción de la lengua y cultura española. El embargo fue autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado 19 de marzo de 2026, cuando dio luz verde a la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus, según han señalado los acreedores.
España ha rechazado pagar las indemnizaciones alegando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los arbitrajes entre inversores y Estados comunitarios, y que necesita la autorización de la Comisión Europea para que no sea declara ayuda ilegal del Estado. No obstante, Bruselas se ha pronunciado una sola vez sobre estos arbitrajes, en el marco de la demanda del fondo Antin y señaló que es ilegal dicha indemnización. Asimismo, decidió abrir un expediente a Bélgica por autorizar los bloqueos relativos a Enaire, al entender que las solicitudes de bloqueo de bienes “constituyen un intento de eludir las normas sobre ayudas estatales”.
De los 10.635 millones de euros que los inversores han reclamado en un total de 51 demandas de arbitraje, el saldo a pagar se ha reducido más de un 80% al quedarse, por el momento, en cerca de 1.800 millones, más intereses en costas y de demora, reconocidos en 27 laudos dictados a favor de los demandantes. De esta cantidad, el estado español solo ha aceptado abonar a un inversor extracomunitario ―la empresa japonesa JGC― al entender que dicha compensación no incumple el derecho de la Unión Europea, ni tiene riesgo de ser declarada ilegal de Estado por la Comisión Europea. En esta misma situación se encontrarían otros dos litigantes extranjeros.
Las firmas demandantes piden al gobierno español “que ponga fin de una vez por todas a esta controversia” e insisten en que “los impagos solamente traerá más embargos y descrédito internacional”, señalan fuentes cercanas a los acreedores.