La Audiencia Nacional comienza a juzgar la ampliación de capital de Urbas en plena crisis de la compañía
La inmobiliaria se encuentra en concurso de acreedores y en medio de una doble batalla judicial contra el fondo Roundshield, que le reclama 189 millones de euros
La espada de Damocles lleva pendiendo sobre Urbas una década. El consejo de administración de la inmobiliaria decidió hacer en 2015 una ampliación de capital para dar un balón de oxígeno a la compañía tras la crisis inmobiliaria, pero no se imaginaba que se iba a convertir en una odisea. La Audiencia Nacional inició ...
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
La espada de Damocles lleva pendiendo sobre Urbas una década. El consejo de administración de la inmobiliaria decidió hacer en 2015 una ampliación de capital para dar un balón de oxígeno a la compañía tras la crisis inmobiliaria, pero no se imaginaba que se iba a convertir en una odisea. La Audiencia Nacional inició una investigación en 2017 contra la cúpula directiva de Urbas por las supuestas irregularidades cometidas en dicha operación, valorada en 384 millones de euros. Ocho años después llega a juicio. El expresidente de la compañía Juan Antonio Ibáñez, su sucesor en el cargo Juan Antonio Acedo (actual máximo dirigente), y otras 12 personas se sientan a partir del próximo lunes, 9 de febrero, en el banquillo de los acusados por, presuntamente, engañar a inversores en esta operación.
La vista oral, que de acuerdo al calendario inicial previsto se alargará hasta el próximo 26 de febrero, se celebrará en un momento en el que la compañía, que estuvo entre las favoritas para quedarse con los activos de Abengoa en 2023 ―y que le enfrentó a Cox Energy, quien antes fue un aliado para hacerse con la ingeniera andaluza― , atraviesa una difícil situación financiera. La inmobiliaria ha sido recientemente declarada en concurso de acreedores voluntario tras no conseguir homologar judicialmente su plan de reestructuración, con la dura oposición de uno de los principales dueños de la deuda, el fondo de capital privado Roundshield Partners, con el que mantiene una doble batalla judicial.
“Esta losa que hemos tenido encima durante todo este tiempo no ha dejado que la compañía haya podido desarrollarse de forma normal”, asegura el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, en una conversación con este diario, en referencia al daño reputacional que ha causado el procedimiento judicial y por las dificultades para lograr financiación bancaria por los impedimentos de los programas de compliance (cumplimiento normativo). La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años y tres meses de prisión para Acedo y ocho años de cárcel para su antecesor por supuestos delitos societarios y contra el mercado.
La ampliación de capital de julio de 2015 por el importe de 384.488.000 euros (en concreto 307,59 millones de euros en capital social y 76,89 millones de euros de prima de emisión) se hizo mediante aportaciones no dinerarias de todas las participaciones sociales de la sociedad inmobiliaria Aldira Inversiones, en la que se habían integrado una serie de inmuebles cuya valoración conjunta representaba el importe de la operación. Esta será la principal línea de debate en el juicio que dirigirá el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara.
Los directivos de Urbas defienden la legalidad de la ampliación y que todo se hizo conforme a Ley de Sociedades de Capital. Según indican los escritos de defensa de Ibáñez y Acedo, la compañía arrastraba un patrimonio neto negativo aproximado de 48 millones de euros por las pérdidas acumuladas de la crisis del ladrillo y la ampliación de capital fue la fórmula elegida para rescatar a la compañía. Frente a la acusación del fiscal, que asegura que la operación originó un perjuicio a los accionistas, los acusados aseguran que ocurrió todo lo contrario. “Los accionistas preexistentes, entre los cuales estaba yo, como mayoritario, teníamos una acción con valor negativo, y con la ampliación de capital pasó a tener un valor positivo. Lo que hubo fue un beneficio para todo los accionistas”, señala Acedo.
Sin embargo, el ministerio público considera que los bienes de Aldira que se utilizaron para valorar la ampliación de capital estaban “extremadamente sobrevalorados”. Estos activos fueron tasados por un experto independiente de Grant Thornton designado por el Registro Mercantil. El escrito de acusación provisional de la Fiscalía asegura que las conclusiones de este informe de tasación “eran irracionales y ajenas” tanto con respecto a las fincas y sociedades aportadas, como por la situación económica general y del sector inmobiliario.
El caso Urbas es una de las causas que lleva tiempo pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, desde que el Juzgado Central de Instrucción número 4 dictó la apertura de juicio oral en 2021. Los hechos comenzaron a investigarse en septiembre de 2017, tras la admisión de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que un año antes había iniciado unas pesquisas tras recibir una alerta de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria. Con la incoación de la causa, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) suspendió cautelarmente la cotización de las acciones de Urbas anteriores a las de la ampliación de capital para requerir información a la compañía y comprobar la veracidad de los datos lanzados al mercado. El grupo financiero defiende que para ello expertos distintos tasaron de nuevo los activos inmobiliarios y que concluyeron que su valor era de 19 millones más a la realizada en 2015.
Enfrentamiento con el principal acreedor
En paralelo a este procedimiento, en el que no hay ninguna acusación dirigida contra Urbas ni ninguna persona jurídica, sino que aparecen como posibles responsables civiles subsidiarios, la empresa de infraestructuras e inmobiliaria sigue arrastrando dificultades financieras que le han llevado al concurso de acreedores. La compañía solicitó el pasado septiembre del concurso voluntario, si bien el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid lo acordó a finales de enero.
Urbas instó el concurso de manera preventiva después de que el plazo habilitado para cerrar un acuerdo con los acreedores concluyera sin éxito. El 30 de abril, la CNMV volvió suspender su cotización tras presentar unas cuentas no auditadas. Según consta en los resultados sin el informe del auditor disponibles en el supervisor de los mercados, en 2024 el grupo tuvo unas pérdidas de 137,14 millones de euros que la empresa achacó al proceso de reorganización de sus empresas de construcción. Este hecho precipitó que la compañía iniciara en mayo las conversaciones con el objetivo de reestructurar su deuda cercana a 200 millones de euros, pero ello dio a pie al conflicto que mantiene contra uno de los acreedores clave.
Urbas propuso un plan, asesorado por la firma de consultoría internacional Alvarez & Marsal como experto en reestructuración, que no contemplaba quitas de deuda y contó con el apoyo de 53 acreedores, que representaban un 25,7% del total del pasivo afectado y el 76,8% de la deuda nominal, según comunicó a la CNMV. No obstante, el fondo luxemburgués Roundshield se opuso rotundamente, se anticipó y presentó en el juzgado su propia propuesta de reestructuración, apoyado en la valoración de FTI Consulting.
Además, aprovechando esta situación, el fondo inició la vía judicial en Reino Unido para reclamar hasta 189 millones de euros a la inmobiliaria por el impago del contrato de financiación firmado en 2020, al tiempo que ejecutó la garantía del préstamo en cuestión en Luxemburgo, alegando que el valor de los activos era cero. Por su parte, Urbas ha pasado al contraataque y ha presentado una querella por estafa procesal contra Roudnshield, que ya se tramita en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.