Un cónsul que ya no existe, la razón por la que la justicia francesa anula el caso de 13.000 millones sobre el sultán de Joló
La Corte de Apelación de París reitera que la cláusula para resolver disputas fijada en el contrato del siglo XIX que ha enfrentado a Malasia con los herederos del exdirigente asiático no tiene validez
La justicia francesa ha dado un golpe decisivo en el caso del sultán de Joló, considerado uno de los más caros de la historia del arbitraje y que ha salpicado a España, que recientemente esquivó una demanda millonaria relacionada con este asunto. La Corte de Apelación de París ha dejado sin validez el laudo que condenó a Malasia a indemnizar a ocho ciudadanos filipinos con más de 13.000 millones de euros, y por el que la petrolera estatal Petronas tiene activos bloqueados, por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX que firmó su antepasado, el entonces sultán de Joló (unas islas al suroeste de Filipinas) con unos comerciantes europeos para el arrendamiento de recursos naturales. El motivo para anular este fallo arbitral, que lleva dando vueltas desde 2022, es que a día de hoy ningún árbitro puede resolver la disputa.
El contrato en cuestión, para la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas, contenía una cláusula que designaba al cónsul de la corona británica en Brunéi como único árbitro para resolver cualquier disputa relacionada con el acuerdo comercial. Esta figura diplomática a día de hoy no existe, ya que Malasia (Estado al que en la actualidad pertenece el antiguo territorio de Joló) se independizó del Reino Unido en 1957. Pese a ello, el contrato tampoco ha sido nunca actualizado para designar un nuevo mediador en caso de conflicto. Por este motivo, el tribunal francés, en una sentencia que se notificó este martes, 9 de diciembre, ha señalado que el laudo que condenó al país asiático a indemnizar a los descendientes del sultán no tiene validez legal porque no hay un árbitro habilitado para resolver el pleito, según han indicado fuentes jurídicas conocedoras de este caso.
La Corte de Apelación ya se pronunció, en junio de 2023, sobre este aspecto. En una sentencia por la que anuló la resolución que, en un principio, autorizaba resolver el arbitraje en París ya destacó que la cláusula arbitral incluida en el contrato de hace 147 años no tiene validez en la actualidad, debido a que el cónsul británico en Brunéi ya no existe. El Tribunal Supremo francés confirmó esta decisión en noviembre de 2024.
Pero el caso volvió a la Corte de Apelación (la instancia inferior) porque tenía pendiente de resolver otro recurso presentado por Kuala Lumpur ―asesorado por el despacho de abogados Uría Menéndez— acerca de la validez en sí del laudo. La reciente sentencia insiste en lo manifestado previamente. Asimismo, condena a los herederos a abonar 200.000 euros en costas, algo que según las fuentes consultadas es insólito porque la justicia francesa suele condenar por este concepto a cantidades mínimas. El fallo puede ser recurrido ante el alto tribunal francés, cuya opinión es difícil que cambie teniendo en cuenta que tampoco reconoció la validez de la cláusula arbitral.
Madrid, primera sede del arbitraje
Los herederos del sultán de Joló, cuyas pretensiones están financiadas por el fondo de litigación Therium, iniciaron en 2018 el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, contra Malasia porque en 2013 rompió el contrato de arrendamiento de las tierras, que en la actualidad se encuentran localizadas en Borneo Oriental. Los demandantes intentaron en esa fecha renegociar el alquiler porque en las décadas de los 80 y 90 se hallaron nuevos recursos naturales (como petróleo y gas), pero las autoridades malasias no solo rechazaron actualizar el pacto, sino que se negaron a seguir pagando las cuotas, al entender que era un gasto innecesario, debido a que dicho territorio le pertenecía desde que se independizó.
Para resolver esta disputa, se eligió Madrid como sede del arbitraje, porque las islas de Joló tuvieron influencia española en el siglo XVIII. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) designó en 2019 al abogado Gonzalo Stampa como árbitro, si bien ante las quejas de Malasia, que invocó vulneración de derecho a la defensa por no haber sido notificado correctamente, la justicia madrileña anuló el nombramiento del árbitro en 2021, pese a que el proceso ya estaba en marcha.
Stampa entendió que dicha decisión judicial era una intromisión a su labor y siguió adelante con el arbitraje. Así, trasladó la sede del procedimiento a la capital francesa, desde donde dictó el laudo final (que acaba de ser anulado), en mayo de 2022, y obligó a Malasia a indemnizar a los herederos del antiguo sultán de Joló con 14.920 millones de dólares (alrededor de 13.000 millones de euros), lo que supone cerca del 14% del gasto público del país asiático. La justicia española desautorizó al árbitro y le condenó a seis meses de prisión y un año de inhabilitación por desobediencia, pena confirmada por el Tribunal Supremo español el pasado octubre. No obstante, el tribunal de apelación francés no ha hecho ninguna mención al respecto, sino que se ha limitado a valorar la cláusula arbitral del contrato firmado por el sultán de Joló y los comerciantes europeos.
Las derivadas del caso
Con el laudo a su favor, los herederos solicitaron en varios tribunales su reconocimiento y ejecución para lograr cobrar la compensación. Además de en Francia, acudieron a Países Bajos, donde el Tribunal de Apelación de La Haya (Países Bajos), tampoco reconoció el fallo. Por otro lado, los demandantes solicitaron a la justicia de Luxemburgo el embargo preventivo de las cuentas bancarias de dos de sus filiales, Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) y Petronas South Caucaus (dos sociedades vinculadas a proyectos en el Mar Caspio), como forma de asegurar la indemnización. Las fuentes jurídicas consultadas indican que Malasia aportará el reciente fallo de la justicia francesa para solicitar el levantamiento del bloqueo. Y mientras todo ello se resuelve, el Estado asiático, a través de estas filiales de la petrolera, prepara acciones legales contra el árbitro Gonzalo Stampa por los daños causados con el dictado de su laudo.
En paralelo a la disputa con Malasia, ante las dificultades para cobrar la indemnización, los herederos del exdirigente asiático plantearon otra demanda de arbitraje contra España bajo la acusación de obstaculizar el cobro de la compensación. Por ello, le reclamaron 18.000 millones de dólares (más de 15.000 millones de euros), si bien el Ciadi desestimó el pasado mes de noviembre la demanda por falta de jurisdicción.
Sobre la firma
