Repsol gana a Hacienda en los tribunales y evita pagar una reclamación de más de 100 millones
La Audiencia Nacional estima en parte un recurso de la energética por las deducciones aplicadas al impuesto de sociedades derivado de su actividad en Argelia y Libia hace más de una década
Victoria importante de Repsol en los tribunales. La energética ha logrado que la Audiencia Nacional estime parte de sus argumentos, lo que le vale para evitar gran parte de una reclamación de más de 100 millones de euros de Hacienda, según señalan fuentes jurídicas próximas al caso. Concretamente, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz se opuso a una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que desestimó otra reclamación previa por el impuesto de sociedades que pagó la petrolera entre 2010 y 2013.
La Agencia Tributaria abrió una inspección sobre Repsol por las deducciones que se había aplicado respecto de las pérdidas registradas en Argelia, Libia, Ecuador y Perú, países donde la compañía desarrollaba y desarrolla actividades de exploración y producción de crudo. Las fuentes consultadas señalan que Hacienda cambió algunos criterios técnicos y decidió que no podía aplicarse dichas deducciones sobre el impuesto sobre sus beneficios, por lo que dictaminó que la empresa debía liquidar 101,5 millones de euros.
Repsol se opuso a estas conclusiones y paralizó la liquidación. En vista de que el tribunal administrativo dependiente de Hacienda no contempló sus argumentos, decidió acudir a la Audiencia Nacional, que sí ha estimado algunas de las reclamaciones.
Concretamente, la sala de lo contencioso-administrativo que ha dirimido este caso ha sentenciado que puede deducirse las pérdidas de los establecimientos de Argelia y Libia. Esto supone, según las fuentes consultadas, evitar el pago de gran parte de esos más de 101 millones de euros. Sin embargo, mantuvo el criterio para los establecimientos de Perú y Ecuador, por lo que Repsol aún tiene pendiente de liquidar una parte de la reclamación de Hacienda.
Fuentes de Repsol han declinado hacer comentarios y no han confirmado si recurrirán dicha sentencia, que fue emitida el pasado 9 de octubre. El fallo detalla que tenían 30 días para presentar un recurso de casación. Fuentes de la Agencia Tributaria han declinado hacer comentarios y no han confirmado si recurrirán dicha sentencia, que implica una pérdida de recaudación de varias decenas de millones de euros para las arcas públicas.
Pese a que en lo relativo a la cuestión económica Repsol puede eludir con esta sentencia la mayor parte de la reclamación, el fallo judicial rechaza la mayoría de las cuestiones reclamadas. La Audiencia Nacional no admite las deducciones pendientes de aplicar, ni la aplicación de deducción por doble imposición, ni la deducibilidad de los intereses de demora, ni las deducciones por Perú y Ecuador. No obstante, al estimar en parte el recurso (deducciones por pérdidas en Libia y Argelia) no le impone las costas procesales.
Además del anterior litigio fiscal, Repsol suma otras controversias con Hacienda en España. Concretamente, la compañía describe tres procedimientos aún vivos. “En relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2017 a 2020, el Tribunal Económico-Administrativo Central desestimó la reclamación interpuesta por el asunto relativo a los créditos fiscales por actividades e inversiones en el extranjero. Contra la resolución administrativa, se ha interpuesto recurso ante la Audiencia Nacional”, detalla la compañía presidida por Antonio Brufau en su último informe semestral presentado el pasado mes de julio a la CNMV.
“En relación con los recursos del tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos (ejercicios 2013-2018) continúan en su mayor parte pendientes de sentencia ante la Audiencia Nacional, si bien se han recibido dos sentencias desestimatorias que serán recurridas ante el Tribunal Supremo”, añade Repsol en la documentación remitida a sus inversores.
Por último, la energética explica que “en lo que respecta al Gravamen Temporal Energético ingresado en 2024, se ha iniciado un procedimiento de comprobación que, al igual que la comprobación relativa al ejercicio 2023, finalizará sin imposición de sanciones, y con discrepancias en cuanto a la inclusión de determinadas operaciones en la base de cálculo del Gravamen”. Este tributo que instauró el actual Gobierno de España entre 2023 y 2024 ha generado gran controversia entre las compañías y el Ejecutivo. Repsol ha sido una de las más beligerantes, ya que se trata del mayor contribuyente por dicho gravamen. La compañía pagó 443 millones de euros en 2023 y otros 335 millones de euros en 2024.
El Ejecutivo llegó a plantearse que este tributo fuera permanente y se volviera a pagar en 2025. Sin embargo, el Gobierno no logró el apoyo suficiente en el parlamento para que este impuesto siguiera adelante, como sí ocurrió con el sector bancario. Entre los que se opusieron estaba el PNV, partido habitualmente socio del Gobierno pero que cuenta con grandes energéticas en su territorio como Iberdrola o Petronor (propiedad de Repsol).
