Los propietarios de pisos turísticos en Barcelona se aferran a la justicia europea para evitar ser “expropiados”
Elevan una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para frenar la supresión de sus licencias en 2028
Los propietarios de las 10.000 licencias de pisos turísticos en Barcelona están dispuestos a perseverar en la guerra legal con el ayuntamiento de la capital catalana para evitar que en 2028, tal y como ha prometido el alcalde Jaume Collboni, se queden sin licencias con las que explotar sus viviendas.
La primera batalla la están librando contra la Generalitat de Cataluña, que aprobó en 2023 un decreto en el que daba potestad a los municipios para acabar con las licencias para las viviendas de uso turístico. Barcelona fijó la fecha para 2028 y los propietarios empezaron a interponer reclamaciones patrimoniales contra el gobierno autonómico por un importe de 4.250 millones de euros. “Incluyen el lucro cesante y todas aquellas inversiones que se iban a acometer y que no se van a poder hacer”, recalca Marian Muro, directora general de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). “No hemos obtenido respuesta hasta ahora y la norma establece que si transcurren seis meses sin respuesta, la demanda será desestimada automáticamente por silencio administrativo”.
Ante esa falta de respuesta han escogido una de las reclamaciones interpuestas contra la Generalitat y la han utilizado para presentar un recurso ante un tribunal contencioso-administrativo. Y allí han pedido al juez que eleve al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una cuestión prejudicial por entender que la supresión de las licencias de viviendas de uso turístico vulnera determinados preceptos legales comunitarios. “Confiamos en que diga que es ilegal esa expropiación y por eso la hemos planteado. Esperamos que esté resuelta en un plazo de ocho o nueve meses desde que se presentó. Si prospera esa cuestión prejudicial, las reclamaciones patrimoniales ya no tendrán sentido”, reconoce en una entrevista con este periódico.
Las cuestiones prejudiciales se plantean por los jueces nacionales de los países de la Unión Europea para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la normativa europea y así evitar interpretaciones diferentes. Uno de sus principales efectos es la suspensión del procedimiento y la decisión no solo vincula al juez que las planteó, sino a todos los que deban resolver iguales problemas.
“Sin pisos turísticos, el Mobile se irá de Barcelona”
Muro es una perfecta conocedora de los entresijos de la colaboración público-privada en materia de vivienda y urbanismo, tras una dilatada carrera de 20 años en el turismo, donde ha ocupado cargos empresariales, como directora de la Asesoría Jurídica y gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), directora general de Grupo Julià o consejera independiente de Guitart Hotels. En paralelo, también ha desempeñado cargos públicos, como directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña o directora de Turismo de Barcelona.
La ahora directora general de Apartur reconoce su sorpresa por la ausencia de interlocución con el gobierno municipal frente a lo que considera una “expropiación” a sus asociados y confía en que Bruselas tumbe la propuesta de Collboni: “Debe explicar tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Barcelona que a los propietarios no se les puede hacer renunciar a un derecho adquirido, como es el de explotar sus viviendas para turistas”.
En cualquier caso, acusa a ambas administraciones de realizar un diagnóstico erróneo sobre el impacto negativo de los pisos turísticos en la crisis de vivienda en Barcelona. Frente a aquellos que consideran que los 10.000 pisos que ahora se explotan para turistas en Barcelona pasarán al mercado residencial, Muro aclara que no será así. “Muchos propietarios las dejarán vacías por la inseguridad jurídica derivada de la suma de impagos, vulnerabilidad y ocupación”. La directora general de Apartur también rebate la idea de que no son necesarios para garantizar la oferta al turismo y remarca que son imprescindibles en los grandes acontecimientos empresariales, cada vez más frecuentes en la capital catalana. “Solo hay 77.000 plazas hoteleras en Barcelona y en un evento como el Mobile son necesarias más de 146.000 plazas. Sin los pisos turísticos, el Mobile se irá de Barcelona”.
La directora general de Apartur cree que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona y amparada legalmente por la Generalitat es “desproporcionada y discriminatoria” y recurre a un informe encargado adhoc a PwC para plantear alternativas menos lesivas. “Barcelona tiene más de 58.000 viviendas vacías y 27.000 dedicadas a otros negocios, cifras que superan con creces la cifra de 10.000 alquileres de corta duración. Todas se podría dedicar a vivienda. Pero eso apenas tendría impacto en el precio. La demanda está en permanente activación”.
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