La batalla contra Ryanair, Easyjet, Vueling o Volotea por el cobro del equipaje de mano escala hasta Bruselas
La organización de asociaciones de consumidores BEUC denuncia a siete aerolíneas de bajo coste ante la Comisión Europea, secundando al ministerio español de Consumo en la persecución de prácticas comerciales “abusivas”
El conflicto judicial por el cobro de la maleta de mano en la cabina de viajeros de los aviones, abierto en España y que afecta a las principales aerolíneas de bajo coste, se extiende ya por toda Europa. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha cumplido con su advertencia de denunciar ante la Comisión Europea a un ramillete de compañías aéreas que llegan a incluir entre sus tarifas el equipaje que el viajero lleva consigo al embarcar. Esta federación de asociaciones de usuarios, junto a 16 de sus organizaciones de 12 países de la Unión Europea, ha escalado hasta Bruselas la batalla que se libra desde hace años entre el Ministerio de Consumo y las low cost.
Salen de nuevo señaladas Ryanair, Easyjet, Vueling, Volotea y Norwegian, duramente sancionadas en este país por Consumo. Y la BEUC suma ahora a la francesa Transavia y la húngara Wizzair, también bajo investigación por parte de Consumo, pero aún sin multa. Las siete están entre las mayores referencias del transporte aéreo europeo.
Desde la BEUC se insiste en que se están cobrando comisiones indebidas a los viajeros por su equipaje de mano, ante lo que reclama una investigación que alcance no solo al mercado español sino a la Unión Europea y a todo el sector aéreo. Esta ofensiva se produce en medio del debate entre aerolíneas y la CE acerca de la estandarización de las dimensiones de la maleta, mochila o bolso que puede ser considerado como equipaje gratuito en la cabina de viajeros.
Una de las demandadas, Ryanair, afirma haber recibido esta mañana la denuncia presentada ante la CE y espera que las autoridades comunitarias confirmen que su política de equipaje de mano “cumple plenamente” la legislación de la UE (Reglamento 1008/2008), que otorga a todas las aerolíneas de la UE libertad para fijar precios. La irlandesa recuerda que sus viajeros pueden llevar a bordo una maleta personal de 40 x 25 x 20 centímetros como parte de su tarifa básica. A partir de un bulto de esas proporciones, ofrece la opción de añadir otros cobrando.
Esta política, defiende Ryanair, fomenta tanto las tarifas bajas como la capacidad de elección del consumidor. “Si se obligara a las aerolíneas a incluir equipaje de mano adicional como parte de la tarifa básica, se reducirían las posibilidades de elección y subirían las tarifas aéreas para todos los pasajeros”, ha explicado a través de un comunicado en el que insta a la BEUC a perseguir a las agencias online (OTAs), “que siguen induciendo a pagar márgenes ocultos injustificados por vuelos y productos complementarios que cuestan mucho menos en los sitios web de las aerolíneas”.
También ha reaccionado contra la denuncia la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que defiende la tarificación de la maleta en cabina como “perfectamente legal y amparada en el Reglamento Europeo 1008/2008, que es de obligado cumplimiento en los Estados miembros”. Esta asociación, que agrupa al sector aéreo con actividad en España, subraya que “más de 50 millones de pasajeros en 2024 viajaron sin llevar consigo una trolley. De prohibirse esta práctica, estos 50 millones de pasajeros tendrían que pagar por un servicio que no requieren, viendo incrementado sus costes del viaje". Desde ALA se pone el acento en la discrepancia en la interpretación de los tribunales sobre este asunto, como prueban las más de 40 sentencias que avalan la política de las aerolíneas.
Derechos del consumidor
El director general de BEUC, Agustín Reyna, se ha referido esta mañana al temor que experimentan los viajeros a que “el equipaje de mano no encaje con las dimensiones de determinadas aerolíneas y que se les cobre un extra por ello”. Este representante de los consumidores habla de la explotación a los particulares por parte de empresas que “están ignorando al máximo tribunal de la UE, que dictaminó la ilegalidad de un coste adicional por el equipaje de mano de tamaño razonable”.
La asociación aprecia una oportunidad para sacar adelante su posición en la actual revisión del reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. En ese contexto, se afirma desde la BEUC, la UE debe aclarar qué servicios deben incluirse en el precio básico del billete de avión. “Los responsables políticos han de definir el tamaño y peso del equipaje de mano de dimensiones razonables para evitar sorpresas en el aeropuerto y, en última instancia, reducir el número de disputas que están costando tiempo y dinero a los consumidores y aerolíneas”, zanja Reyna.
Como antecedente de referencia a esta denuncia en Bruselas destaca la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en que se dicta que el equipaje de mano no puede someterse a un suplemento de precio, siempre que cumpla con requisitos razonables en cuanto a su peso y dimensiones. El viajero también debe atender a cuestiones de seguridad y capacidad expresadas por la aerolínea antes de acomodar su maleta en la cabina.
En España, la OCU presentó una queja formal ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que terminó multando el pasado mes de noviembre a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian) con un total de 179 millones de euros. Se les imputó prácticas comerciales abusivas, como el cobro por el equipaje de mano, imponer tarifas extra por reservas asientos contiguos para menores y personas dependientes, o la falta de claridad en los precios que finalmente se cobran a los viajeros en comparación con los billetes ofertados en las páginas web. La histórica sanción abrió un duro enfrentamiento de Ryanair (carga con el 60% de la pena económica) con el ministro Pablo Bustinduy, al que la empresa ha descalificado en numerosas ocasiones en los últimos meses.
“Lo que el Gobierno de España está intentando hacer es proteger la ley, que defiende los derechos de los consumidores”, ha señalado en rueda de prensa en Bruselas el ministro Pablo Bustinduy junto con responsables de la BEUC.
Este tipo de acciones comerciales también fueron denunciadas en Bélgica por la asociación Testachats/Testaankoop o en Portugal por el colectivo DECO. El pasado mes de marzo, la BEUC tomó el testigo del ministerio de Bustinduy en la acción contra las compañías aéreas de bajo coste. Fue en una reunión ejecutiva de la organización celebrada en Madrid, a la que el ministro asistió como invitado y en la que se anunciaron medidas que comienzan a llegar. La propia CE supervisa desde hace semanas la actuación del Gobierno español por si Consumo se ha excedido en sus competencias.
La resolución de noviembre en España cerró el expediente sancionador iniciado en junio de 2023 por la Secretaría General de Consumo y que amenazaba con multas a algunas de las mayores referencias del bajo coste. A finales de mayo de 2024 Consumo advirtió que el correctivo sería superior a los 150 millones. En esos momentos eran tumbados los recursos de casación por parte de las empresas ante el ministerio. Ahora es la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la que debe dirimir este enfrentamiento, en el que las aerolíneas defienden con sus recursos que el citado Reglamento UE1008/2008 permite la libertad tarifaria en el transporte aéreo.
Las compañías también pretenden hacer valer la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de 2014, en la que se abrió la mano a la tarificación de la maleta en cabina cuando excede “las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones”, sin entrar a fijar cuáles son esas medidas. Desde Consumo se aprecia, no obstante, que su sanción, basada en la misma resolución del TJUE, respeta la legislación comunitaria.
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