El BBVA mantiene la puerta abierta a una opa sin fusión tras la consulta del Gobierno
El mercado duda de las líneas rojas que harían retirarse al banco que preside Carlos Torres
El BBVA mantiene la puerta abierta a adquirir el Sabadell, pero no fusionarlo, si el Gobierno termina por vetar la unión entre ambas entidades tras la opa. La idea, que ha sido deslizada por la cúpula del banco en los últimos meses, se mantiene sobre la mesa después de que el Gobierno haya abierto una consulta popular sobre si endurecer y cómo las condiciones de la opa. La clave, tanto para el Ejecutivo como para las dos entidades, está en ver cuáles son las cuestiones que harían descarrilar la transacción.
Esta consulta pública, que se extenderá hasta el viernes 16 de mayo, ha sentado como un jarro de agua fría a la cúpula del BBVA, que veía cómo la aprobación de la transacción por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por unanimidad y con compromisos asumibles desatascaba la opa. Temen que sea una excusa del Gobierno para complicar la transacción. La consulta, no obstante, tampoco ha disipado las dudas en el Sabadell, donde se preguntan si el Gobierno llegará a imponer condiciones tan duras como para hacer caer la opa.
La cuestión que otea el mercado es cuáles son esas líneas rojas exactamente. “Puede aceptar más condiciones para la oferta, siempre que estas no afecten ni a la mejora prevista en el beneficio por acción ni a la rentabilidad”, indica un analista especializado en el sector. Otras fuentes del mundo bancario señalan que la entidad que preside Carlos Torres aceptará casi cualquier cuestión, con el objetivo de llegar al periodo de canje, donde se dirimirá el éxito de la transacción. “No esperas 11 meses para retirarte ahora”, resumen.
El Ejecutivo, en puridad, no puede parar la operación, como le piden algunos de sus socios, pero sí puede poner unas condiciones que la hagan imposible. Por ejemplo, endurecer las cuestiones ya planteadas por Competencia o pronunciarse sobre otros asuntos, como el cierre de oficinas o el despido de empleados, algo que entronca con las cuestiones de interés general por las que el Ejecutivo debe velar en este punto del proceso, según reza la ley de Competencia.
Además, el Gobierno sí puede prohibir que las dos entidades se fusionen después de la opa. De hecho, el propio presidente del Sabadell, Josep Oliu, reclamó en la última junta de accionistas que el Ejecutivo aclarase si pensaba prohibir el matrimonio de ambos bancos. Se trata de la conocida en el mercado como solución Banesto (en referencia a que el Santander mantuvo durante años separada la entidad que presidió Mario Conde); es decir, adquirir ahora el Sabadell, mantenerlo como entidad independiente y fusionarlo años después, cuando haya en La Moncloa un Gobierno más favorable.
Si bien el plan A de la entidad de origen vasco sigue siendo fusionar ambos bancos, poco a poco, durante los últimos meses, ha ido abriendo la puerta a no ejecutarla. El planteamiento se apoya en que la mayor parte de las sinergias (450 millones de un total de 800 millones) proceden de cuestiones administrativas y no tanto por despidos de personal. El consejero delegado del banco, Onur Genç, lo reafirmó el martes pasado, en la presentación a analistas de los últimos resultados del banco: “Pensamos que la fusión tiene sentido. Pero si la fusión no ocurre, ya hemos dicho antes que pensamos que la mayor parte de los ahorros y sinergias se mantendrían y los números aún serían favorables. Pero veremos cómo se desarrolla el proceso”, aseguró entonces Genç.
“El Gobierno debe ser agresivo si quiere parar la opa. Si simplemente prohíbe la fusión o endurece las cuestiones de la CNMC, la oferta saldrá”, señala una fuente próxima al proceso. Hasta ahora, el BBVA ha demostrado una amplia flexibilidad a la hora de aceptar no solo una opa sin fusión, sino también el endurecimiento de los requisitos impuestos por Competencia. Por ejemplo, el hecho de que los plazos de blindaje de condiciones y crédito a las pymes se haya extendido de 18 meses a entre tres y cinco años.
Hasta ahora, la cuestión que parecía poder tumbar el proceso ha sido que obligasen al BBVA a vender partes del negocio conjunto. Fue lo que el Sabadell propuso a la CNMC hace meses, en sus alegaciones al proceso, pero que Competencia no consideró. De hecho, el consejero delegado, César González-Bueno, ha descartado que el Gobierno introduzca esta condición, dado que lo considera más cercano al ámbito de Competencia que al interés general por el que debe velar el Ejecutivo.
Otra clave será, si el Gobierno no consigue hacer que el BBVA retire la oferta, qué decidirán los accionistas. Previsiblemente la decisión del Ejecutivo llegará a finales del mes de junio y después será el turno para que la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) dé el visto bueno al folleto y se abra el periodo de canje, de entre 15 y 70 días. El BBVA podría imponer un plazo exprés, que dejase la opa vista para sentencia en ese mismo mes de abril o extenderlo hasta septiembre, con el objetivo de salvar el verano.
Será entonces cuando los accionistas del Sabadell tengan que decidir si aceptan la puja del BBVA. Para ello será clave el impacto concreto de todas las medidas que el Ejecutivo y la CNMC impongan sobre la cifra de sinergias. Y si eso puede disuadir a los accionistas de acudir a la opa.
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