El Estado y los bonistas decidirán el futuro de Telefónica Perú
La filial andina propondrá a los principales acreedores una reestructuración de la deuda de más de 1.200 millones de euros
La presidenta ejecutiva de Telefónica Perú, Elena Maestre, ha señalado que los principales acreedores de la operadora que son el Estado, por la deuda fiscal que acumula la compañía, y los bonistas, serán lo que decidan el futuro de la compañía cuando esta les presente el plan de reestructuración de deuda. Telefónica del Perú anunció el pasado viernes que solicitará concurso de acreedores ante la crisis financiera por la que atraviesa debido fundamentalmente al litigio fiscal que mantiene desde hace dos décadas con la Hacienda del país.
Los estados financieros de la filial andina de 2024, auditados por PWC, cifran el principal de la deuda de Telefónica Perú en 4.838 millones de soles, que equivalen a unos 1.241 millones de euros. El mayor acreedor es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) -la Agencia Tributaria peruana-, con 2.473 millones de soles, unos 634,5 millones de euros. En segundo lugar, figuran los tenedores de bonos emitidos por la compañía, en un volumen total de 2.365 millones de soles, unos 606,3 millones de euros.
Telefónica Perú presentará formalmente esta semana la solicitud de Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este organismo tendrá 90 días para contestar a la solicitud, aunque se trata de un trámite administrativo y el procedimiento normal es que lo apruebe sin condiciones. Una vez que se declare el concurso, la empresa estará protegida frente a sus deudores. Además, tras esta aprobación por el Indecopi, Telefónica Perú podrá presentar un plan de reestructuración de la deuda en la Junta de Acreedores. Este organismo, donde estarán representados todos los acreedores encabezados por la Hacienda peruana y los bonistas, es el que debe decidir si acepta la propuesta de la empresa, la rechaza o presenta un plan alternativo.
“Tenemos un plan y nuestra idea, desde luego, es reestructurar la compañía y aislar toda esa deuda financiera para ir pagándola. No solamente es la deuda con el Estado. Tenemos dos grandes acreedores, los bonistas y el Estado, y no hay grandes diferencias. Eso significa que ellos controlarían la Junta de Acreedores”, ha señalado Maestre en una entrevista con El Comercio de Perú.
A fin de continuar con el servicio, y evitar los impagos a proveedores y empleados, Telefónica Hispam, de la que depende societariamente la filial peruana, ha inyectado mediante un crédito 394 millones de euros (1.549 millones de soles peruanos), con un vencimiento de 18 meses, que servirán para hacer frente a las necesidades inmediatas de pagos hasta que se celebre esa Junta de Acreedores. De esta forma, el grupo Telefónica también se convertirá en uno de los acreedores principales, aunque Maestre no aclara en qué porcentaje estará representado en esa Junta de Acreedores.
Esta inyección desde la matriz para mantener a la filial peruana no es la primera que se produce. El informe de auditoría realizado por PWC desvela que “para mejorar la situación financiera” de la filial, Telefónica Hispam ha tenido que realizar dos préstamos a la compañía a lo largo de 2024 por un importe conjunto de 2.070 millones de soles (532,5 millones de euros). El primero de ellos, de 771 millones de soles (198,3 millones de euros), se desembolsó entre abril y mayo, mientras que el segundo, de 1.299 millones de soles (334,14 millones de euros), se abonó entre julio y octubre.
“Todo el proceso básicamente se trata de cómo conseguimos aislar unas deudas financieras a las que no éramos capaces de hacer frente y continuar prestando el servicio. En ese orden de cosas, siempre y cuando efectivamente seamos capaces de ir derivando ese plan, todos nuestros planes de inversión continuarán como hasta ahora. Los 13 millones de clientes no van a sentir ningún impacto de toda esta reestructuración. Nuestro objetivo es que no haya ninguna interrupción en el servicio” aclara Maestre.
Para organizar el proceso, la compañía ha contratado los servicios de la empresa Kroll, una consultora de asesoramiento financiero que integrará a un miembro de su equipo como Director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer). “Nosotros lo que estamos haciendo es presentar un documento ante Indecopi, precisamente para reestructurar nuestras deudas, no para no pagarlas. Entonces, necesitamos que nuestros acreedores nos acompañen en este proceso”, asegura Maestre.
La compañía ya explicó en el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes que su intención era continuar con la operativa en el país y mantener el plan de inversiones para el despliegue en las nuevas redes. La filial peruana cuenta con un total de 13 millones de clientes entre zonas urbanas y rurales en el país. No obstante, la multinacional española ha admitido que valora todas las posibilidades. Entre ellas, estaría la venta de la filial, una operación con la que han mantenido conversaciones con potenciales interesados, aunque no han llegado a ningún compromiso en firme.
Pérdidas millonarias
La situación financiera de Telefónica Perú es crítica. En 2024, registró unas pérdidas netas de 3.391,59 millones de soles peruanos (872 millones de euros al cambio actual), lo que supone multiplicar por 5,5 veces (+452,83%) los números rojos de 613,48 millones de soles (157,8 millones de euros) del ejercicio anterior, según el informe de auditoría de la filial realizada por PWC. La filial andina de Telefónica facturó el año pasado 6.020 millones de soles (1.548,5 millones de euros), lo que supone un 7% menos respecto a 2023.
El informe de auditoría de PWC resalta que la “alta competitividad del sector de las telecomunicaciones” y la materialización de las “contingencias tributarias” han impactado en los resultados de la filial y en su estructura patrimonial, lo cual ha afectado al “cumplimiento de sus objetivos comerciales y financieros”. El importe reconocido como provisiones para contingencias por litigios fiscales a corto plazo de Telefónica Perú a 31 de diciembre de 2024 ascendía a 2.473,15 millones de soles (unos 636,2 millones de euros). Esa cifra incluye 1.052,35 millones de soles (270,69 millones de euros) “pendientes de liquidación” por parte de la administración tributaria peruana y relacionados “con litigios por los que la gerencia considera que la pérdida es probable y el importe de la pérdida se ha podido estimar de forma fiable”.
De hecho, a mediados del año pasado, Telefónica Perú informó del pago de 1.361 millones de soles (350 millones de euros) a la Sunat en cumplimiento de una sentencia judicial ligada a la declaración del Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001. No obstante, en septiembre de 2024, la Justicia peruana ordenó al Estado sudamericano devolver a Telefónica 347 millones de soles (casi 88 millones de euros) correspondientes al Impuesto a la Renta del año 2000.
Este conflicto fiscal se va a dirimir en un arbitraje internacional. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, ha fijado para este mes de febrero varios días de audiencias para escuchar los argumentos de ambas partes del conflicto y decidir si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y la República de Perú. Por estos hechos, la empresa de telecomunicaciones reclama la devolución de 1.122 millones de euros.
Sobre la firma