Finetwork pactó una quita de 40 millones con Vodafone para renovar su acuerdo
La operadora, que aún no ha presentado las cuentas de 2023, decidirá en las próximos semanas el sustituto de Vilda con el exCEO de Simyo como candidato
Finetwork es lo que en la jerga del sector se conoce como un operador móvil virtual (OMV), es decir, que no tiene red propia y debe usar la infraestructura de otras compañías para ofrecer servicio a sus clientes. En el caso de la empresa alicantina, utiliza la red de fibra y móvil de Vodafone desde el inicio de sus operaciones. A finales de mayo pasado, y tras tensas negociaciones, renovó al acuerdo de alquiler mayorista que mantenía con Vodafone por un plazo de diez años. Pero ese contrato escondía una cláusula entre ambas empresas que no se hizo público: una quita de en torno a los 40 millones de euros a cuenta de la deuda que tenía Finetwork por el anterior contrato.
Desde Finetwork señalan que ambas partes estuvieron de acuerdo en cerrar esa quita y otros contenciosos que arrastraban en su relación comercial aprovechando la renovación y ampliación del contrato. Además, señalan que, desde la firma de este nuevo pacto, la operadora ha cumplido escrupulosamente con todos los pagos. Por su parte, desde Vodafone España declinaron hacer comentarios.
La renegociación del contrato mayorista coincidió con el cambio de propiedad de Vodafone, adquirida por el fondo Zegona por 5.000 millones de euros, y se cerró precisamente a finales de mayo pasado. Aunque oficialmente el contrato fue firmado por el anterior consejero delegado de Vodafone España, Mário Vaz, las negociaciones finales se llevaron a cabo por el equipo de Zegona, encabezado por José Miguel García, que formalmente tomó el mando de la compañía formalmente el 1 de junio.
Los nuevos gestores, ante el temor de que se les escapara su principal cliente mayorista, decidieron hacer borrón y cuenta nueva. Y para conseguir la renovación del contrato aceptaron una quita a Finetwork de en torno a 40 millones de euros de una deuda que arrastraba por la liquidación de ejercicios anteriores a cambio de una serie de condiciones en la renovación, informaron a este diario fuentes conocedoras del conflicto.
Un tira y afloja
De hecho, la renovación del acuerdo derivó en un largo tira y afloja entre las partes que dio lugar a que venciera en abril el anterior contrato que databa de 2019. El entonces consejero delegado de Finetwork, Óscar Vilda, tras tomar posesión de su cargo en abril de 2023, en su primer acto con la prensa amenazó a Vodafone con no renovar el acuerdo de alquiler si no rebajaba sus pretensiones económicas. El ejecutivo alegó que, aunque la prioridad era mantenerse en la red de Vodafone, estaba en negociaciones con los otros operadores con red (Telefónica y Orange). El anuncio de Zegona a finales de octubre de 2023 de la compra de Vodafone España complicó aún más las conversaciones, al punto que Finetwork tuvo que echar mano de una cláusula que le permitía prorrogar durante año las operaciones antes de la migración a otro operador cuando venció el contrato el 1 de abril de 2024.
Finalmente, el nuevo acuerdo fue anunciado el 27 de mayo de 2024, pero su duración se amplió de cinco a diez años. Aunque las compañías no desvelaron la cuantía del mismo, Vilda había aclarado en alguna de sus comparecencias que estaban dispuestos a pagar hasta 700 millones por el uso de la red de fijo y móvil durante un periodo de cinco años, por lo que el importe puede alcanzar los 1.400 millones de euros. El acuerdo da acceso a Finetwork a la red 5G de Vodafone España , que alcanzará al 82% de la población y a un total de 2.700 municipios, y a la red de banda ancha y fija con fibra a casi 30 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 10,6 millones están en red propia.
No es el primer conflicto por presuntos impagos que protagoniza Finetwork. La operadora, dentro del furor con el que se lanzó para darse a conocer en el mundo del patrocinio deportivo, mantiene un litigio con la Liga F de fútbol femenino, a propósito de la esponsorización de esta competición en la temporada 2022-2023. Aunque el nombre de la compañía aparecía tanto en la denominación de la competición como en los logos y publicidades, la Liga F denunció el impago de 4 millones de euros pactado por el patrocinio. Desde Finetwork, se argumentó que nunca se firmó tal contrato de patrocinio y que solo se llegó a un “acuerdo de intenciones” que no se materializó en un contrato en firme, por lo que no existe ninguna deuda. El asunto está en los tribunales.
Con todo, el asunto más urgente ahora para Finetwork es redirigir su estrategia de negocio, que hasta ahora priorizaba la captación de clientes a la espera de un socio inversor o un comprador, y que sus accionistas quieren redirigir a la búsqueda de la ansiada rentabilidad. El operador sufrió un convulso fin de año, con el cese de Óscar Vilda como consejero delegado (CEO) el último día de 2024. Los dueños deben ahora decidir su sustituto al frente de la compañía, y se apunta como candidato a Enrique de Porres Martínez, exconsejero delegado de Simyo (MasOrange), que fue fichado por Finetwork a comienzos de diciembre como nuevo director de estrategia, de coordinación comercial y de marca. Actualmente, cerca del 50% de Finetwork es propiedad del empresario alicantino y fundador Pascual Pérez, a través de la sociedad Wewi Mobile. El resto es de Kai capital y otros accionistas minoritarios.
El nuevo CEO deberá enderezar también la complicada situación financiera de la operadora, pendiente de un acuerdo con la banca, y de la que poco se sabe oficialmente dada la menor información que ofrece al no cotizar en Bolsa. La compañía no ha presentado aún las cuentas del ejercicio 2023 en el Registro Mercantil como es preceptivo. En su última comparecencia ante la prensa, el pasado mes de noviembre, Vilda anticipó que Finetwork acabaría 2024 con unos ingresos de 157 millones de euros, el 24% más que en 2023, y con un beneficio de 6 millones de euros, más del doble que los 2,7 millones que se supone que ganó en 2023. Sin embargo, las últimas cuentas depositadas en el Registro correspondientes a 2022, declaran unas pérdidas de 6,61 millones de euros y una deuda de 61 millones.
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