Perú tendrá que pagar casi 200 millones a Enagás por el contencioso del gasoducto GSP
La española recupera parte de los más de 500 millones de dólares que solicitaba en el Ciadi tras la paralización de la obra, en 2017
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha dado parcialmente la razón a Enagás a última hora de la noche de este viernes en el litigio que mantenía desde hace años con el Estado peruano a cuenta del gasoducto GSP, cuya construcción fue cancelada en 2017. El gestor del sistema gasista español ingresará 194 millones de dólares (186 millones de euros) del erario peruano. Una cantidad, no obstante, muy inferior a los 505 millones de dólares que solicitaba.
“El laudo (...) condena a Perú a pagar a Enagás un importe de 176 millones de dólares, más un interés anual del 1,44% (...), así como el 75% de las costas procesales”, se lee en el comunicado enviado por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El resultado de este laudo, parcialmente favorable a la española, resta incertidumbre sobre el segundo proceso abierto en Perú: el de Transportadora de Gas del Perú (TGP), de la que lleva años sin poder repatriar dividendos y donde tiene varados alrededor de 400 millones de euros. Y anticipa un resultado favorable para también en ese caso: “El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría (...) que impide la repatriación de los dividendos de su participada TGP constituye una violación del APPRI España-Perú”, subraya la dirección de Enagás.
Esa diferencia entre la cantidad finalmente recuperada y la que aspiraban a conseguir, no obstante, tendrá reflejo en la cuenta de resultados de Enagás de este año: en el hecho relevante enviado a la CNMV, la propia empresa reconoce que tendrá que aplicarse una minusvalía contable de 311 millones de dólares (298 millones de euros).
“Los asesores legales de la compañía están analizando el laudo en detalle y (...) se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido”, apunta la española en el hecho relevante. “Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes”.
Con los rumores ya disparados sobre el posible fallo —Bloomberg publicó por la tarde que la decisión del Ciadi llegaría a principios de 2025—, Enagás logró escapar el viernes de los números rojos generalizados en la Bolsa española y terminó la sesión con una subida del 1,4%.
En juego había algo más de 500 millones de dólares, aproximadamente dos años del beneficio neto de Enagás. Esa cifra se correspondía tanto con la recuperación de la inversión financiera como con “los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a consecuencia de la terminación del contrato de concesión en GSP”, según se leía en su último informe anual.
Aunque la disputa entre el gestor del sistema gasista español y el país latinoamericano se remonta a 2017, cuando se paralizó el proyecto de gasoducto GSP —adjudicado tres años antes a un consorcio en el que participaba la española—, el contencioso de Enagás y el Estado peruano por GSP llegó a manos del Ciadi en el verano de 2018. La energética española reclamó entonces una indemnización del país sudamericano en virtud del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones que tenían firmado Madrid y Lima.
El pasado 8 de enero, no obstante, Enagás informaba en una escueta comunicación al regulador bursátil de que “de acuerdo con las indicaciones del tribunal arbitral”, la elaboración del laudo se encontraba “en un estado avanzado”. Apuntaba, además, al “primer semestre″ del año como fecha probable en la que se va a dar conocer. Aunque lejos de la fecha estimada entonces, el fallo definitivo sí entrará dentro de 2024.
En julio, consumado ya el nuevo rechazo y con la partida aún abierta, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, anticipó en una conferencia con analistas un resultado favorable al laudo “en el corto plazo”. En sus últimas proyecciones financieras, la empresa contaba con recuperar al menos 236 millones de euros antes de que termine la década, quedando el resto para más adelante.
Aunque marginal, el resultado del laudo también tiene impacto indirecto sobre el erario español: el Estado español cuenta con una participación del 5% en Enagás.
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