Enagás se juega dos años de beneficios en su arbitraje ante el Banco Mundial
El gestor del sistema gasista español cuenta con conocer antes de finales de junio el fallo de su millonaria disputa con Perú por el gasoducto GSP
El gestor del sistema gasista español lleva más de un lustro con la mirada posada sobre la corte arbitral del Banco Mundial, el Ciadi, donde se disputa 511 millones de dólares (475 millones de euros) con el Estado peruano a cuenta del gasoducto fallido GSP. Ahora, sin embargo, ha llegado el día de la verdad: Enagás espera un fallo antes de que termine el mes, según consta en sus últimas comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En sus proyecciones financieras, la empresa cuenta con recuperar al menos 236 millones de euros antes de que termine la década, quedando el resto para más adelante. La expectación es máxima: el monto en juego equivale a cerca de dos años de beneficio anual.
La disputa llegó a manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en julio de 2018, tras una reclamación de Enagás contra el Estado peruano en virtud del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre ambos países. El organismo constituyó el tribunal un año después, con un presidente pactado por las dos partes (el argentino Diego Fernández Arroyo) y dos árbitros (el chileno Andrés Jana Linetzky y el alemán Claus Von Wobeser), uno designado por la firma española y otro por las autoridades peruanas. El último avance público en el caso se produjo hace año y medio, en diciembre de 2022, cuando ambas partes remitieron al ente arbitral adscrito al Banco Mundial sendos escritos sobre las costas. Desde entonces, silenzio stampa.
El pasado 8 de enero, no obstante, Enagás informaba en una escueta comunicación al regulador bursátil de que “de acuerdo con las indicaciones del tribunal arbitral”, la elaboración del laudo se encontraba “en un esto avanzado”. Apuntaba, además, al “primer semestre de 2024″ como fecha probable en la que se va a dar conocer. Una fecha límite para la que ya quedan menos de tres semanas.
Inversión y garantías
Los 457 millones que reclama la española se corresponden tanto con la recuperación de la inversión financiera como con “los derechos de crédito asociados a la recuperación de las garantías ejecutadas a consecuencia de la terminación del contrato de concesión en GSP”, según se lee en el último informe anual de Enagás.
El gestor del sistema gasista español se anotó el año pasado un beneficio neto de 342 millones de euros y la media de los analistas del panel de Bloomberg apunta a unas ganancias de 266 millones en 2024, dentro del rango establecido por la propia empresa. En 2025, las previsiones apuntan a 237 millones. Un fallo a favor de sus intereses supondría, por tanto, una inyección de recursos equivalente a 24 meses de beneficios, que se dice pronto.
“Primero debe recibir el laudo, esperamos que favorable, antes de final de mes. Y, después, cobrarlo, que es un proceso que puede tomar bastante tiempo”, desliza Fernando García, responsable de análisis de utilities europeas de RBC Capital Markets. Además, recuerda, el gestor gasista tiene “el problema de no poder repatriar los dividendos” de su participada Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde tiene varados “unos 400 millones”. “Enagás espera que, si se resuelve favorablemente el arbitraje de GSP, este otro también se resolverá rápido”, completa por correo electrónico.
En la misma línea, Virginia Romero, directora de análisis ESG en el Banco Sabadell, pone el acento no tanto en el montante que se pueda conseguir en este primer laudo —el de GSP—, sino en los nexos entre ambos casos. “Aunque son independientes, si el de ahora sale positivo para Enagás, que sería lo lógico, se abriría la puerta a una negociación con el Gobierno peruano para que desbloquease pronto todos los dividendos cuando salga el segundo laudo, el de TGP”. El de TGP, que se conocerá a finales de este año o a principios del que viene, tiene bloqueada toda la caja generada por la española en el país sudamericano. “Es fundamental desde el punto de vista de su rating a partir de 2026”, destaca Romero. Algo, enfatiza, muy relevante de cara al futuro.
Seis años de conflicto
El conflicto entre Enagás y Perú por GSP data de 2017, cuando el Gobierno del país latinoamericano paralizó el proyecto, adjudicado tres años antes. La empresa presidida Antonio Llardén, con una participación del 25% en el consorcio que iba a explotar el ducto —de más de 1.000 kilómetros de longitud—, reclama al Estado andino la recuperación de todo lo invertido antes de que decretase su cancelación definitiva. Algo que quedaba estipulado en una de las cláusulas del contrato. La empresa que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri ha confiado su representación legal en la firma británica de abogados Linklaters, mientras que el país latinoamericano lo ha hecho en la estadounidense Arnold & Porter.
De serle finalmente desfavorable, el laudo repercutiría negativamente en las cuentas públicas peruanas, que ya apuntan a un déficit del 2,5% este año. En sentido contrario, sería una buena noticia indirecta para las arcas españolas: el mayor accionista de Enagás es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 5% hoy valorado en casi 200 millones de euros. El Gobierno, además, con una acción de oro que impide al resto de accionistas superar su participación en el capital de la compañía.
Pese a ser una de las cotizadas con mayor rentabilidad por dividendo del Ibex, el operador de la red gasista y de las ocho plantas de regasificación españolas acumula un retroceso en Bolsa del 20% en el último año. Su actividad depende, en gran medida, del patrón de consumo de gas, amenazado en los próximos años por la paulatina electrificación en industria y hogares.
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