Una veintena de grandes inversores, a la espera de una decisión del Gobierno sobre la venta de la promotora de Sareb
La divergencia sobre el acuerdo PSOE-Sumar en el Congreso y el mandato liquidador de la sociedad pública crea incertidumbre entre potenciales compradores de Árqura
La macrooperación de venta de la promotora de Árqura Homes, valorada en alrededor de 800 millones de euros, ha despertado fuertemente el interés de fondos y empresas inmobiliarias, según explican a este medio fuentes conocedoras del proceso de traspaso. Sin embargo, en los últimos días ha cundido el desconcierto entre los potenciales compradores después de que la pasada semana los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, pactaran en el Congreso de los Diputados instar al propio Ejecutivo a reconsiderar la venta de esta promotora de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).
Sareb, controlada por el Ministerio de Economía a través del FROB, decidió el pasado año traspasar esta promotora con suelos para construir 16.000 viviendas. La sociedad pública tiene como mandato, desde su creación en 2012, la liquidación de estos los activos tóxicos que adquirió a las cajas de ahorros con problemas. En mayo de 2023, la entidad seleccionó a la consultora Deloitte para definir el modelo del traspaso, que, en principio, sigue en vigor a pesar de del acuerdo de PSOE y Sumar en el Congreso.
Sareb ha recibido, a través de Deloitte, la muestra de interés de una veintena de grandes fondos internacionales y promotoras residenciales por el alto interés de los inversores en la promoción de obra nueva ante la elevada demanda de vivienda en España. Todos estos interesados han firmado un acuerdo de confidencialidad sobre la información recibida sobre Árqura y deben presentar las ofertas vinculantes antes de febrero.
Pero para realizar una oferta, esos inversores deben estudiar el posible traspaso y contratar asesores como consultoras, despachos de abogados o bancos de inversión, además de dedicar parte de su equipo a estudiar el proyecto (como por ejemplo las localizaciones de los suelos). El problema es que ese trabajo es costoso en tiempo y dinero, en una factura que puede superar el millón de euros.
Por eso, algunos potenciales inversores están recibiendo de sus asesores la recomendación de que no acudan a este proceso ante la probabilidad de que en algún momento el Gobierno decida cancelar el traspaso. Igualmente, desde una de las grandes promotoras se indica que están pensando en abandonar. Desde otra de las mayores inmobiliarias se asegura que se ha pasado al modo de ralentí hasta que el Ejecutivo lo aclare porque “no hay ganas de perder el tiempo”.
El consejo de administración de Sareb aprobó el proceso de venta de Árqura este julio dentro de su cometido de liquidación que acaba en 2027. La entidad, controlada por el Estado en más de un 50% desde 2022, se endeudó en 50.800 millones para comprar los activos tóxicos de las cajas de ahorro y todavía no ha devuelto 29.400 millones de su deuda avalada por el Tesoro.
La incertidumbre se ha generado en los últimos días porque el PSOE decidió el pasado jueves apoyar en la Comisión de Vivienda en el Congreso la iniciativa de su socio Sumar, para lo que pactaron instar al Gobierno conformado por los dos propios partidos reconsiderar el traspaso de Árqura. El grupo parlamentario de Yolanda Díaz pedía en esa proposición no de ley reorientar hacia objetivos sociales el mandato de Sareb, paralizando la transacción de Árqura.
Posición de Economía
Sin embargo, desde Sareb y desde el Ministerio de Economía encabezado por Carlos Cuerpo se explica que no se ha comunicado ningún cambio en el proceso abierto de venta de Árqura. Desde el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, por su parte, pasan la pelota al tejado de Economía.
A la divergencia entre lo aprobado por el consejo del conocido como banco malo y lo votado en el Congreso por parte de PSOE y Sumar, se suma además el anuncio realizado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la creación de una empresa pública de vivienda. La ministra de Vivienda explicó hace dos semanas que esta nueva compañía tendrá como germen a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Aunque de momento no hay detalles, la titular del departamento señalaba en una entrevista en EL PAÍS hace dos semanas que el Gobierno aprovechará también Sareb. “Por tanto, en ese mensaje de todos los recursos del Estado, por supuesto que también todo lo que vamos a poder disponer de Sareb para dar respuesta a las políticas de vivienda o al despliegue de esos suelos lo gestionaremos a través de la nueva empresa pública”, afirmó.
Cómo es Árqura
Esta promotora fue creada en 2019 para dar un valor añadido a terrenos bien ubicados y en manos de Sareb. En sí misma, la promotora de la sociedad pública es un cascarón con suelos pero sin equipo, ya que la gestión es externa mediante Aelca, una inmobiliaria del fondo Värde Partners.
De la capacidad para 16.000 viviendas con la que cuenta Árqura, 4.000 son edificaciones ya en curso, otras 2.200 están en fase de precomercialización y el resto se trata de suelo en diversas fases de trámites urbanísticos.
Debido precisamente al enorme volumen de inversión necesario para adquirir la cartera, Deloitte ha diseñado una estructura de financiación que permita que no solo acudan a la puja grandes fondos con liquidez, sino que también puedan interesarse otros más pequeños e inmobiliarias con menor pegada inicial. De esta forma, Sareb permitirá que se pague a plazos el 49% del importe de la transacción, en cuatro años. Esta facilidad de pago debería beneficiar el número final de ofertas que reciba la entidad.
La entidad presidida por Javier Torres pretende vender como mínimo el 51% del capital de la promotora, que se estructura bajo lo que se conoce como FAB (Fondo de Activos Bancarios) y que cuenta con ventajas fiscales (tributar al 1% en el impuesto de sociedades).
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