Las principales acusaciones del caso BBVA incluyen seguimientos, pinchazos telefónicos y denuncias falsas
Los perjudicados de los espionajes que hizo el comisario José Manuel Villarejo para el banco han presentado sus peticiones de penas, a la espera de conocer el relato de Anticorrupción
El caso BBVA encara el juicio por la contratación de los servicios de Villarejo. Después de que el juez de la Audiencia Nacional que ha dirigido esta investigación durante casi seis años haya finalizado las pesquisas, las acusaciones particulares y la popular (ejercida por Podemos) han presentado sus escritos de acusación contra...
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El caso BBVA encara el juicio por la contratación de los servicios de Villarejo. Después de que el juez de la Audiencia Nacional que ha dirigido esta investigación durante casi seis años haya finalizado las pesquisas, las acusaciones particulares y la popular (ejercida por Podemos) han presentado sus escritos de acusación contra el banco y los exdirectivos procesados, en los que reflejan los distintos sucesos por los que se sienten víctimas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que espió a empresarios, políticos y periodistas por encargo de la entidad, mientras seguía en activo en la Policía Nacional. Pinchazos telefónicos y revisión de las conversaciones, seguimientos o denuncias falsas son las principales técnicas que las víctimas señalan del modus operandi del expolicía.
Mientras tanto, procesados y perjudicados esperan a conocer el relato y las peticiones de condena de la Fiscalía Anticorrupción, que suele cobrar mucho peso durante la vista oral. Fuentes del ministerio público apuntan que presentará su escrito una vez que la Sala de lo Penal resuelva los recursos que han presentado tanto BBVA como los exdirectivos a los que el juez señala como responsable de la contratación de Villarejo —que percibió más de 10 millones de euros por todos los trabajos realizados para la entidad— contra la propuesta del juez instructor de llevarles a juicio. Ello se debe a que los magistrados de la sala pueden hacer precisiones sobre los hechos a enjuiciar, modificar la presunta participación de los acusados en los mismos o incluso archivar su presunta responsabilidad. Hasta que no estén todos los escritos de acusación presentados, el juez instructor no puede remitir el sumario a la Sala de lo Penal para que ponga fecha al juicio y pida a los acusados sus escritos de defensa.
Así las cosas, cada una de las acusaciones pide distintas penas de prisión para el agente, así como para ex altos cargos del segundo banco español, como su expresidente Francisco González, el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que sitúan en el centro de toda la trama, ya que fue quien fichó a Villarejo para hacer determinados contratos, ya que le conocía de su etapa anterior también como policía.
Mecanismos de presión. Aunque las acusaciones particulares centran sus escritos en los episodios concretos que vivieron como víctimas de Villarejo, la mayoría de ellas hacen referencia al escrito que Anticorrupción presentó el pasado mes de mayo para solicitar que la causa se llevara a juicio. La Fiscalía hacía referencia a los diversos “proyectos” (como el comisario denominaba sus trabajos) realizados para BBVA a lo largo de 13 años, entre 2004 y 2017, bajo el paraguas de su entramado societario Cenyt. Los encargos empezaron a finales 2004, con la operación Trampa, para evitar que Sacyr Vallehermoso se hiciera con el control del banco. La mayoría de las acusaciones señalan que Corrochano fue el que contactó con Villarejo después de que Francisco González manifestara su “preocupación” por este asunto.
En este contexto, las distintas acusaciones, como el expresidente de la constructora Luis del Rivero —que está personado junto al exvicepresidente de BBVA José Domingo de Ampuero y el exdirector general adjunto del banco, Vicente Benedito Francés—; el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas; o el exministro de Industria y exdirector de la Oficina Económica, Miguel Sebastián, coinciden que Villarejo utilizó medios policiales para llevar a cabo sus “mecanismos de presión”, vulnerar su intimidad y la de su entorno para conseguir información que le sirvieran para realizar una “brutal campaña mediática” o de “descrédito” y lograr el objetivo de su misión: abortar la opa de Sacyr. De hecho, Del Rivero destaca los medios técnicos ilícitos que usó Villarejo, entre ellos, ocho dispositivos de comunicaciones, 12 coches y cinco motos para vigilancias terrestre, tres vehículos base para comunicaciones, elementos de transmisión dúplex, sistemas para acceder a bancos de datos, equipos de audio y de fotografía y video.
Así, las acusaciones particulares, que piden indemnizaciones, hacen hincapié en las consecuencias personales, profesionales y morales que han tenido los espionajes. Sebastián enfatiza que, en su caso, se difundieron “relatos ficticios sobre su vida privada” basados en una “vida sentimental supuestamente tortuosa”, al igual que Luis Portillo, expresidente de la inmobiliaria Colonial que fue espiado más tarde como deudor del banco y quien que lamenta que Villarejo presentó una denuncia con datos obtenidos ilícitamente que le impidió durante mucho tiempo “desarrollar prácticamente ningún tipo de negocio ni desarrollo de actividad profesional”.
Denuncias falsas. Son varios los empresarios los que atribuyen a Villarejo la presentación de denuncias falsas como artimaña para dañar su reputación. Carlos Arenillas asegura en su escrito que una de ellas fue presentada en 2005 ante la CNMV contra Intermoney, la sociedad que pilotó antes de aterrizar en el organismo regulador, que derivó en una investigación.
Otra de las personas que hace hincapié en esta técnica es Luis Pineda, presidente de la asociación de consumidores Ausbanc, que recuerda la “denuncia anónima” que Villarejo elaboró para BBVA, y que se registró en 2015, en la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dio pie a una investigación judicial contra la asociación y el autodenominado sindicato Manos Limpias, dirigida Miguel Bernad. Pineda, al igual que directivos de Ausbanc que también se encuentran personados como perjudicados en el caso Villarejo, recuerdan que la Audiencia Nacional les condenó por una trama de extorsión a bancos, que finalmente fue revocada por el Tribunal Supremo. Por estos mismos hechos, el administrador concursal de Ausbanc se personó en la causa a última hora para exigir una compensación por los daños causados con el impulso de la investigación judicial, ya que le abocó al concurso de acreedores.
Distintos delitos. La mayoría de las acusaciones piden para Villarejo, su socio en Cenyt, Rafael Redondo, y los exdirectivos de BBVA procesados penas de prisión por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, si bien algunas consideran que los hechos también son constitutivos de delitos de administración desleal, falsedad documental u organización criminal o pertenencia. Este es el principal motivo por el que existen diferencias considerables en las condenas solicitadas.
La acusación particular que menos pide es el periodista José Eulogio López, que solicita para Villarejo, González y Corrochano cuatro años de prisión para cada uno de ellos. En el lado opuesto se encuentra Luis Pineda, que no solo es quien más pena de cárcel plantea, sino que también solicita una mayor condena para los que fueran máximos responsables del banco que para el comisario jubilado. Sus peticiones oscilan entre 30 años y seis meses menos un día de prisión (que solicita para González y Cano) y 18 años y medio menos un día de privación de libertad (que interesa para los exresponsables jurídicos del banco Eduardo Arbizu, Eduardo Ortega y José Manuel García Crespo). Entre medias, pide 24 años y seis meses menos un día de cárcel para directivos como Corrochano o al expresidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio Béjar, así como para Villarejo y su socio.
En el caso de Podemos, la formación pide 14 años y cinco meses para los exdirectivos del banco, Villarejo y Redondo, así como para un agente de policía, el empleado del banco Óscar Santos Touche y el exinspector Antonio Bonilla, al que se le atribuye el seguimiento de los trabajos después de que Villarejo entrara en prisión provisional en noviembre de 2017. Su condición de acción popular le permite acusar por todos los hechos que han sido investigados durante la instrucción. De hecho, su escrito reproduce íntegramente el auto de transformación, por el que el juez explica los indicios de delitos constatados que justifica enviar a determinados investigados a juicio.
Desde una multa hasta la disolución. La presunta responsabilidad del banco como persona jurídica también varía según la acusación. Algunas de ellas, únicamente le han atribuido la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, que afronten las posibles indemnizaciones, si hay una sentencia condenatoria, en caso de que los condenados no lo hagan. Sin embargo, otras han ido más allá pidiendo que afronten cuantiosas multas por la actuación de sus altos ejecutivos, incluso la disolución, como es el caso del presidente de Ausbanc.
Testigos VIP. Las acusaciones también han planteado los distintos testigos cuyos testimonios consideran relevantes en el juicio por su conocimiento puntual de los hechos. Aunque será la Sala de lo Penal la que haga oficial sus citaciones, se prevé que desfilen por la Audiencia Nacional conocidas figuras de la banca y de la política, así como del mundo empresarial y de la comunicación. Así, en las listas elaboradas por las acusaciones se encuentran el actual presidente de BBVA, Carlos Torres (quien testificó en la instrucción pero fue excluida de la causa por una cuestión procesal), el asesor de este, Juan Asúa (quien estuvo investigado); o el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri (que fue consejero delegado de BBVA y que testificó durante la instrucción del caso). También piden las declaraciones del exconsejero catalán de Economía y exdirector general de Fundación La Caixa, Jaume Giró; el exdirectivo de BBVA y CaixaBank Ignacio Moliner; el exdirector de comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui; o el exdirector general de la Policía y exsenador Ignacio Cosidó, entre otros.