El Gobierno defiende el veto a la compra de Talgo mientras los sindicatos reconocen su “nerviosismo”
Los ministros del Ejecutivo insisten en que la decisión no es incompatible con la libre circulación de capitales en la Unión Europea, a la vez que intentan rebajar un posible frente judicial abierto por el grupo magiar
El Ejecutivo ha cerrado filas por completo este miércoles ante la necesidad de defender el veto sobre la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Ganz-MaVag por “riesgos para la seguridad nacional”. Uno de los primeros en referirse al asunto ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha justificado la decisión como una forma de “proteger los intereses de España”. Bolaños ha subrayado que la decisión se ha tomado conforme al derecho nacional y al europeo, en referencia al nuevo frente judicial abierto tras la decisión del grupo magiar de recurrir a instancias judiciales.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha justificado que el bloqueo a la entrada de los inversores húngaros no es incompatible con la libre circulación de capitales en la Unión Europea. En una entrevista en Televisión Española, el titular de Exteriores ha insistido en que tanto la normativa española como la europea tienen instrumentos para garantizar la protección de sectores estratégicos, y que estas herramientas no son incompatibles con la apertura a la inversión extranjera y con la libre circulación de capitales.
Albares ha evitado pronunciarse sobre la posición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos informes ponen negro sobre blanco la conexión del grupo industrial que ha presentado la oferta por Talgo con una trama rusa. La investigación, que ha sido considerada como información clasificada por parte del Ejecutivo, incidiría en los vínculos entre personajes clave del conglomerado con el ultraconservador primer ministro húngaro, Víktor Orban, así como en el entramado societario pasado y presente del grupo empresarial
Algo similar ha hecho la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha evitado responder sobre los detalles que justifican el veto a la operación. “El Ministerio de Economía ha trasladado cuál ha sido la decisión que hemos adoptado. En ese Consejo de Ministros también uno de los acuerdos fue declarar estas informaciones como información clasificada y, por tanto, no puedo añadir ninguna información adicional”, ha señalado en una rueda de prensa en Toledo. Rodríguez ha insistido en que España tiene una legislación equilibrada en torno a garantizar la seguridad del país y, al mismo tiempo, “la captación de nuevas inversiones, de inversiones extranjeras”.
Estos comentarios llegan mientras el mercado mira con cautela los próximos pasos del Gobierno y los inversores sobre Talgo. Las acciones del fabricante ferroviario han abierto este miércoles con un alza del 2% en Bolsa, después de perder cerca de un 9% en la sesión del martes, aunque terminaron con apenas una ligera subida del 0,64%. En concreto, los títulos de la firma cerraron la jornada en los 3,95 euros, muy lejos de los 4,26 euros en los que cotizaba antes de darse a conocer la decisión del Ejecutivo. En lo que va del año, la compañía se ha dejado un 9,82% de su valor en el mercado.
Reacción de los sindicatos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha referido a la empresa de material ferroviario, al solicitarle al Gobierno que explique su “hoja de ruta” para Talgo. El sindicato de empleados públicos, que actualmente es el mayoritario en la empresa Talgo, lamentó en una nota de prensa la incertidumbre en la que está inmersa toda la plantilla desde hace varios meses.
La plantilla de la factoría de Talgo en Rivabellosa (Álava) también han reconocido que viven con “cierto nerviosismo” la situación generada y reclaman que se mantengan en España los puestos de trabajo. En declaraciones a la agencia EFE, Kepa Alcaine, representante de Comisiones Obreras en la fábrica alavesa, ha explicado este miércoles que Talgo da empleo directo a unas 2.500 personas en España, de las cuales 700 trabajan en Rivabellosa, y por ello “interesa que se quede” en el país.
Los representantes sindicales han insistido en que hay “muchísima” carga de trabajo y la planta “tiene la capacidad que tiene, no puede fabricar mucho más”, por lo que la dirección debe decidir “qué tipo de socio quiere”, si un socio inversor que ponga dinero para ampliar las actuales instalaciones y poder producir más o un socio industrial para fabricar en otros lugares. De igual manera, han resaltado que la dirección de Talgo les “transmite tranquilidad”, les dice que los puestos de trabajo están “asegurados” y que “trabajarán para que siga así”.
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