Telefónica se hace con el grueso del megacontrato de la Policía por 138 millones
Interior adjudica por un procedimiento restringido las comunicaciones del cuerpo de seguridad para los próximos cuatro años
El Ministerio del Interior ha adjudicado por un procedimiento restringido un contrato de casi 150 millones de euros a Telefónica, la empresa de software TRC y la consultora Capgemini para la prestación de servicios y la gestión integral de telecomunicaciones de la Policía Nacional. Este contrato, que estará vigente por un periodo de 48 meses a partir de diciembre de 2024, se ha dividido en tres lotes que abarcan diferentes aspectos críticos de la comunicación y seguridad de la institución policial, según figura en el portal de contratación del Estado.
Telefónica se ha adjudicado el grueso del contrato por casi 150 millones de euros al resultar ganadora del primer lote íntegro y parte del segundo junto a otras dos empresas. La operadora se ha hecho con el primer lote, el correspondiente a las Comunicaciones Unificadas de Policía Nacional, valorado en 112,5 millones de euros. La empresa dirigida por José María Álvarez-Pallete formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre dos de sus divisiones, la matriz, Telefónica España, junto a Telefónica Móviles España para hacerse con un lote que se centra en la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, tanto de voz como de datos, así como en el acceso y relación con otras redes públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Además, incluye la gestión integral de la seguridad de estas telecomunicaciones.
Asimismo, Telefónica ha resultado también ganadora del contrato vinculado a los servicios de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a través de una unión temporal de empresas (UTE) con la empresa TRC por un importe total de 25,49 millones de euros.
TRC es una compañía de programación de software, infraestructuras de tecnologías de la información, telecomunicaciones, servicios en la nube y ciberseguridad liderada por los hermanos Estirado que cuenta con clientes como Sacyr, Iberdrola, Aena y BMW. Además, colabora con el Ejército a través de su sistema antidrones Cervus. El objetivo principal del lote es asegurar la protección de las comunicaciones, tanto fijas como móviles, a través de avanzados sistemas de seguridad TIC que protejan la integridad de los datos y las comunicaciones críticas de la policía.
El tercer y último lote, con un valor de 10,2 millones de euros, ha sido adjudicado a la filial española de Capgemini, corporación multinacional francesa de servicios de consultoría tecnológica con sede en París. Este lote tiene como finalidad la creación y operación de una Oficina Técnica que supervise y gestione todos los aspectos técnicos relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones. Esta oficina será responsable de garantizar que los servicios contratados se ejecuten de manera eficiente y conforme a los más altos estándares de calidad.
Sin publicidad
El pasado 30 de abril, el Consejo de Ministros autorizó esta partida presupuestaria para que el organismo dirigido por Fernando Grande-Marlaska contratara a las empresas que finalmente han resultado adjudicatarias a través de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. El proceso de adjudicación de los contratos se ha llevado a cabo mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La Ley de Contratos del Sector Público permite este procedimiento en el que, por una serie de condiciones especiales, se permite omitir el periodo de publicidad e invitar directamente a operadores económicos para establecer las condiciones de contratación a realizar. En este caso concreto, el pliego lo justifica al tratarse de una mayor especialización técnica y confidencialidad, según Interior.
Interior cuenta con un proyecto en marcha denominado Servicio Unificado de Comunicaciones para Policía Nacional y Guardia Civil. Según aparece en la web de la Secretaría de Estado de Seguridad, la iniciativa consiste en la contratación del conjunto de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, voz y datos para Policía Nacional y Guardia Civil. También incluye servicios relacionados con otras redes y acceso a redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), salvaguardando los requerimientos de disponibilidad y seguridad de acceso a los sistemas e información intercambiada que afecte los intereses de seguridad del Estado.
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