La hotelera Riu se escuda en el Gobierno de Canarias en su batalla legal contra Teresa Ribera
Confía en que el conflicto de competencias presentado ante el Constitucional prospere para suspender el cierre del hotel Oliva Beach en Fuerteventura
La decisión del Ministerio de Transición Ecológica de ordenar el cierre y derribo del hotel Riu Oliva Beach en Fuerteventura (Canarias) ha soliviantado a la cadena hotelera, que va a poner en marcha toda su maquinaria legal para tratar de impedirlo.
Águeda Borges, responsable de los servicios jurídicos de Riu, confirma que la batalla legal se va a dar en dos frentes. “El primero es el competencial. Reclamamos que las competencias de Costas tienen que estar en manos del gobierno canario desde el 1 de enero de 2023 y no lo están porque el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho caso omiso hasta a cinco requerimientos para ese traspaso”, confirma en una entrevista con Cinco Días. Es el Ejecutivo canario el que ya ha solicitado ese traspaso y el que ha planteado un conflicto de competencias al Estado ante el Tribunal Constitucional que si finalmente prospera, supondría la suspensión automática del expediente de caducidad de la concesión aprobado por Ribera. “El Gobierno de Canarias no reconoce la competencia legal de Transición Ecológica para dictar la resolución del 27 de febrero que declara la caducidad de la concesión otorgada por la orden ministerial a Oliva Beach”, asegura el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, quien defiende que esa competencia es exclusiva de la comunidad autónoma.
“Es la primera vez que se dicta una resolución específica que vulnera directamente el fuero canario”, recalca Cabello, que también ha solicitado la convocatoria inmediata de la comisión bilateral Canarias-Estado para hablar sobre las deficiencias en el traspaso de las competencias específicas. “La hemos solicitado hasta en tres ocasiones, dos de ellas firmadas durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres [actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de Canarias entre 2019 y 2023]”.
El segundo ámbito de actuación es el de la justicia ordinaria, que pasa por la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional para revocar el final del expediente de concesión. En cualquiera de los dos planos, los argumentos de Transición Ecológica y los de Riu chocan frontalmente. El departamento que dirige Teresa Ribera justifica su negativa a traspasar las competencias y el expediente por su carácter extraordinario. “Se han traspasado las funciones relacionadas con las concesiones ordinarias, pero en estos dos casos [los dos hoteles de Riu] se trata de concesiones compensatorias que se producen por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. La competencia depende del Estado porque como titular del dominio público es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, aseguran desde Transición Ecológica. Desde la cadena hotelera se argumenta que la naturaleza de la concesión mutó de compensatoria a ordinaria en 2016, fecha desde la que la compañía abona un canon anual cercano a los dos millones de euros. “Por lo tanto, el dictamen sobre el expediente del Oliva Beach lo ha elaborado el Estado a sabiendas de que no le corresponde y que las competencias deberían estar traspasadas”.
Los argumentos en defensa de la concesión
Cronología. La responsable de los servicios jurídicos de Riu defiende, en primer lugar, que ni el hotel ni los apartamentos aledaños se encuentran dentro del Parque Natural del Corralejo, tal y como denuncian las organizaciones ecologistas. "Ambos se construyeron entre 1973 y 1975, con todos los permisos y autorizaciones y la bienvenida del ayuntamiento de La Oliva. No fue hasta 1988 cuando se aprobó la Ley de Costas y hasta 1992 cuando se produce el deslinde que deja a los hoteles en dominio público", recalca. "En ese escenario se aprobó una concesión indemnizatoria por 30 años ampliable por otros 30 años". Borges destaca, además, que en 2016 la concesión pasó de ser compensatoria a ordinaria, con la fijación de un canon anual de dos millones de euros, por lo que desde el pasado 1 de enero de 2023, fecha en la que se produjo el traspaso de competencias, el expediente del Oliva Beach tenía que estar en manos del Gobierno canario.
Apoyo. Patronal y sindicatos locales y autonómicos han mostrado su apoyo unánime a un proyecto empresarial que genera 600 empleos y que representa una parte muy importante de la economía de Fuerteventura. Patronal y sindicatos en Canarias harán una rueda de prensa conjunta mañana para mostrar su apoyo al hotel.
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