Riu acusa a Ribera de cerrar de forma “premeditada” un hotel en Fuerteventura que genera 600 empleos
Transición Ecológica ha ordenado el derribo del inmueble al caducar la concesión. La hotelera alerta del impacto económico en la isla
La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, de ordenar el derribo del hotel Riu Oliva Beach, situado en Fuerteventura, al haber caducado la concesión estatal otorgada por estar en dominio público-marítimo terrestre, ha soliviantado a la hotelera balear. En un duro comunicado, la compañía tacha la decisión de “acción arbitraria y carente de argumentos” y promete batalla legal para defender sus intereses ante lo que considera “una estrategia hostil del Gobierno Central”. La hotelera acusa de premeditación a Transición Ecológica, “ya que ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público, y con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental”. También alerta del impacto económico que tendrá en la isla. “A día de hoy, el hotel sigue teniendo una gran relevancia para la sociedad del municipio de La Oliva y de toda la isla de Fuerteventura, llegando a crear 600 puestos de trabajo”, expone.
El origen del conflicto se remonta a finales de los 90, fecha en la que Riu adquirió los dos hoteles y el islote de Lobos. Ambos inmuebles se construyeron antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988, que deslindó la zona de costa donde estaban y los dejó dentro del dominio público marítimo-terrestre. Su situación excepcional se reguló a través de una disposición transitoria de la Ley de Costas en la que se le permitía estar 30 años como usufructario y otros 30 de prórroga si se seguían cumpliendo las condiciones fijadas desde el principio. En 2007, el ayuntamiento de La Oliva le denegó la licencia municipal para acometer obras y firmó un acuerdo con la Dirección General de Costas para reducir el plazo de concesión a 10 años y ceder el islote de Lobos al Estado.
Este conflicto ha transcendido también el ámbito empresarial ya que ha provocado un choque entre la comunidad autónoma y el Estado para saber quién es el competente en este asunto. El Ejecutivo canario defiende que es un asunto suyo, puesto que las competencias de Costas se transfirieron a la comunidad autónoma el pasado 1 de enero de 2023, mientras que Transición Ecológica justifica la negativa a traspasarlos por su carácter extraordinario. “Se han traspasado las funciones relacionadas con las concesiones ordinarias, pero en estos dos casos [los dos hoteles de Riu] se trata de concesiones compensatorias que se dan por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. La competencia depende del Estado porque como titular del dominio público es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, aseguran desde el departamento dirigido por Teresa Ribera.
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