El fin del peaje en la AP-7 relanza la pugna por 4.000 millones entre Abertis y el Estado
La concesionaria mantiene la batalla judicial después de que se le admitiera de facto un reequilibrio de 1.291 millones
El carpetazo este martes a cinco décadas de peajes en las autopistas del Estado en Cataluña, con la reversión de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera) y de la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), reactiva una batalla judicial valorada en más de 4.000 millones.
Se trata de la cifra que reclama Abertis, que ha operado ambas carreteras a través de su filial Acesa, por obras extraordinarias en la citada AP-7 y el convenio de compensación de tráfico de esa misma vía firmado con el Ministerio de Fomento en 2006 (Real Decreto 457/2006). Lideraba el departamento de infraestructuras Magdalena Álvarez, y el acuerdo fue avalado por Hacienda y el Consejo de Estado.
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de junio de 2019, dejó para el momento de la reversión de la AP-7, con la obtención del saldo definitivo de compensación, la decisión sobre una liquidación que enfrenta desde hace diez años a empresa y Estado.
El Supremo dejó para este momento la interpretación del convenio de tráfico garantizado en la AP-7
Abertis invirtió 558 millones en la ejecución de 123 kilómetros de carriles adicionales en Girona y Tarragona y, como contraprestación, el Estado asumió el riesgo tráfico en esa vía hasta el final de la concesión de Acesa. Se creó una cuenta de compensación en la que figuraba la citada inversión y se le sumaba, o restaba, la diferencia de ingresos entre el tráfico real y el fijado en el convenio. Si el 31 de agosto de 2021 resultaba una cifra a favor de Acesa, se procedería su pago si es que antes no se había restablecido el equilibrio económico-financiero de la concesión.
En 2006 se pensó que el tráfico adicional generado con la ampliación de la carretera compensaría la inversión, pero se presentó la crisis financiera y el volumen de usuarios se desplomó, activándose los mecanismos de compensación.
Al cierre de 2020 la factura por las obras adicionales era de 1.010 millones, incluida la actualización financiera. En una segunda reclamación, la empresa participada por Atlantia y ACS exige la citada compensación por tráfico garantizado, que a 31 de diciembre de 2020 era de 2.815 millones por el negocio perdido ante la apertura de vías gratuitas paralelas (desdoblamiento de la N-II y la CN-340) y la implantación de bonificaciones pedidas por el Ministerio.
El total de 3.825 millones puede haber subido en los ocho meses de 2021 en unos 400 millones entre lo recogido por el convenio de compensación y los intereses.
La suma bajo reclamación de Acesa era de 3.825 millones al cierre de 2020
La petición de Abertis, que ha ido creciendo semestre a semestre en sus informes financieros, pasa de los 4.000 millones después de que intentará zanjar sin éxito en un acuerdo extrajudicial con distintos ministros de Transportes, desde Ana Pastor hasta José Luis Ábalos.
Pulso ante la justicia
Como resumen a una larga batalla, fue en 2011 cuando la Delegación del Gobierno en las autopistas del Ministerio de Fomento encendió las alarmas sobre la posible incorrección en que incurría Abertis al contabilizar el saldo de compensación de tráfico de la AP-7 como un activo financiero. Tras recurso de la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en 2016 a favor del modo de obrar de la concesionaria, pero Fomento había dejado de considerar la compensación por tráfico garantizado como parte del Convenio AP-7. Esto motivó fuertes provisiones por pérdida de valor de Acesa.
En junio de 2019 la sentencia del Supremo abrió la prórroga de dos años en este largo enfrentamiento. Pero la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo falló en febrero de 2020 que Abertis debía apuntarse la pretendida indemnización por pérdida de tráfico en la AP-7 como un intangible y no como activo financiero, estimando el recurso de Fomento a la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Supremo avaló el criterio de la Abogacía del Estado al señalar que el cobro no sería un “derecho incondicional” hasta agosto de 2021, con el fin de plazo de la AP-7.
Tras este cruce de demandas y recursos, el Gobierno incluyó el pasado mayo, en el programa de Estabilidad 2021-2024 que envió a la Comisión Europea, una partida de 1.291 millones como sutura por la caída del tráfico en la AP-7 de Acesa. La cifra computaría este ejercicio en déficit, pero está muy lejos de las pretensiones de Abertis.
La ministra Sánchez acude al levantamiento de barreras en Cataluña
Nuevo escenario. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, estará esta tarde en una playa de peaje de la AP-7, en La Roca del Vallés (Barcelona), para escenificar el final de más de 50 años de barreras en la red estatal de carreteras que cruza Cataluña. Tras la reversión de esta concesión y de la AP-2, Sánchez recordó el domingo en un artículo publicado en La Vanguardia que es momento de aplicar el principio de “quien contamina paga”. El pago por uso está contemplado en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y fue comprometido para 2024 en el Plan de Recuperación remitido en mayo a la CE.
Ahorro. El ministerio estima en 752 millones el ahorro anual para los conductores que usarán el tramo liberado de la AP-7 (Tarragona-La Jonquera) y el de la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell). Entre las dos suman 477 kilómetros, 315 de ellos en suelo catalán.
Aviso. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, avanzó ayer que se opondrá a un sistema de cobro en las autovías porque cree que se debe “apoyar a todos los sectores que puedan generar empleo y riqueza”.
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