El Gobierno liquida Acesa con 1.070 millones, 3.000 millones por debajo de la reclamación de Abertis
La compensación contempla 505 millones por inversiones ejecutadas y 143 millones por el efecto impositivo; el resto es capitalización del saldo de compensación
Polémica decisión del Consejo de Ministros, que ha aprobado este mediodía un cheque de 1.069,9 millones de euros como saldo de compensación de liquidación por las actuaciones realizadas por la concesionaria Acesa, filial de Abertis, en la AP-7. Se reconocen, a la expiración de la concesión, inversiones en distintas mejoras en los tramos de autopista entre Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol, y Zaragoza-Mediterráneo.
El Ministerio de Transportes recuerda que las reformas se debieron al “incremento sustancial” del tráfico viario en la AP-7, que se venía registrando en los años anteriores a la aprobación del Real Decreto 457/2006, que fijaba las mejoras y la posterior compensación. También a los problemas de congestión. Abertis demandaba más de 4.200 millones en un caso que enfrenta a empresa y Gobierno desde hace más de diez años. Fue una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de junio de 2019, la que dejó para el momento de la reversión de la AP-7 la obtención del saldo definitivo de compensación.
El convenio entre Gobierno y Abertis, firmado en tiempos de Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, contemplaba que Acesa se hiciera cargo de la ampliación a un tercer carril por calzada en el tramo Enlace Mediterráneo–Vilaseca/Salou; la ampliación a un tercer carril por calzada en los tramos Maçanet-Fornells de la Selva y Medinyá-La Jonquera; la suma de un tercer y cuarto carril por calzada en el tramo Fornells de la Selva-Medinyá, y la construcción de los enlaces de Fornells, Medinyá y Sant Gregori. También se implantó un sistema de peaje cerrado en el tramo Martorell-Vilaseca/Salou.
Finalizado el plazo de explotación el pasado 31 de agosto, el Ministerio ha estudiado la propuesta de liquidación presentada por la concesionaria y ha establecido su propio cálculo. El pago de los 1.070 millones debe producirse dentro del plazo de seis meses siguientes al vencimiento de la concesión, tal y como establece el convenio.
De la millonaria cifra, 505,5 millones de euros corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros responden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.
Lo que no tiene en cuenta el Ministerio son los descuentos en los peajea que Abertis realizó en los tramos Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, y tampoco aparece compensación alguna por el descenso del tráfico durante la crisis financiera o durante la crisis del Covid-19. El Gobierno de Mariano Rajoy ya acordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de los malos momentos económicos.
Actuaciones no previstas en la concesión
Abertis invirtió 558 millones en la ejecución de 123 kilómetros de carriles adicionales en Girona y Tarragona y, como contraprestación, el Estado asumió el riesgo tráfico en esa vía hasta el final de la concesión de Acesa.
Se creó una cuenta de compensación en la que figuraba la citada inversión y se le sumaba, o restaba, la diferencia de ingresos entre el tráfico real y el fijado en el convenio. Si el 31 de agosto de 2021 resultaba una cifra a favor de Acesa, se procedería a su pago si es que antes no se había restablecido el equilibrio económico-financiero de la concesión.
En 2006 se pensó que el tráfico adicional generado con la ampliación de la carretera compensaría la inversión, pero sestalló la crisis financiera y el volumen de usuarios se desplomó, activándose los mecanismos de compensación.
Al cierre de 2020 la factura por las obras adicionales era de 1.010 millones, incluida la actualización financiera.
En una segunda reclamación, la empresa participada por Atlantia y ACS exige la citada compensación por tráfico garantizado, que a 31 de diciembre de 2020 era de 2.815 millones por el negocio perdido ante la apertura de vías gratuitas paralelas (desdoblamiento de la N-II y la CN-340) y la implantación de bonificaciones pedidas por el Ministerio.
La petición de Abertis, que ha ido creciendo semestre a semestre en sus informes financieros, pasa, por tanto, de los 4.000 millones después de que intentará zanjar sin éxito en un acuerdo extrajudicial con distintos ministros de Transportes, desde Ana Pastor hasta José Luis Ábalos.
Pulso ante la justicia
Como resumen a una larga batalla, fue en 2011 cuando la Delegación del Gobierno en las autopistas del Ministerio de Fomento encendió las alarmas sobre la posible incorrección en que incurría Abertis al contabilizar el saldo de compensación de tráfico de la AP-7 como un activo financiero. Tras recurso de la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en 2016 a favor del modo de obrar de la concesionaria, pero Fomento había dejado de considerar la compensación por tráfico garantizado como parte del Convenio AP-7. Esto motivó fuertes provisiones por pérdida de valor de Acesa.
En junio de 2019 la sentencia del Supremo abrió la prórroga de dos años en este largo enfrentamiento. Pero la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo falló en febrero de 2020 que Abertis debía apuntarse la pretendida indemnización por pérdida de tráfico en la AP-7 como un intangible y no como activo financiero, estimando el recurso de Fomento a la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Supremo avaló el criterio de la Abogacía del Estado al señalar que el cobro no sería un “derecho incondicional” hasta agosto de 2021, con el fin de plazo de la AP-7.
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