El sector inmobiliario cifra la necesidad de vivienda asequible en hasta dos millones de casas

Desde la patronal de los promotores señalan la escasez de oferta residencial como el principal problema para las familias

Construcción de viviendas en Bilbao.Luis Tejido (EFE)

“La vivienda es un problema. Es el problema más grave y acuciante para el día a día de los ciudadanos del país”. Así lo aseguró este miércoles Carolina Roca, presidenta de la patronal de los promotores madrileños (Asprima) en el encuentro inmobiliario anual organizado por la escuela de negocios IESE junto a Tinsa y la consultora Savills. Esa escasez de vivienda asequible puede llegar hasta los dos millones de unidades, según las cifras proporcionadas en el mismo evento por Concha Osácar, fundadora del grupo Azora.

Francisco Pérez, presidente de la promotora Culmia, cifró por su parte en más de un millón la falta de ese tipo de residencial: “En asequible haría falta como mínimo 1,3 millones de viviendas. Esto se aborda con políticas públicas”.

Esa necesidad de vivienda asequible, de hasta dos millones de casas, se produce por el desequilibrio entre la creación de hogares y la producción (y rehabilitación) de vivienda nueva. De hecho, David Martínez, consejero delegado de la promotora Aedas Homes, reconoció que las perspectivas “son buenas” para las promotoras porque va a seguir existiendo un desequilibrio entre oferta y demanda, por lo que no va a faltar compradores ante la fuerte demanda. “En España se produce 80.000 viviendas y se crean 240.000 hogares cada año”. Roca coincidió con esa opinión: “No nos afecta a precios, porque hay tanta demanda que lo poco que producimos se acaba vendiendo. No creo que tenga efecto en precios ninguna cuestión macro”.

“Los promotores lo vemos venir y llevamos años diciendo que es un problema grave”, incidió Roca, de la patronal Asprima, quien afirmó que el sector público debe tener en cuenta que la vivienda es una infraestructura social más del país, pero la diferencia de otras se hace únicamente con financiación e inversión privada, hay muy poca vivienda pública. “La Administración, lo que tiene que entender es que no somos el enemigo a batir, sino el colaborador y motor necesario para mantener sana esa infraestructura social que es la vivienda”.

“Mientras no solventemos la brecha entre viviendas producidas y hogares nuevos formados, al final lo que se produce es un efecto dominó donde las familias con más recursos compran y alquilan vivienda elevando los precios hacia arriba y dejando fuera las familias con menos recursos”, recalcó Roca. La presidenta de la patronal indicó que las medidas de las Administraciones no deben pasar por ayudas públicas, sino por modificaciones de normativas urbanísticas, “para que la generación de suelo no sea un dolor de más de 20 años y una judicialización constante que frena los desarrollos urbanísticos”. También solicitó que la tramitación sea ágil.

Para Osácar, de Azora, falta esta infraestructura residencial, que queda por desarrollar. Pero ve en ello una oortunidad para España, “que es un país cada vez más atractivo a nivel de negocios, un país que está más de moda en Europa”.

“El año pasado hemos tenido una producción de 80.000 viviendas. No ha cubierto la necesidad de creación de hogares”, lamentó la presidenta de la patronal. “Tenemos que salir fuera a buscar capital internacional para construir el parque de viviendas asequible que necesita el país”. Y afirmó que recuperar niveles de producción sanos no va a ser inmediato, “a no ser que se haga un plan de choque de cambios urbanísticos y de atracción de capital”.

Pérez, de Culmia, recordó que en el discurso político se habla de la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, pero afirmó que, de momento, es el “patito feo” de esos pilares, porque solo se invierte un 1,6% del PIB en vivienda. Opinó que las Administraciones deberían ser las que hicieran vivienda social para emergencias habitaciones, pero ese número es escaso, de alrededor de 2.000 unidades en Madrid y Barcelona. Sin embargo, aseveró que la solución de alquiler asequible en las grandes ciudades, con precios de 600 a 800 euros al mes, debe ser abordado por las promotoras en colaboración con el sector público. “O construimos vivienda nueva o no reducimos el gap”.

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