La industria azulejera alerta de deslocalizaciones si el Ejecutivo no aprueba un rescate millonario

La patronal valenciana CEV alerta que el sector ha asumido un sobrecoste de 2.000 millones por el alza de la energía y que ha perdido 1.000 millones de facturación

Firmantes del "Manifiesto por el mantenimiento de la Economía de Castellón"

La industria cerámica, que produce el 97% de sus bienes en la provincia de Castellón, ha lanzado esta mañana un SOS reclamando al Ejecutivo un rescate millonario para evitar deslocalizaciones a otros países y la destrucción de miles de puestos de trabajo ante la subida exponencial del coste del gas, que se ha multiplicado por quince y que ha puesto contra las cuerdas a las 201 empresas y los 17.180 empleados del sector, que factura 5.000 millones de euros al año.

Una representación de 70 entidades, entre empresas, ayuntamientos, comunidades autónomas y sindicatos, ha presentado esta mañana en Madrid “El Manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón”, en el que exige al Ejecutivo una solución para evitar la pérdida de tejido empresarial y de trabajadores. “Necesitamos un plan de reindustrialización que evite la deslocalización. Han asumido un sobrecoste de 2.000 millones de euros por la factura del gas y la producción ha caído en 1.000 millones de euros”, resaltó Luis Martí, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).

Las críticas se centraron en la escasa cuantía de las ayudas recibidas hasta el momento, en torno a 90 millones de euros, en el exceso de burocracia y en la diferencia con respecto a otros países competidores como Italia. “La reacción ha sido completamente distinta donde se han repartido más de 600 millones en procesos ultrarrápidos”. Por ello exigen el despliegue de “ayudas directas y sin condiciones” para solventar una crisis coyuntural “provocada por una causa exógena que puede acabar con el sector”.

Además de las ayudas, Martí exigió modificaciones en la Ley Crea y Crece para ampliar el número de beneficiarios que pueden acceder a las ayudas. “Esa norma modificó la Ley de Subvenciones e impidió acceder a empresas que no estuvieran al corriente de pago con los proveedores”, recalcó Martí, que señaló que con la bajada de producción y el sobrecoste energético es imposible pagar a 60 días a los proveedores. “Se adoptó esa medida en el peor momento”.

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