BlackRock mantendrá el ‘statu quo’ en Naturgy pese a la bronca en el Gobierno
El fondo se inclina por confirmar a los dos actuales consejeros de GIP en Naturgy y ratificar su hoja de ruta
BlackRock dibuja el futuro de su gran apuesta de inversión en infraestructuras tras la compra de General Infrastructure Partners (GIP). El mayor fondo del planeta prevé mantener sin cambios la música en uno de los activos estrella del portfolio que acaba de adquirir, Naturgy. Todo ello pese a que la transacción ya ha levantado ampollas en la coalición de Gobierno, con miembros de Sumar y de Podemos pidiendo que el Consejo de Ministros la vete.
GIP ha sido en los últimos años un foco de rumores y tensiones en el capital de Naturgy. El fondo estadounidense entró en el capital en 2016 con la compra de un 20% de la gasista por 3.800 millones. Ocho años después, hace tiempo que este vehículo busca la salida. La primera alternativa fue el plan de escisión de la compañía en dos –una con los mercados regulados y otra con los liberalizados–, que el Gobierno ha congelado. Después, el mercado especuló con una venta a Total, que también necesitaría el apoyo del Ejecutivo.
En medio de este ruido, BlackRock ha irrumpido como el nuevo dueño de la gestora. El objetivo del fondo es contar con una gran plataforma de inversión infraestructuras bajo la enseña de GIP, con activos por 150.000 millones de dólares, que le hará la segunda mayor gestora del mundo en activos de infraestructuras. BlackRock aporta 50.000 millones y GIP otros 100.000 millones. El actual equipo directivo de esta gestora, Bayo Ogunlesi, que entrará también en el consejo de BlackRock y reportará directamente a Larry Fink, pilotará esta nueva plataforma.
Esto supone, en principio, blindar el futuro en Naturgy, una de las mayores apuestas de GIP junto a compañías como Suez o el Aeropuerto de Sidney. BlackRock prevé mantener sin cambios a los dos representantes actuales de GIP en el Consejo de Administración de Naturgy. Se trata de Raj Rao y Lucy Chadwick.
Además, la propia naturaleza del fondo con el que GIP invirtió en Naturgy en 2016, con unos ciclos de inversión predeterminados y unos momentos para devolver el capital a sus partícipes. Si bien BlackRock es un fondo que se caracteriza por la gestión pasiva, sin nombrar consejeros ni intervenir en el día a día de las compañías, GIP sí toma parte en las empresas en las que forma parte y no se espera que eso cambie.
Tampoco cambiarán esos plazos de inversión acotados, lo que mantiene intacto el calendario de salida de Naturgy. En esta línea, Rob Goldstein, director de operaciones del fondo, ha afirmado en el foro de Davos que Naturgy “no debe preocuparse” por la compra de GIP. A la toma de GIP por parte de BlackRock aún le espera un largo trecho regulatorio. La información remitida al regulador espera que la transacción culmine durante el tercer trimestre del año. Uno de los asuntos que tiene por delante es resolver en este tiempo es la posible autorización del Gobierno español a la transacción.
Polvareda política
El decreto antiopas establece que el Gobierno debe autorizar cualquier adquisición de un inversor extranjero de más del 10% en una empresa considerada estratégica, como Naturgy. La duda está en si, como el dueño del 20% de una empresa española cambia de manos, esto obliga a BlackRock a solicitar la autorización del Consejo de Ministros.
Los expertos consultados por este periódico difieren en la interpretación de la norma mientras el Gobierno tiene en estudio la operación para dilucidar si se debe pronunciar. Fuentes financieras apuntan a que BlackRock, en un análisis preliminar, ha concluido que no es necesario solicitar la autorización gubernamental.
Aunque aún no está claro si el Gobierno debe pronunciarse sobre la operación, esta ya ha levantado una polvareda política entre los socios del Gobierno. El portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, defendió ayer en su cuenta de Twitter que el Gobierno debe vetar la entrada de BlackRock en Naturgy, debido a la alta concentración de participaciones del Ibex (con Iberdrola, ACS, Repsol o Santander, entre otras). También la exministra de Igualdad y líder de Podemos Irene Montero se manifestó en contra de la transacción. “Si los buitres quieren tomar el control y ponen en riesgo la democracia, España debe profundizar la intervención en este sector estratégico y crear una energética pública”, defendió.
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