La Audiencia Nacional confirma el cártel de agencias de medios entre 2014 y 2016
La CNMC multó a cuatro compañías y tres directivos con más de siete millones de euros por alterar las adjudicaciones públicas
La Audiencia Nacional ha confirmado la existencia de un cártel formado por varias agencias de medios que pactaron el reparto fraudulento de adjudicaciones de contratos de publicidad institucional de la Administración General del Estado, entre diciembre de 2014 y mayo de 2016. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ratificado la conclusión que, en mayo de 2018, sacó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la actuación de Carat España, Persuade Comunicación, Media Sapiens Spain e Inteligencia y Media (Ymedia) –la última como colaborador necesario– a las que imputó una serie de prácticas anticompetitivas como el intercambio de información sensible y multó con 7,12 millones de euros.
En varias sentencias, dictadas a finales de octubre, los magistrados comparten con el órgano regulador de los mercados que “el comportamiento de las empresas sancionadas y de algunos de sus directivos evidencia una actuación concertada contraria a la competencia”. Esta es la conclusión a la que ha llegado el tribunal tras examinar todo el material probatorio que figura en el expediente, como correos electrónicos remitidos entre las licitadoras.
Según la Audiencia Nacional, “el contenido de los correos electrónicos ponen de manifiesto que las empresas y directivos sancionados se comunicaban entre sí de forma previa a la presentación de las ofertas conociendo cada uno de ellos cual era la oferta que iba a presentarse para alterar el sistema competitivo en la adjudicación de los contratos derivados del Acuerdo Marco toda vez que las empresas competidoras (con la intermediación de Ymedia) disponían de las estrategias comerciales y de otros elementos sensibles (estimaciones de ofertas económicas y técnicas, de descuentos, PEC, estrategias de defensa e incluso facturas)”, explica una de las sentencias.
Apariencia de legalidad
Así las cosas, y de acuerdo a las resoluciones consultadas por este diario, en el caso de Carat y Persuade, la Audiencia Nacional ratifica la participación de ambas en el cártel, así como las multas impuestas por la CNMC de cuatro millones y 495.000 euros, respectivamente.
En cuanto a Ymedia, el tribunal señala que también ha quedado acreditado que facilitó el intercambio de información relativa a la ejecución del Acuerdo Marco de 2014 sobre publicidad institucional entre Carat y el resto de empresas, “buscando una apariencia de legalidad”. En este sentido, no solo rechaza la petición de nulidad de la multa de dos millones de euros, sino que apunta que el tipo aplicado para cuantificar la sanción es del “0,61% inferior al aplicado a las restantes empresas sancionadas”. La Sala de lo Contencioso-Administrativo también ha desestimado el recurso de Persuade, que fue sancionado con 40.000 euros.
En cambio, en relación a Media By Design, que no fue multado tras alegar falta de facturación en el ejercicio de 2017, los magistrados revocan la imputación realizada por la CNMC, al considerar que “existe una duda razonable” acerca de su participación en los hechos, ya que “los indicios descritos resultan insuficientes para formar una convicción racional acerca de su responsabilidad en la infracción”, según la sentencia relativa al recurso de esta agencia.
Infracción muy grave
La CNMC, que calificó estas conductas como una infracción muy grave, afirmó que las actuaciones de las compañías sancionadas se ejecutaron dentro de un mismo plan dirigido al reparto fraudulento de las licitaciones, cuyas pujas de los contratos derivados del Acuerdo Marco 50/2014 para campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado alteraron para que las mismas resultaran adjudicatarias.
Dichos contratos tenían por objeto regular la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios destinados a la materialización de las campañas de publicidad del Estado, sus organismos Autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.
Para llevar a cabo el plan, el órgano regulador reveló que, antes de finalizar el plazo de presentación de ofertas, las agencias de medios se intercambiaban información relevante que no era pública y decidían los concursos públicos iba a participar cada una de ellas y en cuáles no. Esa conducta, a juicio de la CNMC, ya suponía un incumplimiento de una de las obligaciones asumidas como adjudicatarias en el acuerdo marco. En aras de dicho pacto, las compañías adjudicatarias presentaban ofertas económicas no válidas o que no satisfacían las condiciones de la campaña concreta, lo que provocaba que fueran descartadas.
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