La Fiscalía insiste en que Iberdrola “maquinó” para inflar los precios de la luz a finales de 2013
Un cambio legal obliga al fiscal a reducir la petición de multa hasta los 5,4 millones, pero pide que se incremente la cuantía de las indemnizaciones
Recta final en el juicio en la Audiencia Nacional contra Iberdrola Generación por, presuntamente, inflar el precio de la luz entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. El juez ha comenzado este martes a escuchar los informes de conclusiones de las acusaciones y defensas sobre la actuación de la compañía eléctrica hace 10 años. El primero en tomar la palabra ha sido la Fiscalía Anticorrupción que ha ...
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Recta final en el juicio en la Audiencia Nacional contra Iberdrola Generación por, presuntamente, inflar el precio de la luz entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. El juez ha comenzado este martes a escuchar los informes de conclusiones de las acusaciones y defensas sobre la actuación de la compañía eléctrica hace 10 años. El primero en tomar la palabra ha sido la Fiscalía Anticorrupción que ha afirmado que Iberdrola “maquinó” para alterar los precios de la luz sin causa justificada”.
Tal y como ya expuso en su escrito de acusación, el teniente fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, ha señalado que la compañía eléctrica aumentó de manera “artificial” el coste de la energía eléctrica sin que exista una “causa legítima”, lo que, según ha indicado, generó un “perjuicio” a consumidores y comercializadoras.
En este sentido, Anticorrupción ha mantenido su acusación contra Iberdrola Generación y cuatro de los directivos de la filial. No obstante, el fiscal se ha visto obligado a rebajar su petición inicial de multa de 84,9 millones de euros para la compañía (el cuádruplo del beneficio de 21,2 millones de euros que obtuvo) por el delito de manipulación de los mercados, hasta los 5,4 millones de euros (5.000 euros al día durante tres años), debido a una reforma del Código Penal en 2015 que no había contemplado antes del inicio del juicio. Asimismo, ha interesado el decomiso de las ganancias generadas por estos hechos. En cuanto a los altos cargos, la Fiscalía sigue solicitando dos años de prisión.
Por otro lado, el fiscal Romeral ha solicitado aumentar la cuantía de las indemnizaciones a pagar a consumidores y comercializadoras perjudicadas. En su escrito de acusación, el ministerio público pidió que se destinen 107 millones de euros –a pagar de manera conjunta y solidaria con los cuatros directivos encausados– para resarcir daños, pero ahora pide incrementar esta cantidad para compensar también otras operaciones derivadas del mercado de futuros que se vieron afectadas por el tarifazo.
“No se justifica el nivel de producción”
El fiscal ha iniciado su intervención asegurando que no discute una de las principales tesis de defensa de Iberdrola para justificar la subida de precio: la escasez de lluvia a finales de 2013, sobre todo en diciembre. No obstante, el representante del ministerio público ha precisado que sí cuestiona el nivel de producible de energía eléctrica en dichas fechas, si se compara las reservas de agua en los embalses de las cuencas del Duero, Sil y Tajo con la existente en los dos años anteriores.
Según ha destacado, el volumen de reserva de agua en 2013 fue semejante al de 2011, pero el nivel de energía programada en el año analizado, en las tres cuencas mencionadas, fue de cerca de 24.000 MWh (megavatios hora) frente a los más de 43.000 MWh de 2011. Para el fiscal, esta situación se agrava si se equipara el periodo de 2013 con el del año anterior, cuando el nivel de los embalses estaban “a la mitad” y el nivel de producción fue “el doble”. “No está justificado el nivel de producción. Hay un desfase de producción en igualdad de nivel de agua embalsada”, ha remachado.
En este sentido, el fiscal Romeral ha criticado que Iberdrola base su estrategia de defensa en la necesidad de preservar el agua en un periodo de sequía extrema y ante la previsión meteorológica de que dicha circunstancia iba a continuar, mientras “no ha hecho lo mismo en otros años” con situaciones similares, ha indicado.
De hecho, para intentar demostrar la responsabilidad de Iberdrola en el alza de los precios de la luz en 2013, en plena ola de frío, el fiscal ha comparado la actividad de Iberdrola (que produce más del 50% de la electricidad a través de la energía renovable) con Endesa, una de sus principales competidoras. Así, apoyándose en un análisis pericial, el fiscal Romeral ha indicado que esta segunda compañía mantuvo “su nivel de producción”, pese a la influencia de los mismos factores que Iberdrola asegura que incidieron en su decisión.
Posible “venganza”
A lo largo de la vista oral –que se inició el pasado 17 de noviembre– se ha tratado de conocer si la de la actuación de la compañía presidida por José Ignacio Sánchez Galán tenía alguna relación con la tensión que existía en aquellas fechas con el Gobierno de Mariano Rajoy, después de que decidiera no financiar el déficit tarifario de 3.600 millones de euros. Según el fiscal, este malestar puede ser una “causa posible” que explique el alza de los precios, como una especie de “venganza por los acuerdos del Consejo de Ministros”. Sin embargo, ha recordado que lo que interesa esclarecer en el juicio es cuál era el coste real de la energía a finales de 2013.
En este sentido, ha señalado que los peritos de Iberdrola destacaron en sus informes –ratificados ante el juez durante el juicio– que la compañía “ha actuado bien”, pero no han desglosado cómo se fijaron los precios. Por ello, se ha remitido al examen pericial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aportaron un “criterio alternativo”, para asegurar que existió una “manipulación” del coste de la energía.
Cabe recordar que la CNMC analizó, a petición del Ministerio de Industria –dirigido entonces por José Manuel Soria–, las causas que provocaron la inflación en los precios de la luz en los últimos meses de 2013 y concluyó que había tenido lugar una práctica “anticompetitiva”. Esta conclusión provocó la nulidad de la subasta Cesur celebrada el 19 de diciembre de 2013 y que el Gobierno aprobara un decreto de urgencia para establecer los precios de la luz para el primer trimestre de 2014. Posteriormente, en noviembre de 2015, el órgano regulador multó a Iberdrola Generación con 25 millones de euros por estos hechos.
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