Escrivá dirigirá el nuevo Ministerio de Transformación Digital, en plena ebullición de las telecos
El sector afronta cambios drásticos en Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil
El nuevo Gobierno se va a estrenar con cambio de calado en su estructura: la creación del nuevo Ministerio de Transformación Digital. Hasta el momento, el área de telecomunicaciones había dependido de la vicepresidencia de Nadia Calviño, aunque el nuevo Gobierno convierte la Transformación Digital en cartera independiente y, para dirigirla, Pedro Sánchez ha escogido a José Luis Escrivá, hasta ahora en Seguridad Social.
El ministro llega en un momento de amplia agitación para el sector de las telecos, con la entrada de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica, así como la posible entrad...
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El nuevo Gobierno se va a estrenar con cambio de calado en su estructura: la creación del nuevo Ministerio de Transformación Digital. Hasta el momento, el área de telecomunicaciones había dependido de la vicepresidencia de Nadia Calviño, aunque el nuevo Gobierno convierte la Transformación Digital en cartera independiente y, para dirigirla, Pedro Sánchez ha escogido a José Luis Escrivá, hasta ahora en Seguridad Social.
El ministro llega en un momento de amplia agitación para el sector de las telecos, con la entrada de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica, así como la posible entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de la operadora; la compra de Vodafone España por parte del grupo financiero británico Zegona, por 5.000 millones de euros; así como la fusión de Orange y MásMóvil, que creará el líder del mercado español en clientes de telefonía móvil y banda ancha fija.
La creación del nuevo Ministerio ha sido bien recibido por DigitalES, la patronal que agrupa a las grandes telecos. “DigitalES, la asociación y patronal de empresas de telecomunicaciones y digitalización en España, celebra la creación del Ministerio de Transformación Digital y la designación de José Luis Escrivá como ministro. Esta nueva estructura ministerial es un paso importante para impulsar la digitalización de la economía española y la sociedad en su conjunto”, indica. Su director general, Víctor Calvo-Sotelo, ha afirmado que la “creación de un ministerio específico para la transformación digital es una respuesta necesaria a los retos que plantea la cuarta revolución industrial”.
Según fuentes del sector, este Departamento agrupará las tareas de las dos secretarías de Estado relacionadas con el mundo digital que se incluían hasta ahora en Asuntos Económicos: Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y Digitalización de Inteligencia Artificial. “No tendría sentido la separación porque la conectividad es clave para la transformación digital”, dicen estas fuentes, que añaden que es una tendencia que se está dando en otros países europeos.
Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, también ha celebrado la creación de un ministerio específico de Transformación Digital, ya que era una medida que habían recomendando en los últimos años. En su opinión, en la nueva fase de digitalización hace falta una nueva estructura que defina estrategias nacionales e internacionales en tecnologías y eficiente la coordinación entre instituciones implicadas en la digitalización. “Confiamos en que, en un momento crucial de impulso de la digitalización, el nuevo ministerio promueva una gobernanza digital eficaz del país en todas sus dimensiones”, señala César Tello, director general de la asociación.
Pese a la buena acogida del nuevo ministerio, el nombramiento de Escrivá al frente del mismo ha causado sorpresa y algunas críticas en el sector, ya que aseguran el nuevo ministro “no está identificado con la materia que ha de gestionar”, aunque cabe recordar que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) es uno de los mayores centros tecnológicos de la Administración.
Las fuentes consultadas señalan que existen varias interpretaciones posibles al nombramiento de Escrivá como ministro de transformación digital que se entrecruzan. Una, preparar la transición hacia un gobierno sin la vicepresidenta primera, en la que Escrivá asumiera también la cartera de Economía, o quizás fuera asumida por una tercera persona, tras un eventual nombramiento de Calviño como máxima autoridad en el BEI. Otra, compatible con la anterior, es que Calviño haya situado al frente de un departamento clave en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (más de 20.000 millones sólo en ayudas) a “una persona de su confianza para llevar a buen puerto la fase crítica de su ejecución”.
En cualquiera de los dos escenarios, el nuevo ministro “está libre de manos” para diseñar la nueva estructura de su departamento y realizar los nombramientos oportunos, continúan las mismas fuentes. Por un lado, tendrá que decidir la continuidad de las actuales secretarias de estado y el nuevo organigrama. La continuidad de las actuales Secretarias de Estado es probable que dependa de su voluntad, casi en exclusiva, dada la complejidad de los programas que gestionan a fin de dar continuidad. En el nuevo organigrama, la secretaría general de Administración digital (SGAD) podría tomar autonomía respecto a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), más enfocada al sector privado, y en ese esquema podría situar personas de su confianza provenientes de la GISS.
Papel de Defensa
Al margen de la creación del nuevo Ministerio, el Gobierno debe afrontar una decisión urgente sobre la citada entrada de STC, controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, en Telefónica, donde puede convertirse en el primer accionista, por delante de BBVA y CaixaBank, miembros históricos del núcleo duro del capital de la teleco. Con la legislación actual sobre inversión extranjera, STC puede alcanzar el 5% sin necesidad de autorizaciones, pero para llegar al 9,9%, necesita el visto bueno del Ministerio de Defensa, dado el carácter estratégico de Telefónica en segmentos como la seguridad y la defensa nacional.
A principios de septiembre, STC anunció la compra de un 9,9% del capital de Telefónica, con una inversión histórica de 2.100 millones de euros. La transacción se ha realizado en dos tramos, un 4,9% de manera directa en acciones y un 5% a través de derivados.
En su anuncio, STC abogaba por el potencial de Telefónica y destacaba su estrategia. La compañía destacó que no tenía intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica, señalando que la inversión reflejaba su confianza en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y capacidad de crear valor.
Ahora bien, fuentes del mercado recordaron que la operadora de Emiratos Árabes Unidos se convirtió el pasado año en el máximo accionista de Vodafone, con un 14% del capital, y respaldado inicialmente a la cúpula directiva. Sin embargo, meses después, presionaron para la salida del entonces consejero delegado, Nick Read.
En paralelo, el Gobierno también debe decidir si, finalmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entra en el capital de Telefónica. A finales de octubre, en un hecho relevante remitido a la CNMV, la SEPI señaló que viene monitorizando la situación de Telefónica, y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía. “Dicho análisis por parte de SEPI no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”, dijo.
El anuncio coincidía con las declaraciones de distintos miembros del Gobierno, entonces en funciones, sobre el carácter estratégico de Telefónica. Fuentes del mercado señalaron que la SEPI podría alcanzar un 5% del capital, con una inversión superior a 1.000 millones de euros. La entrada de la SEPI supondría el retorno de la participación pública en Telefónica, desde la privatización definitiva en 1997.
Tanto el movimiento de STC como el de SEPI llega tras una mala evolución en Bolsa de Telefónica, dentro de la crisis bursátil que viven las telecos europeas. Las matildes se dejan cerca de un 50% de su valor en el último lustro.
En este escenario, según fuentes del sector, no se descarta un acuerdo entre ambas partes para equilibrar la presencia saudí.
Además, el Gobierno debe pronunciarse sobre la compra de Vodafone España por parte de Zegona, valorada en 5.000 millones de euros. El grupo financiero británico necesitará la aprobación del Gobierno, dado el actual régimen de inversión directa extranjera en España. En este caso, la aprobación corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según señala Zegona en el prospecto de la transacción, porque la operación supondrá la transferencia de relevantes concesiones de espectro de dominio público para uso privado. La decisión, bajo el nuevo Gobierno, dependerá de la estructura del Ejecutivo y la parte en la que recaiga la gestión del espectro.
En términos corporativos, la llegada del nuevo Gobierno también puede acelerar la presentación del nuevo plan de bajas voluntarias de Telefónica España, que puede alcanzar un máximo de 5.000 personas. Fuentes del sector señalan que la compañía no ha querido hacer oficial la presentación de este plan a los sindicatos hasta que no se conformase el nuevo Gobierno, pese a que es uno de los ejes de su plan estratégico, presentado en el día del Inversor el pasado 8 de noviembre.
Nuevas leyes
Con respecto al ámbito normativo y regulatorio, el nuevo Gobierno debe continuar con desarrollo reglamentario de las tres leyes aprobadas en los últimos tiempos, Comunicaciones Audiovisual, Ciberseguridad 5G y Ley General de Telecomunicaciones.
En relación a las convocatorias pendientes, en el ámbito de banda ancha debe publicarse la resolución definitiva de la última convocatoria, en la que Avatel y Adamo fueron los principales adjudicatarios. El Gobierno deberá hacer seguimiento sobre el cumplimiento de los despliegues derivados de estos concursos, con los que la cobertura de fibra debe llegar al 96%. Durante 2023 se cerró la denominada brecha digital de conectividad, gracias a los despliegues de fibra y los servicios por satélite. Ahora se está apuntando a la escalabilidad de las redes para alcanzar el 1 Gbps de velocidad, que es uno de los objetivos futuros de la Comisión Europea.
En el móvil, el objetivo del último Gobierno ha sido el despliegue del 5G, con la adjudicación de las redes 5G Redes Backhaul y el 5G Redes Activas, este último todavía en proceso de evaluación. También se ha trabajado en las aplicaciones y servicios 5G, en proyectos con Adif y Defensa. De cara al futuro, se va a impulsar la investigación sobre el futuro 6G.
De igual forma, en la última legislatura se ha reforzado el proyecto en torno a la microelectrónica y los semiconductores, creándose un Comisionado para la coordinación del ecosistema de microelectrónica. El nuevo Gobierno deberá seguir impulsando el denominado Perte Chip, con una inversión pública total de 12.250 millones de euros hasta 2027, y el programa Kit Digital para la digitalización de las pymes.
Esta iniciativa se lanzó en diciembre de 2021, con una dotación de 3.061 millones de euros, y el Ejecutivo lo ha ampliado hasta diciembre de 2024 para agotar el total de los fondos y acoger más peticiones. Según datos de octubre de Red.es, solo se han gastado hasta la fecha unos 1.310 millones del programa (un 42% del total). Pero queda lo más delicado en una subvención, la validación del gasto, que tiene que hacer la Secretaría de Estado.
El nuevo gobierno también tiene pendiente el desarrollo de la Ley de Startups, aprobada por el Congreso en noviembre de 2022, y la puesta en marcha de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a su creación el pasado 22 de agosto. España se convierte en el primer país europeo en tener un órgano de estas características.
No obstante, está por ver si en la distribución final de competencias algunos de los proyectos actualmente responsabilidad de la vicepresidencia primera pasan a otro departamento distinto del que dirigirá Escrivá.
En términos globales, la nueva administración tiene entre sus trabajos el seguimiento de la nueva regulación impulsada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, con la que el Gobierno se ha alineado, de cara a la futura ley, la Digital Networks Act (DNA).
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