Saint Gobain se apunta una victoria para la industria española frente a productores ajenos a la UE
Bruselas archiva una denuncia de la compañía tras la modificación de la Ley de Contratos que incorpora reciprocidad en el comercio internacional respecto a la producción española
La industria española está de enhorabuena a la vista de que uno de las firmas con importante implantación en el país, la francesa Saint Gobain, ha logrado una importante victoria tanto en Madrid como en Bruselas en defensa de los bienes fabricados en España en rivalidad con los de otros, ajenos a la UE, que no cumplen los mismos o parecidos protocolos de producción. Una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público, perseguida por la filial cántabra Saint Gobain PAM, capacita a las Administraciones Públicas para frenar a productores de países que no aplican la reciprocidad.
La competencia en precios se había hecho prácticamente imposible y la Comisión Europea confirma ahora que el citado cambio legislativo varía algo el escenario. El objetivo era que España cumpliera con la directiva que vela por a reciprocidad en el acceso de las empresas a las licitaciones públicas. Saint Gobain PAM, especializada en canalizaciones y con sede en Santander, y la asociación ANEFUNCO, habían liderado un largo proceso de alegación y enmienda legislativa apoyados por el Ayuntamiento de Santander, las Consejerías de Presidencia, Industria y Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los Ministerios de Industria y de Asuntos Exteriores, el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, Grupos Parlamentarios Socialista y Popular del Senado y el Grupo Renew Europa del Europarlamento.
El problema es que el Real Decreto-Ley 3/2020, que transpone Directivas de Contratación Pública, quitaba toda posibilidad a las Administraciones españolas de excluir a suministradores ajenos al Espacio Económico de la UE, si su suministro es superior al 50% del total de la licitación de un contrato, pese a que no existieran garantías de que las calidades de los productos fueran las exigidas en el mercado interior a lo que se produce en la UE.
Desde la patronal de los productores de materiales de construcción CEPCO se argumenta que la situación era de “indefensión clara” para los suministradores españoles de distintos sectores. La producción rival viene especialmente de países asiáticos, apunta el colectivo, dado que los países del entorno europeo habían incluido la disposición de reciprocidad respecto a la producción española.
Saint Gobain llegó con su denuncia hasta la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, que le dio la razón y archiva la denuncia ante la referida modificación de la Ley de Contratos. Esta no obliga, pero habilita a las Administraciones públicas para excluir productos cuando las calidades no son recíprocas con terceros países.
En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (31/2022), de 23 de diciembre, lleva una disposición final, la número 27, que cambia el apartado 1 de la Disposición adicional octava de la citada Ley de Contratos del Sector Público. Ello favorece que las Administraciones pueden aplicar el artículo 70 del Real Decreto-ley 3/2020 que transpone el artículo 85 de la Directiva 2014/25/UE. Ha sido una vez conseguido este extremo cuando la UE ha archivado la denuncia de Saint Gobain y de su directivo Francisco Javier Fernández Campal, a los que CEPCO dice haber apoyado en este proceso.
“El señor Fernández Campal y Saint Gobain PAM han conseguido un éxito, no sólo para la producción de su empresa en España, sino que fundamenta un derecho claro de muchas más empresas en España, que sufren una competencia desleal por la lenta o incorrecta aplicación del acervo comunitario a las importaciones, cuando España sufre con frecuencia barreras comerciales en esos mismos países como destino”, se afirma desde CEPCO a través de un comunicado. La confederación agrupa a 18 asociaciones y 4.000 empresas de forma directa y 32.000 de forma indirecta, con un peso cercano al 15% de la industria en España.
Transposición deficiente
La transposición al ordenamiento español de la Directiva 2014/25, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, no fue del todo eficiente al no poder aplicarse sus principios a todos los organismos públicos. De hecho, recuerda Europa Press, la eurodiputada Izaskun Bilbao, presentó una pregunta parlamentaria al respecto a la que la CE contestó que no había recibido reclamación alguna en relación con el cumplimiento de las condiciones de la Organización Mundial del Comercio.
De este modo, no había constancia en Bruselas de problema alguno que pudiera dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción con arreglo al Derecho de la Unión. Saint Gobain PAM reaccionó a esa respuesta con su denuncia ante la CE, en julio del año pasado.
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