El Gobierno busca consenso con las VTC pese a la presión del taxi
Se reúne con ambos colectivos por separado sin concretar ninguna actuación para cumplir con la sentencia del TJUE. Excluye, por ahora, a las CCAA de su diálogo
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana parece alejarse de un decreto-ley para proteger al taxi y busca consenso escuchando a las patronales del sector de las VTC. Al menos esa es la conclusión que extraen distintas fuentes consultadas tras la reunión mantenida este viernes entre el Mitma y las patronales de este último colectivo, Unauto y Feneval. En un comunicado, ambas asociaciones, que habían denunciado ante Bruselas que el Gobierno quería burlar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), agradecieron al ministerio la invitación al diálogo y señalaron que analizarán en detalle su propuesta, cuando la haya, antes de emitir valoraciones.
José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC, explica que el ministerio les ha manifestado su intención de poner sobre la mesa un borrador que recoja las exigencias de la sentencia del TJUE, quitando el ratio 1/30. “También nos han dicho que fijarán criterios medioambientales (donde tiene competencia el Gobierno español) en caso de encontrar un amplio consenso entre taxis y VTC, y que no serán discriminatorios para ninguno”.
La intención del Gobierno es, según les han dicho, mantener las competencias transferidas a las comunidades autónomas, y “han especificado que serán los ayuntamientos los que fijen los criterios de ordenación del transporte público y movilidad de cada ciudad para poder incrementar o no el número de autorizaciones de carácter urbano de taxi y VTC”, añade Berzal.
El presidente de Unauto-VTC indica que el ministerio les ha insistido en que todavía no hay ningún borrador del futuro decreto-ley y que trabajan para armonizar la convivencia entre taxis y VTC. “Esto coincide con nuestro propósito, así que estamos dispuestos a seguir dialogando”, dice, mientras aclara que no han sido emplazados a ninguna otra reunión, “aunque sí se han comprometido a que seguiremos hablando”.
Quienes parecen haber quedado excluidas del diálogo con los taxistas y las patronales de las VTC, al menos de momento, son las comunidades autónomas. Fuentes del sector advierten que el ministerio debería reunir a la conferencia sectorial de transportes antes de hacer nada si pretende ofrecer una solución consensuada para las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Si no lo hace, la ministra de Transportes puede volver a repetir el mismo error de José Luis Ábalos al aprobar una norma sin consenso”, coinciden esas fuentes.
La Asociación Nacional del Taxi, Antaxi, también emitió una nota este viernes, en la que alertaba al Gobierno “del riesgo de validar las lagunas regulatorias de las empresas tenedoras de licencias VTC”. El taxi, enfrentado desde hace años con Cabify y Uber, ha dado una semana a Transportes para lograr un pacto, y frenar la concesión de nuevas licencias VTC que, en su opinión, tendrían un impacto “altamente negativo sobre el funcionamiento de la movilidad en España”.
Este jueves, decidieron aplazar la movilización prevista para ese mismo día hasta el día 29 de junio, a la espera de que para esa fecha hubieran logrado un acuerdo con Transportes, enquistado, según reconocieron, en “algunos puntos” donde el taxi se muestra inflexible.
Tras la reunión con las VTC, el Ministerio de Transportes volvió a reiterar en un comunicado que el marco de actuación de la Administración General del Estado solo puede comprender el transporte interurbano y recordó que son las comunidades autónomas las que deben “regular las condiciones parar autorizar la circulación de las VTC”.
Mientras se alcanza o no un consenso, las espadas siguen en alto. El taxi ha pedido hoy al Gobierno que no respalde un modelo de “oportunismo”. Insisten en que el objetivo de empresas como Cabify, Uber y Bolt es “la aprobación de peticiones masivas y descontroladas de licencias VTC urbanas que tendrían un impacto altamente negativo sobre el funcionamiento de la movilidad en España”. Por su parte, las patronales de las VTC advierten que no aceptarán ningún acuerdo “alcanzado a nuestras espaldas con quienes han manifestado reiteradamente que solo persigue nuestra desaparición”. Igualmente, insisten en que la sentencia del TJUE indica claramente que las regulaciones aprobadas relativas a la movilidad urbana “no pueden fundarse en la protección del interés económico del taxi”.
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