La presidenta de Competencia pide que España ponga coto urgente a la inteligencia artificial
Asegura que “ChatGPT, está violando prácticamente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual”
La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández, defendió este martes que se empiece ya a poner coto normativo a los sistemas de inteligencia artificial generativa, porque aseguró que en el caso del más popular, ChatGPT, “está violando prácticamente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual”.
En un encuentro con alumnos de la Universidad de Deusto en Madrid, Fernández señaló que “ya deberíamos estar haciendo cosas, pero todos estamos viendo a ver qué pasa”. “Se está empezando a discutir cómo regularlo, pero es tan simple como empezar por lo que no se está respetando y ponerle un marco”, señaló la presidenta de Competencia, que insistió en que ChatGPT está vulnerando “los derechos de ‘privacy’ y muchos otros”, informa Servimedia.
La cuestión no parece tan fácil, aunque múltiples voces estén reclamando una rápida y estricta regulación a la IA. A Paloma Llaneza, abogada especialista en el ámbito tecnológico, no le cabe ninguna duda de que las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT, están violando los derechos de propiedad industrial e intelectual, tal y como ha denunciado la presidenta de la CNMC. Y asegura estar convencida de que estas inteligencias han aprendido también con datos de carácter personal que han sacado de internet, vulnerando muchas veces las normas de privacidad. Sin embargo, destaca que es muy difícil demostrar que ha habido una infracción de todos esos derechos. Existe, dice, el problema de prueba.
“El problema que tienen los reguladores es que no entienden o no quieren entender cómo funciona esta tecnología. Todas las inteligencias artificiales están entrenadas con datos, pero los datos de entrenamiento no son los mismos que los de operación. Para entenderlo, podrías pensar en el entrenamiento de un perro. Cuando lo haces le enseñas comportamientos con una serie de incentivos. Le das una chuche y se la come y entiende el incentivo, pero si intento recuperar la chuche que le he dado, no la voy a encontrar, porque mi perro se ha quedado con el conocimiento”, continúa Llaneza, que explica que las inteligencias artificiales funcionan igual.
“Si yo quiero demostrar que ha habido una vulneración de derechos de propiedad intelectual, es casi imposible. No me puedo ir a la base de datos de ChatGPT, porque no existe. ChatGPT lo que hace es coger todos esos datos, los entrena y los incorpora a su conocimiento, a su manera de proceder. Es como si yo aprendo a conducir por las calles de Madrid y me las aprendo. Yo ya no necesito un plano; mi cerebro está entrenado para no perderse”, continúa la abogada.
Llaneza explica, no obstante, que se ha podido averiguar que una IA se ha leído las novelas de Harry Potter para su entrenamiento a base de “datos ciegos”, y se ha demostrado que sí lo ha hecho. Pero añade otro hándicap: estas inteligencias artificiales generativas se siguen entrenando con datos de operación. “Cada ver que una persona interactúa con una inteligencia artificial la entrenamos y la da más información”. Por eso, remarca, “es importante plantearse primero qué se va a hacer respecto a cómo se comportaron en el pasado las empresas de inteligencia artificial, y para eso es necesario probarlo, porque estamos en estados de derechos, les guste o no a los reguladores, que deberían de haberse planteado hace mucho regular esta tecnología”.
Por ahora, la Oficina italiana para la Protección de Datos Personales dispuso el pasado marzo el bloqueo “con efecto inmediato” de ChatGPT tras acusar a la compañía de no respetar la ley de protección de datos de los consumidores. También las autoridades de privacidad españolas y francesa han reclamado que se evalúe los problemas de privacidad en torno a ChatGPT, el chat de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y que cuenta con el auspicio del gigante tecnológico Microsoft.
Llaneza destaca aquí otro punto clave. En su opinión, existe un problema en la regulación: “No nos damos cuenta de que el sistema de consentimiento ha muerto. Cuando accedemos una página web antes de entrar tengo que decir que he leído y que acepto las condiciones de uso, entre ellas las de privacidad, y en un 99,9% de los casos nadie lo ha leído. Así que la base legal para la recogida de los datos se ha cumplido. Y ChatGPT lo único que tiene que hacer es lo que ha hecho después de la prohibición de Italia, poner unas condiciones de uso y decir que no va a guardar las conversaciones más de 30 días. Algo absurdo porque no le hacen falta. Los gigantes tecnológicos tras la IA utilizan los datos para entrenar a sus sistemas internos, pero después no quieren para nada esos datos, por eso ponen cada vez más facilidad para borrar los datos de sus usuarios”.
En este contexto crítico, la abogada española recuerda cómo Sam Altman, CEO de OpenAI, visitó Europa a finales de mayo reuniéndose con los reguladores europeos, mientras está a punto de aprobarse el reglamento de inteligencia artificial europea. “En su viaje utilizó la técnica del susto o muerte, diciendo que la IA nos va matar a todos y que es un riesgo para la humanidad como el peligro nuclear y mientras tanto. Sabiendo que los reglamentos europeos no entran en vigor inmediatamente y que hay un periodo de transición, buscó una especie de autorregulación o código de conducta”. Un logro importantísimo para los gigantes tecnológicos, como Microsoft y Google, que trabajan en IA generativa, dada la velocidad a la que está avanzando esta tecnología.
Aunque estas multinacionales y otras, como Meta, temen una regulación estricta que les impida monetizar los millones de euros que están invirtiendo en la IA, lo cierto es que la legislación, que parece terminará imponiéndose, llega muy tarde, según coinciden numerosos expertos. Algunos han pedido parar los trabajos en la inteligencia artificial generativa seis meses, para evitar los daños que pueden ocasionar estas tecnologías, como la pérdida de muchos puestos de trabajo o la proliferación de noticias y fotos falsas para manipular la opinión pública.
“Lo único que se podría hacer es parar para cerrar el acceso público a las IA generativas. Éstas han disparado su aprendizaje en los últimos seis meses porque ha accedido a ellas todo el mundo y, cada vez que entra alguien a interactuar con ellas, entrena la máquina”, continúa Llaneza, que recuerda que en la actualidad ya hay millones de usuarios trasteando con ChatGPT. “Hay gente que ya no utiliza buscadores para hacer sus búsquedas sino ChatGPT. Además, esta IA generativa está integrada en Bing y en Microsoft 365″, dice.
Mientras sube la demanda de regulación, en España acaba de publicarse el borrador de Real Decreto regulador del sandbox de los sistemas de inteligencia artificial. Liderado por España e incluido en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto de 4,3 millones de euros durante los próximos tres años, su objetivo es proporcionar a las empresas seguridad a la hora de implementar esta tecnología. Dicho de otro modo, en España se harán las pruebas de la aplicación del reglamento de Inteligencia Artificial europeo.
Otras peticiones
Más allá de la inteligencia artificial, Fernández también defendió este martes la conveniencia de darle una “pensada” a la necesidad de hacer inspecciones en el mundo virtual del metaverso, porque también ese es un espacio propicio para la vulneración de la normativa de competencia.
En su charla con los alumnos, Fernández se refirió a la convocatoria de elecciones generales e hizo un llamamiento a los partidos para que se incluyan en sus programas el acuerdo que se alcanzó en la tramitación parlamentaria no culminada del proyecto de ley de defensa del cliente financiero para elevar de 60.000 a 400.000 euros las multas a directivos que participen en cárteles, añadió la citada agencia.
A la presidenta de la CNMC se le preguntó por la denuncia que ha presentado contra su organismo ante el Defensor del Pueblo la organización de consumidores Facua por inacción frente a los establecimientos que suben los precios de alimentos con el IVA rebajado. Aclaró que la CNMC puede actuar cuando hay vulneraciones de la legislación de competencia, pero no de normativa de consumo. No obstante, avanzó que están a punto de publicar un estudio sobre el efecto de la rebaja del IVA en el que han analizado más de 60.000 productos.
En relación con la reclamación de los operadores de telecomunicaciones a Europa para que los gigantes de Internet contribuyan a la financiación de las inversiones en redes, en lo que se conoce como ‘fair share’ (contribución justa), Fernández dijo que “nos gustaría poder tener una opinión, pero en este debate me faltan datos, porque estamos viendo afirmaciones muy tajantes como que el incremento de tráfico genera inversiones, pero no tenemos datos”.
Respecto a la CNMC, se declaró satisfecha por el grado de independencia que tiene la comisión pero dijo que cree que “hay mucho campo de mejora” en lo que se refiere a la “autonomía de gestión”, a la hora de contratar personal o defender sus resoluciones ante la Audiencia Nacional. “En ocasiones tengo la percepción de que somos un departamento ministerial más, y ahí se podría avanzar más”, señaló Cani Fernández.
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